Los marineros gallegos denuncian que no podrán votar el 29N si están en alta mar: "Sólo nos queda esperar a ver quién sale"
Diego Moreira y Rodrigo Rodríguez ponen voz a las dificultades de los trabajadores embarcados para ejercer su derecho al sufragio
Es una situación que contrasta con las facilidades que ofrecen otros países europeos y ha instado al envío de un escrito al Defensor del Pueblo
Estar a miles de kilómetros de casa, pasar meses sin pisar tierra y, además, quedarse sin poder votar y participar en la elección de los gobernantes que decidirán su futuro. Es la realidad a la que se enfrentan muchos marineros españoles cuando coinciden las elecciones con sus campañas en alta mar. El próximo 29 de noviembre, cuando se celebren las elecciones generales, cientos de trabajadores embarcados podrían volver a quedarse sin ejercer su derecho al sufragio por las limitaciones de la legislación electoral española.
Diego Moreira, natural de Carballo, A Coruña, conoce bien los obstáculos: “Para votar tenemos que hacerlo por correo en una IP española. Si estamos, por ejemplo, en Noruega, no nos lo autorizan”, explica. Una dificultad que se suma a otra todavía más básica: hay barcos que ni siquiera disponen de conexión a Internet, por lo que sus tripulantes no pueden iniciar los trámites para solicitar el voto por correo.
El procedimiento tampoco facilita las cosas cuando consiguen recibir la documentación. “Nos mandan los papeles y tenemos que ir presencialmente a Correos para efectuar el voto, no vale un familiar o representante”, relata Moreira. Una exigencia prácticamente imposible para quienes pueden encontrarse faenando a cientos de millas de cualquier puerto.
La alternativa que contempla el sistema tampoco resulta viable. “La única opción sería hacerte residente del país en el que estás y votar a través de la embajada”, señala. Una solución que no encaja con una profesión en la que los destinos cambian constantemente y las estancias en cada país pueden ser temporales.
Campañas de hasta seis meses sin pisar tierra
Las dificultades no son puntuales. Rodrigo Rodríguez, que actualmente trabaja en un remolcador en A Coruña, pasó anteriormente varios años embarcado en buques de gran altura. Durante aquella etapa podía permanecer hasta seis meses fuera de casa, participando en campañas por Nigeria, Japón, Sudamérica o Estados Unidos.
“Llegamos a hacer campañas de entre tres y seis meses en alta mar”, recuerda. Incluso cuando el barco consigue llegar a puerto durante una convocatoria electoral, ejercer el derecho al voto no siempre está garantizado. “Nos dan cuatro horas para ir a votar, pero a veces por distancia ese tiempo no es suficiente”, explica.
Para Rodrigo, la solución pasaría por adaptar los procedimientos a las posibilidades tecnológicas actuales: “Se debería poder votar con la firma digital o el DNI electrónico”, plantea. Una posibilidad que evitaría depender de los desplazamientos físicos y permitiría a los trabajadores participar en las elecciones desde los lugares en los que se encuentren.
Sin embargo, la resignación acaba imponiéndose entre muchos compañeros. “La mayoría de las veces solo nos queda esperar y a ver quién sale, ya lo tenemos asumido”, reconoce. Y añade una reflexión sobre la escasa visibilidad de su profesión: “En el mar no somos mucho de quejarnos. Es una profesión muy olvidada”.
Una aplicación para casi todo, menos para votar
La paradoja resulta especialmente evidente para Diego Moreira. Los trabajadores disponen de herramientas digitales con las que pueden realizar numerosos trámites administrativos sin abandonar el barco, pero ninguna les permite ejercer su derecho al sufragio.
“Tenemos una aplicación, que es la ISM en tu bolsillo, desde la que podemos realizar todo tipo de gestiones administrativas, pero no votar”, explica.
La aplicación ISM in your pocket, desarrollada por el Instituto Social de la Marina, permite a los trabajadores del mar realizar trámites administrativos y comunicarse con este organismo desde sus dispositivos móviles, estén donde estén. Está diseñada específicamente para las necesidades del personal embarcado y facilita gestiones relacionadas con su protección social, evitando desplazamientos y superando las barreras de distancia y tiempo. Todo menos permitirles ejercer su derecho al voto.
Moreira considera que las empresas también podrían contribuir a resolver el problema si la legislación permitiese esa flexibilidad. Su propuesta pasa por que cada compañía facilite un agente en tierra que pueda recoger y depositar las papeletas de todos los integrantes de la tripulación, evitando que cada trabajador tenga que desplazarse individualmente a una oficina de Correos. Algo también inviable en la actualidad en nuestro país.
Una reclamación ante el Defensor del Pueblo
La situación ha llevado a tripulantes de la flota oceanográfica española a dar un paso más y remitir un escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para reclamar que se busque una solución antes de nuevas convocatorias electorales.
En el documento denuncian que se sienten “ciudadanos de cuarta categoría” y cuestionan que, en pleno desarrollo tecnológico, no se haya encontrado un procedimiento que garantice el voto de quienes trabajan embarcados.
El problema está en la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que condiciona el voto por correo del personal embarcado a que el buque toque durante el periodo electoral puertos previamente conocidos situados en territorio nacional. Una condición que deja fuera a buena parte de la flota pesquera de gran altura, la marina mercante y otros trabajadores que desarrollan su actividad lejos de España.
La situación contrasta con la de otros países europeos. Francia permite expresamente a los tripulantes de buques mercantes y pesqueros votar mediante delegación de poderes al capitán, que se encarga de remitir el sufragio al municipio correspondiente. Reino Unido, Bélgica y Países Bajos también contemplan fórmulas de voto por representación.
En España, la posibilidad de modificar la normativa sigue sin materializarse. En junio de 2024, el Gobierno respondió a una iniciativa del BNG que cualquier reforma de la LOREG requeriría un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas y un estudio previo de sus consecuencias técnicas.
Mientras tanto, los marineros se preparan para afrontar otra cita electoral con la incertidumbre de siempre. “Mandamos cohetes a Marte, pero aún no nos dejan votar”, resumen en su reclamación. Una queja que pone sobre la mesa una pregunta: ¿cómo garantizar que quienes trabajan lejos de casa no tengan que renunciar también a su derecho a decidir en las urnas?