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Atika Gharib había denunciado a su ex pareja hacía algunos meses. El hombre golpeaba a la joven, de 32 años, y a una hija de ésta fruto de una relación anterior. Un juez decretó una orden de alejamiento, pero a él no le importó. Continuó acudiendo a la vivienda, hasta que un día Atika, de nacionalidad marroquí y residente en Ferrara, desapareció. Encontraron su cuerpo carbonizado en una casa abandonada de la campaña de Bolonia. Su ex pareja, un hombre de 41 años también marroquí, confesó el delito.
Se trata de una de las últimas víctimas por violencia machista registradas en Italia. Sin embargo, es poco menos que imposible calcular con precisión cuántas van este año. El Instituto Nacional de Estadística italiano sólo elaboró un censo por primera vez hace un año, que recoge los datos del 2017 hacia atrás.
Ese año murieron 115 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Un dato que se ha reducido un 35% desde los 181 feminicidios de 2013. El Ministerio del Interior tiene otra estadística que va del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, que establece que hubo 145 “homicidios en ámbito familiar o afectivo”, pero no especifica si son hombres o mujeres. La mayoría de ellos los cometen italianos, no extranjeros.
En ausencia de cifras oficiales, organizaciones como la ‘Casa delle donne’ (casa de las mujeres) de Bolonia han ido haciendo el cálculo por su cuenta desde hace más de una década. Su base de datos tampoco puede ser del todo exacta, ya que se dedican a sumar los casos que aparecen en los medios de comunicación.
“El problema que tenemos es que no hay unos criterios unificados. Ni siquiera los diferentes departamentos de policía utilizan un criterio único. Por ejemplo, ellos no cuentan el asesinato de una prostituta como violencia machista, mientras que nosotras sí”, asegura Angela Romanin, portavoz de la asociación. Por eso, sus estadísticas difieren de las del Ministerio.
Otro de los pocos estudios en esta materia del Instituto Nacional de Estadística, de 2015, concluyó que el 31,5% de las italianas confesaba haber sido víctima de violencia física o sexual y que el 11% de las que los habían padecido acudieron a la Justicia. Sin embargo, en 2016 sólo hubo 7.633 denuncias por violencia sexual. En España, con una población menor, el año pasado se registraron 10.727 por este mismo motivo.
“En Italia se registran muy pocas denuncias y muchas de ellas las retiran por miedo. Nuestro sistema no ofrece protección automática para una mujer que le diga a un juez que ha sufrido malos tratos, por lo que pedimos que haya mayores garantías para las denunciantes”, declara Angela Romanin.
Hace unos meses se aprobó una nueva ley que acelera los tiempos, por lo que una mujer que decide dar ese paso deberá ser escuchada por un juez en un máximo de tres días. Además, se aumentaron las penas por delitos por violencia sexual hasta 12 años y en el caso de menores hasta 24 años.
Las asociaciones feministas han criticado la reforma, aprobada por el anterior Ejecutivo formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, ya que consideran que en muchos casos no es posible encontrar a magistrados expertos en la materia con tan poco tiempo de margen.
Italia no elaboró un primer Plan Integral para la Violencia de Género hasta 2011 y fue uno de los países más retrasados en este aspecto en una etapa política dominada por Silvio Berlusconi. “Si nos comparamos con España tenemos un déficit enorme, ya que allí se lleva trabajando desde hace muchos años en políticas de igualdad, desde la etapa de Zapatero”, opina Oria Gargano, presidenta de la cooperativa BeFree. En España la primera ley contra la violencia de género data de 2004.
BeFree gestiona uno de los 296 centros para la protección de las mujeres que existen en Italia -por los 717 de España-, según los datos de la red WAVE (Mujeres contra la Violencia en Europa, por sus siglas en inglés). El informe de esta asociación, que vigila este tipo de estructuras en todo el continente, sostiene en el país transalpino faltan recursos para garantizar estos servicios. “Con la última ley se redujo además la financiación, que es lo que pasa siempre”, declara Gargano.
Aunque hubo otro motivo por el que el anterior Gobierno puso en pie de guerra a los colectivos feministas. El senador de la Liga Simone Pillon, del ala ultraconservadora del partido, impulsó un decreto polémico. La norma establecía que, en caso de separación de una pareja, los niños deberían pasar el mismo tiempo con el padre que con la madre y que ambos deberían contribuir económicamente por igual, sin tener en cuenta las circunstancias familiares o el bolsillo de los progenitores.
La ley nunca salió adelante, aunque fue utilizada como bandera en el Congreso de las Familias de Verona, una cumbre celebrada el pasado marzo, en la que se dieron cita políticos ultraconservadores y colectivos ultracatólicos de todo el mundo. “En Italia existe un contraataque muy fuerte de estos dos colectivos, que quieren negar los avances que el feminismo ha hecho en los últimos años”, sentencia la portavoz de la ‘Casa delle Donne’. El líder de la Liga y ex vicepresidente, Matteo Salvini, se ha alineado con estos grupos.
Según las asociaciones feministas, ha habido avances a nivel social, institucional y en la prensa. Sin embargo, hace unos días una joven lesbiana de 28 años murió estrangulada por un conocido, de 45, que se había obsesionado con ella y en algunos periódicos contaron la historia del hombre al que bautizaron como “el gigante bueno”. Días más tarde, en la RAI, la televisión pública italiana, emitieron una entrevista con una mujer que todavía vive bajo escolta, a la que el presentador le cuestionaba si realmente su marido había querido matarla.
Distintos colectivos pusieron el grito en el cielo, aunque estos casos son excepciones. Hace pocos años todavía en Italia se hablaba de crímenes pasionales, que engrosaban la sección de sucesos. Unas páginas de las que la ‘Casa delle Donne’ extraían la única información fiable sobre asesinatos machistas con la que se podía contar en este país.