El curioso caso del Banco del Vaticano: ¿cómo funciona y quién puede abrir una cuenta en él?

Entre los muros de la Ciudad del Vaticano opera una entidad poco convencional, rodeada de una historia singular y, cómo no, ligada a la espiritualidad: el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el Banco del Vaticano. 

Creado en 1942, su propósito inicial fue claro: gestionar de forma segura todos los fondos destinados a fines religiosos y caritativos. Aunque no se trata de un banco tradicional como los que operan en el sistema financiero internacional, sí ofrece servicios similares, incluyendo cuentas de depósito, transferencias internacionales y gestión de activos. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿quién puede realmente abrir una cuenta en él? 

Una institución única con funciones muy específicas 

A diferencia de los bancos comerciales abiertos al público, el Banco del Vaticano mantiene un enfoque estrictamente reservado. Solo personas e instituciones muy concretas pueden acceder a sus servicios.  

Sus principales clientes son congregaciones religiosas, órdenes, dicasterios vaticanos, obispos y ciertos particulares estrechamente vinculados con la Iglesia. El objetivo no es generar beneficios al estilo empresarial, sino facilitar la misión espiritual y social de la Iglesia Católica en todo el mundo. 

Hoy en día, el IOR gestiona fondos de más de 5.200 instituciones católicas, incluyendo diócesis, misiones y entidades caritativas. En conjunto, administra activos que superan los 7.000 millones de euros, una cifra que refleja tanto su alcance como su importancia estratégica dentro de la estructura eclesial. 

Solidez financiera en contraste con dificultades globales 

Desde hace más de una década, el Instituto publica anualmente sus cuentas en un ejercicio de transparencia. El informe correspondiente a 2023 mostró un panorama optimista desde el punto de vista contable.  

El Banco del Vaticano obtuvo un beneficio neto de 30,6 millones de euros, con un margen bancario del 49 % y un ratio de solvencia TIER 1 del 60 %, uno de los más altos del sistema bancario global. 

Este rendimiento se presenta como un raro oasis de estabilidad dentro del complejo entramado económico de la Santa Sede. A finales de 2024, las finanzas vaticanas en su conjunto se encontraban oficialmente al borde del colapso, debido a una combinación de reducción de ingresos, aumento del gasto institucional y escándalos financieros de gran repercusión. 

¿Puede un particular abrir una cuenta en el IOR? 

La respuesta es no, salvo en circunstancias muy excepcionales. El acceso está restringido a individuos que trabajan o colaboran estrechamente con el Vaticano, como algunos embajadores acreditados ante la Santa Sede o personas autorizadas por motivos fundados y comprobados. Pero incluso en estos casos, el seguimiento de los fondos es exhaustivo. 

No se trata de un banco para el público general, ni siquiera para católicos practicantes. El IOR funciona más como una herramienta operativa al servicio de la misión de la Iglesia, que como una institución de servicios financieros convencional. Su existencia responde a una lógica interna, donde la prioridad es garantizar el buen uso de los recursos que sustentan actividades pastorales, educativas y asistenciales. 

El Banco del Vaticano sigue siendo un actor discreto pero clave dentro del ecosistema religioso. Con sus puertas cerradas a la mayoría, el IOR representa una excepción institucional, donde el acceso depende menos de la solvencia económica que del compromiso con una misión espiritual. 

Y es que, aunque los números del IOR invitan a pensar en una gestión prudente, su historia reciente ha sido todo menos tranquila. Durante la década del 2010, el Banco del Vaticano fue protagonista de diversos escándalos financieros que deterioraron su imagen pública. Se descubrieron cuentas ocultas en paraísos fiscales, movimientos millonarios de origen incierto y una gestión interna que carecía de mecanismos adecuados de control. 

Uno de los casos más sonados fue el del Cardenal Angelo Becciu, condenado en 2023 a cinco años y medio de cárcel por fraude. Su implicación en la compra especulativa de un inmueble en Londres, junto con la gestión temeraria de fondos vaticanos, se convirtió en símbolo de la opacidad que durante mucho tiempo reinó en las finanzas de la Santa Sede. 

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