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Con el histórico 20º Congreso del Partido Comunista de China en marcha, el país ha experimentado algunos atisbos de inestabilidad que las autoridades han cortado por la vía rápida. El último mes ha sido especialmente intenso por las muestras de descontento de activistas y disidentes, por el encarcelamiento de ex altos funcionarios acusados de ser desleales al presidente, Xi Jinping, y por rumores infundados sobre un posible golpe militar contra el Gobierno actual. Todo ello cuando estaba a punto de comenzar el acontecimiento más importante del calendario político chino, donde se espera que Jinping sea reelegido de manera extraordinaria por tercer mandato consecutivo, que se realicen reformas en la Constitución y donde se sustituirá a miembros de la cúpula de poder del Partido en una distribución del poder.
Según se ha denunciado en redes sociales y a través de varios medios de comunicación, desde mediados de septiembre se ha producido una intensificación de la fuerza y la intimidación por parte de los cuerpos de seguridad contra aquellos que muestren opiniones contrarias a las del Gobierno. También ham aumentado las medidas restrictivas contra el Covid. Hay una corriente muy extendida que piensa que se trata de una manera de silenciar a los contrarios al régimen con el fin de evitar que crezca el descontento social, sin embargo, para los afines a Jinping, estas acciones no son un acoso sino una manera de castigar a los traidores en un momento clave para China. Entre ellos hay abogados pro derechos humanos.
La importancia del Congreso del Partido Comunista que se celebra desde el domingo pasado es enorme en la vida política del sistema. En él se hace un balance de los últimos cinco años de legislatura y se expone la visión de cara al siguiente lustro. Todo ello desde la perspectiva de Jinping y su círculo de confianza, quienes crean, defienden e implantan su narrativa a nivel interno y global sin cabida para los opositores. Un abogado español residente en Shanghai ha preferido no pronunciarse sobre lo que significa expresar su opinión en redes sociales.
“La situación en China es muy delicada”, afirma a NIUS tras confesar que no tuvo acceso a su cuenta de LinkedIn durante días en el pasado y que prefiere “no tener ningún tipo de relevancia pública” y evitar cualquier “consecuencia negativa” en China. Otro abogado, en cambio, que ha vivido en primera persona las consecuencias de ejercer en el ámbito de los derechos humanos en el gigante asiático, ha explicado lo que está viviendo.
“Todas las mañanas, la policía me llamaba para comprobar mi plan del día. Me ordenan que no vaya a ningún sitio, que no vea a nadie ni les diga nada”, apuntó un abogado, según recoge The Guardian, que fue inhabilitado y al que se le cerró su bufete por defender casos políticamente delicados. “El mensaje es claro: ‘Estamos vigilando todos tus movimientos’”. Otros abogados que ya han sido encarcelados en el pasado han experimentado en el último mes la intimidación de las fuerzas del orden. A algunos se les ha prohibido salir de sus casas o se les ha avisado de que si lo hacen, que no sea para acudir a embajadas extranjeras, para hablar con periodistas o usar las redes sociales para denunciar al Gobierno. Algunos reconocen que sus familiares han sido sometidos a una “vigilancia extrema” y la mujer de uno de ellos ha afirmado que hace unos días las autoridades renovaron las cámaras de seguridad que usan para vigilarles. “Es una estrategia de intimidación para asustarnos”.
La indignación de un sector de la población china ha ido en aumento desde el comienzo de la pandemia y ha tocado techo a lo largo de los últimos seis meses debido a que las restricciones sociales por el Covid están impactando negativamente a la sociedad. Pekín ha experimentado en los últimos días cortes de acceso a la ciudad que han dejado sin poder entrar a residentes que regresaban y trabajadores que necesitaban trabajar en la capital. Algunos han sido víctimas de una intensificación de las medidas anti Covid en Pekín a pocos días del Congreso. Se han denunciado en redes sociales casos de cuarentena obligada.
Uno de los posts más comentados y recientes es el de un usuario que denuncia a manifestantes que han protestado contra la situación que viven en el sector petrolero. En la publicación se pueden ver vídeos e imágenes de la protesta en un puente del distrito de Haidian en Pekín. Se puede leer una pancarta que dice: “No a la prueba Covid, queremos comer. No a las restricciones, queremos libertad. No a las mentiras, queremos dignidad. No a la Revolución Cultural, queremos reformas. Nada de líderes, queremos votos. No siendo esclavos, podemos ser ciudadanos”. Otra instaba a los lectores “ir a la huelga en la escuela y el trabajo, destituir al dictador y traidor nacional Xi Jinping”. El post ha sido publicado por un fiel al régimen y lo ha publicado con el siguiente mensaje: “Además de que los valientes petroleros de la nueva era hayan colgado pancartas y las hayan emitido por los altavoces, también deberían haberse inmolado”.
Este tipo de acciones se han producido a pesar de la operación “100 días” de lucha contra la delincuencia que comenzó en junio. Según el Ministerio de Seguridad Pública, se han detenido a casi un millón y medio de personas. Apenas dos semanas antes del congreso, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que su operación "100 días" de lucha contra la delincuencia, iniciada en junio, había dado lugar a la detención de 1,43 millones de personas.
El descontento social ha ido acompañado de una purga a altos funcionarios chinos que se llevó a cabo hace tres semanas a través de una redada. El ex viceministro de Seguridad Pública, Sun Lijun, al ex ministro de Justicia, Fu Zhenghua y a Wang Like, ex funcionario en Jiangsu han sido jugados y condenados a muerte acusados de corrupción. Estas penas pueden conmutarse por cadena perpetua después de dos años. Varios ex jefes de la policía de Shanghai, también han sido condenados a más de 10 años de prisión por cargos de corrupción. Fu y los jefes de policía habían sido acusados de formar parte de una camarilla política en torno a Sun, y de ser desleales a Xi. Estas sentencias, ejecutadas a pocas semanas del Congreso, han sido tildadas de oportunistas por los analistas, sobre todo porque han servido para la lanzar un claro mensaje: nadie, ni siquiera altos funcionarios, están fuera del alcance de Jinping.
Además, hace casi un mes aparecieron rumores sobre un posible golpe militar que elimine del poder a Jinping. Según algunos analistas estos rumores son infundados que llegaron incluso a especular que el presidente estaba bajo arresto domiciliario, mientras otros apuntaban a que se encontraba en cuarentena tras un viaje a Uzbekistán.