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El enorme poder de las grandes compañías tecnológicas como Google, Amazon o Apple, que han desconectado de sus servidores y tiendas de aplicaciones algunas redes sociales usadas por Trump o su entorno, vuelve a estar en el centro del debate. La cuestión es si debe predominar la libertad de expresión o es necesario censurar las manifestaciones que incitan a la violencia y la amplificación de la ira, pudiendo llegar a tener consecuencias como las ocurridas en los últimos días, que cristalizaron en el asalto del Capitolio.
Ahora que el silencio inunda las redes sociales, al menos para Trump y parte de sus seguidores, puede que sea el momento de repensar la labor de estas plataformas. De Twitter, la más usada por el presidente, a Parler, la favorita de sus votantes más radicales, todas ellas han ejercido como altavoces de las conspiraciones, acusaciones y medias verdades movidas por unos algoritmos ajenos a las consecuencias.
Las secuelas inmediatas se han visto en el ambiente de violencia desatado el pasado 6 de enero, que no es más que la eclosión de lo sembrado durante los últimos cuatro años. Pero durante este tiempo también se ha establecido una forma de hacer política, de forma compulsiva, que los medios han seguido y difundido haciendo un titular de cada uno de los post del presidente. Las publicaciones incendiarias de Trump, destinadas a inspirar a sus seguidores, han supuesto el alimento de numerosas noticias aunque las críticas a ciertos mensajes también han sido habituales en los medios.
Así, ha habido división de opiniones entre la opinión pública, que se ha repartido entre la indignación y la admiración en diferentes ocasiones. Las recientes elecciones, en las que los mensajes de fraude se repitieron de forma obsesiva por parte de Trump, han sido un hervidero de apoyos y críticas, a partes iguales, entre las comunidades que conforman los seguidores de las diferentes cuentas digitales.
La última persona relevante en manifestarse al respecto ha sido la canciller Angela Merkel, que ha considerado “problemática” la expulsión del mandatario estadounidense de Twitter. El portavoz de la dirigente alemana, Steffen Seibert, señaló que si bien las plataformas de redes sociales tienen “una gran responsabilidad para que la comunicación política no sea envenenada con el odio, las mentiras y la incitación a la violencia”, la libertad de opinión es “un derecho fundamental de importancia elemental”.
Y añadió que dicho derecho puede ser intervenido pero “de acuerdo con la ley y dentro del marco definido por los legisladores, no siguiendo una decisión de la administración de las plataformas de redes sociales”.
Con anterioridad la mandataria se había mostrado "enfadada y triste" por los recientes sucesos del Capitolio, a través de la cuenta de Twitter de Seibert.
El debate ha estado servido desde el momento en el que tanto Facebook como Twitter anunciaron, tras el asalto al Capitolio, que prohibirían el uso de sus plataformas a Donald Trump al menos hasta que dejara su cargo, el próximo 20 de enero. Más adelante Twitter señaló que lo haría de forma indefinida. Las cuentas personales del presidente saliente fueron vetadas por “incitar a la violencia”, una medida con un efecto dominó que hizo que otras redes sociales como Snapchat, YouTube o Parler, la favorita de sus seguidores más radicales, también hayan dejado del funcionar para él.
En el caso de Parler la decisión vino de las tecnológicas que amparan su soporte de computación en la nube. Amazon.com y Google retiraron el pasado lunes su apoyo tecnológico y John Matze, el director ejecutivo de Parler, sólo pudo lamentarse por ello. “Es probable que estemos inactivos más de lo esperado”, escribió en su red antes de que esta dejara de funcionar.
En anteriores ocasiones Twitter ya había eliminado otras cuentas por incitar a la violencia, como fue el caso de Hamás o Hezbollah. "Gracias @Twitter por suspender las cuentas de Hamás y Hezbollah", escribió en su momento Jonathan Greenblat, CEO de la Liga Antidifamación, a lo que un portavoz de la red social respondió: "No hay lugar en Twitter para organizaciones terroristas ilegales y grupos extremistas violentos".
También en 2019 fueron cerradas más de mil cuentas relacionadas con el partido Alianza PAÍS del presidente ecuatoriano Lenin Moreno, en este caso "de acuerdo a nuestra política sobre la manipulación en nuestra plataforma, suspendimos de forma permanente todas estas cuentas", anunció Twitter en esos momentos.
Pero las críticas han resurgido en Estados Unidos, recientemente, por el hecho de que la empresa de Jack Dorsey mantenga en activo cuentas como la de Nicolás Maduro, el mandatario de Venezuela, al que una comisión de investigación de Naciones Unidas acusó de cometer crímenes contra la humanidad, o a los grupos Antifa estadounidenses, que se organizaron a través de estas plataformas para llevar a cabo los disturbios tras la muerte de George Floyd.
En el caso del presidente norteamericano, esta no es la primera vez que se cuestiona hasta dónde puede llegar Trump con sus declaraciones a través de las redes. Ya el pasado mes de mayo, con motivo de las revueltas raciales, el mandatario publicó que “cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo”, lo que hizo que Twitter ocultara el post por “enaltecimiento de la violencia”. Aunque Facebook lo mantuvo, el CEO de Twitter Jack Dorsey comenzó en ese momento una estrategia de limitación de publicaciones de Trump según este difundía noticias falsas o incitaba a la violencia.
Las últimas declaraciones de Dorsey han mostrado su preocupación acerca de que pueda erosionarse un "Internet global, libre y abierto". Sin embargo, aunque no se ha manifestado "orgulloso" de haber tenido que bloquear la cuenta de Trump, cree que tomó la decisión correcta ya que se enfrentaba "a una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todos nuestros esfuerzos en la seguridad pública".
La reacción del presidente saliente, que ahora se ve silenciado en su red social favorita y que no puede comunicarse de forma digital con sus seguidores, ha sido anunciar acciones legales contra Facebook y Twitter, según ha informado Associated Press. La primera consecuencia de ello, ya de carácter económico, ha sido el desplome de las acciones en un 7’2% y un 2’5%, respectivamente.
Pero esta es una guerra que no ha hecho más que empezar. Una más en la legislatura de un presidente que se va dejando más demandas y juicios abiertos que ningún otro y protagonizando un convulso final de mandato al que aún le quedan cuatro días impredecibles.