Condenan a dos menores en Vigo por acosar a una compañera hasta que dejó de ir a clase: deberán pagar 20.523 euros
La Audiencia de Vigo condena a las dos adolescentes por delitos contra la integridad moral y amenazas tras todo un curso de acoso a su compañera
Las menores deberán indemnizar con 20.523 euros a la víctima y cumplir seis meses de libertad vigilada, además de realizar trabajos comunitarios
Dos adolescentes han sido condenadas por acosar durante prácticamente todo un curso escolar a una compañera de 14 años en un instituto de Vigo. La sentencia, dictada por la Audiencia de Vigo en julio de 2026 y ya firme, considera probado que las menores la insultaron, la humillaron y trataron de aislarla del resto de sus compañeros.
Por los hechos, las dos menores deberán indemnizar a la víctima con 20.523 euros por las lesiones psíquicas que sufrió. También tendrán que cumplir seis meses de libertad vigilada, participar en un programa de prevención de la violencia, respeto y resolución de conflictos y realizar 50 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Las dos adolescentes, que tenían 14 y 15 años en el momento de los hechos, fueron condenadas por delitos contra la integridad moral y amenazas, después de que el caso llegase a la jurisdicción de menores.
Un curso de acoso en el instituto y por WhatsApp
Los hechos se prolongaron entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. Según establece la resolución judicial, las dos menores actuaron de común acuerdo y acosaron de forma prácticamente diaria a su compañera, tanto en el instituto como a través de un grupo de WhatsApp que compartían.
La víctima, según recoge Faro de Vigo, recibía insultos y descalificaciones tales como "hija de puta, mentirosa, negra, emo de mierda, guarra, gilipollas, 'tontapolla', caballo, calcetín, zorra traicionera, hipopótamo, planta verde, dinosaurio, guiri falsa, puta, perra..." y, según recoge la sentencia, las condenadas también hablaban de ella de forma despectiva ante otros alumnos, hacían gestos de rechazo en clase e intentaban que sus compañeros dejasen de relacionarse con ella.
La resolución considera acreditado que las dos adolescentes incitaban al resto de alumnos al aislamiento social y a la agresión contra la menor.
El acoso tuvo además consecuencias en la salud de la víctima. La adolescente necesitó tratamiento psicológico y psiquiátrico y comenzó a tomar antidepresivos tras sufrir episodios autolíticos. La ansiedad y el miedo que le provocaba acudir al instituto hicieron que terminase siguiendo las clases desde casa y que solo acudiese al centro para realizar los exámenes. Al acabar el curso, cambió de instituto.
El protocolo de acoso se activó en abril de 2024
El centro educativo abrió en abril de 2024 un protocolo de acoso escolar. Como consecuencia de las actuaciones realizadas en el instituto, las dos menores fueron expulsadas durante tres días.
Después de esa sanción, según recoge la sentencia, continuaron las amenazas a través de WhatsApp. En uno de los mensajes, una de las condenadas advertía de que se enfrentaría a la víctima cuando regresase al instituto y cuestionaba que siguiese estudiando en el centro: "Si la veo por la calle la cojo de los pelos, lo que queda de curso me lo arruinó. Se lo busca ella, se busca que le digan cosas. [...] Que te cambies de instituto, lo que vas a hacer es que expulsen a uno y al otro, que se vaya del instituto, ¿por qué tiene que seguir aquí tocando los cojones? Te juro que cuando vuelva al instituto y la vea, no me voy a quedar callada", relata. A finales de ese mismo mes, la menor presentó una denuncia contra las dos adolescentes.
Atención psicológica y psiquiátrica
La situación llevó a la víctima a necesitar asistencia especializada. La menor comenzó a acudir a una psicóloga y a un psiquiatra privados, profesionales con los que continúa en la actualidad. La sentencia señala además que la familia recurrió a la atención privada ante las dificultades para acceder a una asistencia que considerase suficiente en la sanidad pública.
El caso fue juzgado inicialmente por el Juzgado de Menores de Pontevedra, que condenó a las dos adolescentes. Posteriormente, la resolución fue revisada por la Audiencia de Vigo. La sentencia dictada por la Audiencia en julio de 2026 es firme, por lo que ya no cabe recurso ordinario contra ella.
