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Cuando parecía que no cabía mayor erosión al sistema constitucional tunecino, con sus acciones en estas primeras semanas del año el presidente de la República, Kais Saied, está demostrando que el daño para la estructura institucional de su país puede ser definitivo. Tras haber disuelto el Parlamento a finales de marzo del año pasado, ocho meses después de haber acabado con su actividad, y gobernar desde entonces a golpe de decreto, con una nueva Constitución hecha a su medida y una Asamblea recién electa sin partidos, para “salvar” la democracia y enderezar el rumbo de la economía, el mandatario se emplea a fondo, cada vez con menos escrúpulos, contra todo elemento que se interponga en su camino.
Este mes de febrero la cruzada del presidente en aras de depurar el país de elementos nocivos ha tenido como objetivo a magistrados, empresarios, periodistas, líderes sindicales y políticos opositores, con los islamistas del partido Ennahda a la cabeza. En tres días el régimen detuvo a diez destacadas personalidades, entre ellas Noureddine Boutar, director general de la radio Mosaique FM, una de las principales emisoras de Túnez, y el exministro de Justicia y vicepresidente de Ennahda –primer partido del disuelto Parlamento democrático tunecino-, Noureddine Bhiri y al empresario cercano al ex dictador Zine el Abidine Ben Ali, Kamel Eltaief, amén de a dos de los 57 magistrados inhabilitados por Saied en junio pasado. En diciembre las autoridades tunecinas ya detuvieron, al acusarle de enviar yihadistas a Siria, al ex primer ministro Ali Laarayedh, también perteneciente a la formación islamista liderada por el veterano Rachid Ghannouchi, quien tampoco se ha librado de las investigaciones judiciales.
Pero una parte de la sociedad tunecina comienza a movilizarse. El rechazo a los métodos autocráticos del profesor de Derecho Constitucional encuentra terreno abonado en un profundo malestar derivado de una situación socioeconómica crítica desde hace meses. En solo unas semanas el mandatario ha relevado a sus ministros de Educación, Agricultura y Exteriores. Desde Mosaique TV se advierte al presidente de que “no hay intención de cambiar de línea editorial”. A mediados de enero, el Frente de Salvación Nacional, principal plataforma que agrupa a los partidos opositores al presidente, ya exhibió músculo en la calle para exigir la dimisión de Saied.
La última de las grandes protestas se produjo el pasado sábado, cuando varios miles de simpatizantes del principal sindicato de Túnez, la UGTT, se echaron a la calle en ciudades de distintas regiones del país, entre ellas Sfax o la propia capital, contra la política económica y los “ataques a las libertades” protagonizados por el presidente Kais Saied.
Los convocantes de las protestas alertan de que el acuerdo con el FMI que las autoridades tunecinas negocian supondrá nuevas medidas de austeridad, como la retirada de los subsidios a productos básicos, para una población ya muy golpeada y que ha sufrido la carestía y la escasez de alimentos en los últimos. Asimismo, desde la UGTT, que fue protagonista en las revueltas que acabaron con la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali en 2011 y apoyó en un principio el autogolpe de Saied en julio de 2021, se pidió la puesta en libertad del líder sindical Anis Kaabi, detenido el 31 de enero pasado por “emplear su posición para hacer daño a las autoridades públicas”. Este jueves comenzará el juicio.
Uno de los episodios más graves de la deriva autoritaria tunecina vividos hasta el momento se produjo también el sábado, cuando las autoridades expulsaron a la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la irlandesa Esther Lynch, a la que Saied declaró “persona non grata”, por haber participado en una de las protestas convocadas por la UGTT. “Hizo declaraciones que incluían una injerencia flagrante en los asuntos internos de Túnez (…) No hay forma de permitir que ninguna parte del exterior ataque la soberanía del Estado y la soberanía de su pueblo”, afirma la nota de la Presidencia tunecina divulgada a través de las redes sociales.
Para la profesora de Política de Oriente Medio en la New York University Abu Dhabi y experta en temas tunecinos Monica Marks, la expulsión de Esther Lynch reviste especial gravedad porque “supone la primera expulsión de una ciudadana extranjera por causas políticas desde que la revolución de 2011 derrocó a Ben Ali, hasta donde sé. Llega en un contexto de redadas dramáticas que hacen escalar la represión de Saied esta semana”, escribía la investigadora en Twitter.
La deriva autoritaria de Saied no parece tener fin. En la escena internacional, el régimen sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional un crédito por valor de 1.900 millones de dólares –la deuda pública asciende al 89% del PIB- a la vez que recibe cada vez más críticas desde el exterior, principalmente de la UE y Estados Unidos, sin que ello haga mella alguna en el presidente. El acercamiento de Saied al régimen militar argelino es cada vez mayor. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Parlamento Europeo manifestaron la semana pasada su preocupación por el deterioro creciente de la situación en Túnez. Por su parte, Aministía Internacional ha llamado a Saied a “poner fin a su caza de brujas política”.
Hasta ahora el presidente –que llegó al poder en las urnas tras doble vuelta en octubre de 2019- convertido en autócrata había aprovechado la pasividad de una población cansada y decepcionada con la experiencia democrática surgida de 2011, la esperanzadora revolución de los jazmines que dio el pistoletazo de salida a lo que dio en llamarse Primavera Árabe. A juzgar por la participación en la segunda ronda de las elecciones legislativas –sin partidos- celebradas entre enero, en las que apenas uno de cada diez ciudadanos acudió a las urnas, y, sobre todo, las cada vez más concurridas protestas registradas en las últimas semanas en las calles tunecinas la calma tensa de los últimos meses empieza a mutar en otro escenario, cada vez más imprevisible y peligroso, para la autocracia de Kais Saied.
La oposición partidista y sindical ha sido hasta ahora incapaz de actuar de manera conjunta, pero el cóctel formado por un profundo descontento social por las condiciones económicas –la crisis estructural se vio agudizada por las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania, la persecución obstinada a opositores pertenecientes a todo el espectro político y profesional y la falta de esperanzas en el futuro augura tiempos turbulentos en Túnez.