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La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido irse de vacaciones no sin antes dejar sentenciados algunos de los temas con más impacto social, económico y político en la ciudadanía y que explican gran parte de la división social radical que co-existe en Estados Unidos desde hace décadas. Es el caso del derecho a decidir sobre el aborto a nivel estatal, la redistribución electoral de los distritos, las armas de fuego y las emisiones de efecto invernadero. Todas estas cuestiones han sido revisadas por el máximo tribunal del país, antes del receso habitual veraniego, dejando la sensación de que ha pasado un tsunami que acarreará importantes consecuencias a corto, medio y largo plazo.
Entre los efectos más inmediatos están la politización de la propia corte, hasta hace poco una institución reverenciada; el conservadurismo extremo de la mayoría de las sentencias, que ha provocado una regresión en derechos establecidos hace decenas de años y su impacto en la economía.
El cambio de la composición del Tribunal Supremo, tal y como lo conocemos ahora, comenzó bajo el mandato de Donald Trump. Su nominación de tres jueces conservadores transformó el equilibrio de una corte de nueve magistrados, que en estos momentos solo cuenta con tres miembros progresistas.
La satisfacción del ex mandatario tras la decisión que revocó el fallo histórico que en 1973 establecía la legalización del aborto en todo el país como derecho constitucional fue patente: esta y otras sentencias “solamente fueron posibles porque cumplí todo lo prometido, entre ellas la nominación y confirmación de tres jueces constitucionalistas y fuertes para la Corte Suprema de Estados Unidos”, dijo Trump nada más conocerse la noticia.
Muy distinta fue la percepción de Joe Biden, que nada mas hacerse público el fallo emitió un comunicado en el que resaltó la injerencia política que supone esta sentencia para la mujer, que ve arrebatado “su derecho a elegir, a tomar decisiones extremadamente personales con su médico”...”Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos expresamente le ha quitado al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya le había reconocido. Nunca se había hecho eso con un derecho tan importante para tantos estadounidenses”.
Estas decisiones tendrán también consecuencias electorales y políticas. Especialmente las que afectan a la nueva distribución de los distritos electorales. En realidad este nunca había sido un tema sobre el que se pronunciara el máximo tribunal pero cuatro de los jueces que lo conforman han declarado su interés en ello, cantidad suficiente para que se atienda una causa como esta. Y solo se necesitará una mayoría de cinco magistrados a favor para que haya una decisión final en firme, en un caso que empezaría a estudiarse en otoño, tras haber sido aceptada a finales del mes pasado la apelación de los republicanos de Carolina del Norte para limitar la autoridad de los tribunales estatales en este tema.
Queda pendiente pues la decision que sopesará si las cortes estatales pueden establecer tanto cambios en las elecciones federales como en la remodelación de los distritos electorales, en los que se agrupa a votantes de la misma tendencia en zonas geográficamente dibujadas para ello, cada diez años, en base al censo (de 2020 en este caso).
También hace solo unos días el alto tribunal del país anuló una ley que restringía el derecho a portar armas en la calle, en el estado de Nueva York. Para que esto fuera posible, durante 100 años había sido necesaria una licencia especial previa y con causa justificada. A partir de este momento, y con el argumento de que la constitución estadounidense protege “el derecho de un individuo a llevar un arma de fuego para su defensa propia fuera del hogar”, dicha licencia no será necesaria en un país con mas de 40.000 muertos al año por armas de fuego, según la organización Everytown for Gun.
Y el jueves pasado fue el turno de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), que tuvo que renunciar a parte de su poder para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El fallo de la Corte Suprema a favor de Virginia Occidental, en su caso contra la EPA en nombre de otros 18 estados gobernados por republicanos, supuso una victoria tanto para estos como para la industria del carbón, que tiene una amplia representación económica en todos ellos.
La decisión del alto tribunal estableció que es el Congreso quien debe autorizar a la EPA la limitación de las emisiones, lo que pone en peligro la agenda económica de la administración Biden, basada en un proyecto a varios años para desarrollar las energía limpias y disminuir la producción y consumo del carbón.
Ambas industrias, las de la armas y los combustibles fósiles, son dos de los motores económicos del país y dan lugar a algunos de los lobbies más influyentes a nivel legislativo y político. En su aspecto económico, según la consultora IBISworld, la industria de las armas genera en Estados Unidos más de 18.000 millones de dólares al año mientras que la de carbón se encuentra en estos momentos en un pico alza de precios que no experimentaba desde hace 13 años.
De hecho, los precios actuales del carbón superan los 100 dólares por tonelada en Estados Unidos, debido a la crisis energética mundial y el aumento de la demanda de combustibles fósiles provocados por la guerra de Rusia en Ucrania. Como señala Bloomberg, los precios actuales son los más altos producidos desde finales de 2008, una circunstancia que afecta directamente a los estados donde se genera su producción y que ven con complacencia el último fallo del supremo al respecto.