El debate sobre la tolerancia salta de la comunidad escolar de Nueva York al resto del país

El estado de Nueva York no solo es uno de los más avanzados del país estadounidense en cuanto a leyes protectoras de los estudiantes, sino que fue también el primero en abrir las escuelas en plena pandemia, el pasado otoño, en la búsqueda de la mejor opción para los alumnos. Por eso ha sorprendido especialmente la difusión de material destinado a construir una “etnografía de la blancura” por parte de una escuela pública de la East Side Community School de Manhattan, “ya que son los blancos los que escriben y gobiernan a los demás”, según palabras del Mark Federman, director del centro.

Este material, que da a elegir a los padres de los alumnos entre ocho tipos distintos de blancura, establece una clasificación entre el “supremacista blanco” y el “abolicionista blanco”, pasando por el “blanco cotilla” o el “crítico”, entre otros. La encuesta ha provocado una reacción virulenta por una parte de la sociedad que ve en ello discriminación racial hacia la comunidad blanca y propone un cuestionamiento de los estándares educativos actuales.

El folleto se ha vuelto viral en las redes sociales tras su publicación por parte del periodista y cineasta conservador Christopher Rufo, que defiende la Teoría Crítica de la Raza Teoría Crítica de la Raza (CRT) del sistema de educación pública de Estados Unidos. “Este es el nuevo lenguaje de la educación pública”, escribió en Twitter.

El debate, ya presente hace tiempo en los medios, critica además la excesiva atención que reciben materias como las matemáticas y la lectura en detrimento de la historia y la educación cívica, lo que ha acabado socavando “un sentido de historia y cultura comunes”, publicaba hace un año el New York Post New York Post, el mismo medio que ha desvelado la encuesta de la East Side Community School.

Ese artículo ya recogía las diferencias educativas que hay entre los que defienden el Proyecto 1619, que examina el legado de la esclavitud en los Estados Unidos y ha sido agregado al plan de estudios de 3.500 escuelas de educación secundaria del país, y los que están en contra por considerar que “estamos diciendo a los jóvenes que su país es racista y opresivo y ha fallado a lo largo de los años….en lugar de decir que fuimos fundados con ideales increíbles que a veces no hemos logrado cumplir”, según palabras del experto educativo Michael J. Petrilli.

A pesar de que el Departamento de Educación de Nueva York declaró, a través de un comunicado, que la encuesta “formaba parte de una serie de materiales destinados a la reflexión”, las críticas han sido tan furibundas que un portavoz de la escuela tuvo que pedir tranquilidad tras comunicar que los trabajadores del colegio estaban recibiendo amenazas e insultos racistas. “Nada justifica el lenguaje amenazante y el abuso dirigido a nuestros educadores”, señaló.

Las autoridades educativas de ese estado han recordado que “la lucha contra el racismo y la celebración de la diversidad es el núcleo de nuestro trabajo, en nombre de los jóvenes de nuestra ciudad”. A nivel legislativo, los estudiantes neoyorquinos son de los más protegidos del país, gracias a la Ley de Dignidad para todos los Estudiantes (DASA, según sus siglas en inglés).

Esta nueva ley es la primera legislación estatal integral contra el acoso y la discriminación que se pone marcha en Nueva York y prohíbe estas prácticas por parte de empleados o estudiantes en la propiedad escolar en acciones basadas en la raza, color, peso, nacionalidad, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género o sexo.

El estado de Nueva York también dispone de otras leyes federales, estatales y locales que previenen la discriminación, brindan protección contra el acoso escolar y exigen ciertas medidas para garantizar una educación equitativa a todos los estudiantes. Así, las personas que crean haber sufrido cualquier tipo de discriminación pueden seguir el proceso interno de quejas de cada centro escolar, el distrito escolar o la ajunta de educación estatal para denunciar su caso.

El fiscal general de estado es quien tiene autoridad para hacer cumplir las leyes estatales y amparar de las irregularidades correspondientes a los estudiantes, ante cualquier violación de la misma. En el caso de las escuelas públicas, estas serán consideradas responsables de irregularidades (lesiones físicas o acoso continuo) si estas son cometidas tanto por profesores como por estudiantes.

Uno de los grupos de estudiantes que más agresiones físicas o verbales recibe es el de Lesbianas, Gays, Bisexuales o Transgénero (LGTB). En una reciente encuesta incluida en la página web de la Fiscalía General del Estado de Nueva York Fiscalía General del estado de Nueva York, se desvela que 4 de cada 5 estudiantes LGTB en Nueva York han sufrido acoso verbal y 1 de cada 3, abuso físico debido a su orientación sexual. Antes de la que existiera la ley DASA, solo 1 de cada 5 estudiantes asistían a una escuela con política integral contra el acoso y la intimidación, mientras que ahora se requiere que todas las escuelas públicas adopten políticas al respecto.

También la Comisión de Derechos Humanos del estado, que ha identificado hasta 31 tipos de identidad de género en Nueva York, tiene potestad para sancionar a las empresas que violen su legislación, siendo “ilegal discriminar por identidad de género y expresión de género en el lugar de trabajo, espacios públicos y en la vivienda”. Las empresas que violen dicha ley pueden afrontar sanciones de hasta 250.000 dólares.

Pero la discusión sobre el debilitamiento de “las normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica” no es nuevo. Hace un año, más de cien expertos en diversas áreas (educación, periodismo o activismo, entre otras) firmaban una carta en la que demandaban mayor inclusión e igualdad en la sociedad. Pero alertaban al mismo tiempo sobre la necesidad de que se respetara el libre intercambio de ideas, ya que la censura y la intolerancia estaban alcanzando grandes cotas.

Personalidades como el filósofo y politólogo Noam Chomsky, la escritora J.K. Rowling o el científico cognitivo Steven Pinker reivindicaban la necesidad de exponer ideas y llegar a acuerdos sin sufrir censura ni represalias profesionales. “La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, discusión y persuasión, no tratando de silenciarlas o desearlas”, señalaba la misiva publicada en Harper's Magazine.

El filósofo Slavoj Zizek es otra de las personalidades que se ha opuesto a la llamada “corrección política” que él mismo denomina como “una forma de usar el lenguaje como manera de esconder los problemas de la sociedad sin hacer nada para resolverlos”. A pesar de que esta forma parte de la cultura y cortesía estadounidense, cree que puede ser un peligro porque “puede utilizarse para ampliar viejos métodos autoritarios”, según recoge en la publicación BigThink.com.

Y es que en los últimos años han sido numerosos los casos en los que destacados profesionales han sido señalados por sus ideas políticas o ideologías. Es el caso de Pinker, cuya expulsión de la Sociedad Lingüística de Estados Unidos fue propuesta a través de una carta abierta por su supuesto fomento del racismo y machismo.

Este escritor y profesor de Harvard ha sido uno de los más críticos con la necesidad de mejora de los líderes de opinión de las sociedades. Ha expresado en numerosas ocasiones su opinión sobre el excesivo uso de la corrección política en los círculos progresistas y cómo ello es especialmente peligroso en los centros donde se imparte conocimiento, como las universidades.

Las universidades se han visto en los últimos años en el ojo de huracán no sólo por la existencia de un contexto excesivamente pulido en sus formas, sino por acusaciones de discriminación en un intento de llevar lo políticamente correcto al extremo. Es el caso de Yale, la prestigiosa universidad ubicada en New Haven, Connecticut, que ha sido demandada por violar la ley federal de derechos civiles al discriminar a solicitantes asiáticos-estadounidenses y blancos.

Esta acusación se produce tras una investigación de dos años de la administración Trump y podría tener graves consecuencias ya que cuestiona la “discriminación positiva” creada en la época de la lucha por los derechos civiles. La universidad de Harvard también se ha enfrentado al mismo cargo pero en ambos casos las instituciones han defendido su derecho a ello.

En un comunicado, la Universidad en Yale señaló que “en este momento único de la historia, cuando se está prestando tanta atención a las cuestiones raciales, Yale no vacilará en su compromiso de educar a un cuerpo estudiantil cuya diversidad es una marca de su excelencia”.

La Universidad de Harvard también ha sido acusada de poner en peligro la libertad académica y de expresión al despedir al profesor Subramanian Swamy, por un artículo de opinión publicado, en un periódico indio, en 2011. A raíz de un atentado terrorista en Mumbai, en el que murieron 26 personas, el profesor reclamaba una ley nacional que prohibiera la conversión del hinduismo a cualquier otra religión e incluso el voto para aquellos indios que no reconocieran “con orgullo el hinduismo de sus antepasados”.

Esto dio lugar a la petición de un grupo de estudiantes contra él por “infringir los estándares más básicos de respeto y tolerancia por lo que no puede tener espacio en la comunidad de Harvard”. La historia terminó con la cancelación de todos los cursos impartidos por el profesor.

Y los medios no han sido una excepción. Hace unos meses Dean Baquet, el director de Opinión del New York Times, “dimitió” tras la polémica generada por las respuestas a la tribuna publicada por el senador republicano Tom Cotton, en la que pedía una reacción militar tras las protestas por la muerte de George Floyd.

Baquet explicó que “la sección de Opinión se lo debe a sus lectores, debe mostrarles los contraargumentos, particularmente aquellos realizados por personas en posición de establecer políticas” pero el periódico acabó pidiendo disculpas por el artículo admitiendo que no había sido editado con el necesario rigor y el periodista dejó su puesto.

Este fenómeno se ha denominado “cultura de la cancelación” (cancel culture en su término original en inglés) por algunos estudiosos, como la profesora de la Universidad de Michigan, Lisa Nakamura, y consiste en retirar el apoyo económico, profesional, moral social e incluso digital a personas o entidades como consecuencia de acciones o comentarios específicos.

Es el resultado de la instauración en la sociedad de una corriente que no está a favor de las críticas ni cuestionamientos y se centra en la retirada masiva de apoyo a figuras públicas que han hecho o apoyado acciones no aceptadas socialmente, en la actualidad.

Por ello tiene un éxito mayoritario en las redes sociales donde, de forma anónima, cualquier persona puede censurar a otra por tener una opinión contraria. La paradoja es que, en ciertos contextos donde impera el juicio exprés, las redes sociales se han convertido en las hogueras de la Edad Media siendo una práctica además, políticamente correcta.