Se estrecha el cerco contra el ICE: Un juez de Minnesota cita a declarar a su director por posible desacato

Se estrecha el cerca contra el ICE por su brutalidad y arbitrariedad. Los arrestos de inmigrantes sin antecedentes criminales crecieron más de 1000 % en los primeros seis meses de la puesta en marcha de esta iniciativa por parte del Gobierno de Trump.

Pasaron de poco más de 1.000 en enero a casi 12.000 en junio — un incremento de 1.042 % El ICE ha arrestado y procesado a más de 328.000 personas en todo 2025. Con métodos y redadas salvajes. Comandos del ICE con dudosa uniformidad, caras tapadas, acuden a los puestos de trabajo, hogares y casas sin distinción y sin aviso generando pánico y psicosis en muchas ciudades. 

El ICE opera bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les permite detener, arrestar y deportar a casi cualquier persona que sospechen violar leyes migratorias. A diferencia de la policía local, no necesitan una orden judicial. En muchos casos esas personas son ciudadanos norteamericanos detenidos por agentes que se sienten totalmente impunes y por encima de la ley.

Pero los excesos a la vista de todo el mundo empiezan a pasar factura al ICE.

Un juez de Minnesota cita a declarar al director del ICE por posible desacato

El primer golpe lo ha dado Patrick Schiltz, juez de distrito del estado de Minnesota, que ha citado este martes a declarar al director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, después de que este se negara a cumplir con una serie de órdenes judiciales e impidiera así que decenas de migrantes acudieran a sus respectivas vistas judiciales.

Ahora, Schiltz ha emitido una citación y ha pedido a Lyons declarar ante un tribunal federal, donde tendrá que exponer el caso, justificar las medidas adoptadas y enfrentarse a un posible caso de desacato, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

El juez ha aclarado que su paciencia "ha llegado a su fin" frente a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, unas operaciones que han sido duramente criticadas por la oposición y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos a medida que continúan las detenciones de migrantes en el estado.

En este sentido, ha acusado a Lyons, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al jefe del ICE en Saint Paul, David Easterwood, de fracasar a la hora de cumplir con decenas de órdenes judiciales durante las últimas semanas, lo que ha alargado la detención de muchos de estos migrantes, que pedían que se estudiaran sus casos para ser puestos en libertad bajo fianza.

"La consecuencia fundamental del fracaso a la hora de cumplir estas órdenes ha empeorado la situación de estos extranjeros, muchos de los cuales llevan muchos años viviendo y trabajando de forma legal en Estados Unidos y no han hecho nada malo", ha aclarado Schiltz.

Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones populares y la preocupación y criticas desde distintos puntos del espectro ideológico.

Los casos que han desembocado en protestas multitudinarias

El último caso fue la muerte del enfermero Alex Pretti el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. El caso Liam, un niño de sólo 5 años, usado como cebo para coger a su familia. Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian fueron detenido por agentes de inmigración en Minneapolis mientras regresaban a casa desde el colegio. Los funcionarios del distrito denunciaron que no era el primer menor detenido y que, al menos, cuatro lo habían sido este mes. Semanas antes, también en Minnesota un agente del ICE, disparó mortalmente a otra ciudadana estadounidense Renee Good. Ambos incidentes provocaron manifestaciones masivas en este estado contra su despliegue pero también en distintos puntos de Estados Unidos.

El golpe político: los republicanos critican ya sin tapujos al ICE y exigen cambios

El segundo golpe es político y ese puede hacer más daño- Las críticas a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, están ganando fuerza dentro del propio Partido Republicano, con decenas de representantes, legisladores y senadores que han empezado a pronunciarse públicamente en contra de las medidas de la Casa Blanca a raíz de las muertes de manifestantes a manos de agentes en el estado de Minnesota.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha aplaudido la reciente decisión de Trump de enviar al estado de Minnesota al llamado "zar de las fronteras", Tom Homan, para controlar la crisis en el estado --una decisión que relega a un segundo plano al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino-- si bien ha instado a la Casa Blanca a definir mejor su estrategia migratoria ante la pérdida de credibilidad del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Trump está recibiendo malos consejos ahora mismo. ¿Cuál es el objetivo final? No creo que sea deportar a todos los ciudadanos no estadounidenses", señaló en una entrevista con la cadena CNN en la que argumentó que la mayoría de los ciudadanos quieren que el Gobierno aborde el tema de la inmigración, si bien "no les está gustando" lo que están viendo en las calles de Minneapolis.

En la misma línea se ha pronunciado uno de los mayores aliados de Trump, el gobernador de Texas Greg Abbott, quien ha afirmado que la Casa Blanca debería "replantearse" su postura para garantizar que la sociedad estadounidense recupere su confianza en el ICE.

Los acontecimientos en el estado también han precipitado la retirada del abogado conservador Chris Madel de la carrera a gobernador de Minnesota, quien ha asegurado que la operación Metro Surge --iniciada en diciembre para detener a inmigrantes indocumentados y llevar a cabo deportaciones-- ha ido "más allá" de atajar las "verdaderas amenazas a la seguridad pública". "Los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo. Llevan documentos para demostrar su ciudadanía. Eso está mal", resaltó en un vídeo Madel, candidato a las primarias republicanas de cara a los comicios del 3 de noviembre, quien aunque no partía como favorito, anunció por sorpresa su salida.

El Congreso pide explicaciones

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, ha solicitado a los directores de ICE, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) --Todd Lyons, Rodney Scott y Joseph Edlow, respectivamente-- que comparezcan ante el Congreso.

La iniciativa ha sido apoyada por varios republicanos, entre ellos el senador por Utah John Curtis, quien ha expresado su desacuerdo en redes sociales con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, figura que se encuentra en la cuerda floja, y la que acusa de "socavar la confianza pública" al "apresurarse" a juzgar lo ocurrido "antes de que se conozcan todos los hechos".

Una medida similar a la planteada por el senador Rand Paul, de Kentucky, ha sido expuesta por el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Gabarino, quien ha pedido testificar a los tres altos funcionarios encargados de cuestiones migratorias de la Administración Trump.

Otros legisladores, como el senador por Indiana Todd Young o el expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes Michael McCaul se han sumado a la lista de republicanos que han planteado dudas sobre la actuación de los agentes, instando a que se lleven a cabo investigaciones "transparentes" sobre los tiroteos.

Por su parte, el senador por California, Thom Tillis, ha afirmado --en la misma línea de Curtis-- que "cualquier funcionario de la Administración que se apresure a emitir un juicio e intente cerrar una investigación antes de que comience le está haciendo un flaco favor a la nación y al legado del presidente Trump".

Dentro del ala más moderada del Partido Republicano también se ha pronunciado Lisa Murkowski --senadora que votó a favor de la apertura de un juicio político o 'impeachment' contra Trump--, quien ha defendido que "portar un arma de fuego legalmente no justifica que agentes federales maten a un estadounidense", especialmente si "la víctima había sido desarmada" antes, en referencia al caso de Pretti.

De la misma forma, el senador por Luisiana Bill Cassidy, que igualmente apoyó el proceso de 'impeachment' contra el magnate neoyorquino, ha catalogado los sucesos en Minneapolis de "increíblemente inquietantes" y ha asegurado que "la credibilidad del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional está en juego".

Otras voces más tímidas, como el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, han apuntado que el presidente debería plantearse la retirada del ICE de Minnesota. "Si yo fuera Trump pensaría: 'Bueno, si el alcalde (Jacob Frey) y el gobernador (Tim Walz) van a poner en peligro a nuestros agentes y existe la posibilidad de perder más vidas inocentes, entonces quizás deberían ir a otra ciudad'", declaró en Fox News.

El senador republicano por Pensilvania, David McCormick, ha subrayado, de igual forma, que "la retórica irresponsable y la falta de cooperación de los políticos de Minnesota están agravando una situación peligrosa", si bien también se ha puesto del lado de los legisladores que han pedido una investigación sobre las muertes.

HRW alerta del peligro de un ICE descontrolado

Human Rights Watch (HRW), por su parte, ha alertado este martes de las "consecuencias devastadoras" que tiene en la población la "impunidad" con la que han estado actuando los agentes federales desplegados en Minneapolis.

La representante de HRW ha reprobado "las continuas acciones sin control de estas agencias que están poniendo en peligro a los residentes, con consecuencias devastadoras", al tiempo que ha advertido de que sus "patrones de abuso a nivel revelan una fuerza de seguridad peligrosa y en expansión que opera con impunidad".

"Independientemente de las medidas que pueda adoptar el Congreso, estas agencias deben detener su operación a gran escala en Minneapolis y abstenerse de iniciar una iniciativa similar en cualquier otro lugar", ha agregado tras apelar a la necesidad de que se adopten "medidas urgentes y en particular la supervisión" de la cámara legislativa en aras de "proteger a las comunidades estadounidenses de la violencia, la discriminación y la detención ilegal, y para garantizar que se respeten sus derechos a la libertad de expresión y de reunión".

En esta línea, ha recordado que el Congreso tiene autoridad para "condicionar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la aplicación de garantías mínimas para proteger contra el uso excesivo de la fuerza, otras violaciones de derechos y la impunidad" y ha pedido a la cámara que celebre "audiencias de supervisión para investigar la conducta" de la cartera dirigida por Kristi Noem, incluidos los "presuntos" abusos y asesinatos.

"El Congreso debería considerar la posibilidad de suspender la financiación de las operaciones de control de la inmigración hasta que se complete dicha investigación. Los legisladores también deberían apoyar la reconstitución de las oficinas de supervisión interna y la dotación de personal que la Administración (del presidente, Donald) Trump ha debilitado", ha agregado.

Por otra parte, Sawyer ha sostenido que "existe un grave riesgo de que no se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente del" asesinato de Pretti y ha emplazado la Policía Federal (FBI) y al DHS a cooperar "plenamente" con las autoridades del estado de Minnesota que llevan la investigación, incluido "compartiendo las pruebas y los nombres de los testigos y los agentes implicados".

Así las cosas, ha recordado que el Derecho Internacional establece que "los agentes del orden solo deben recurrir intencionadamente al uso de la fuerza letal como último recurso, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida". "Las normas internacionales de Derechos Humanos también exigen una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente de cualquier muerte que pueda ser ilegal".