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Es una historia compleja, como todo lo que pasa últimamente en Washington. Con una trama digna de guión cinematográfico, que se complica cada segundo que pasa.
Dos hombres que trabajaban para Rudolph W. Giuliani desde finales de 2018 han sido detenidos tras ser acusados de violar la ley de financiación electoral e inyectar dinero extranjero ilegalmente en las elecciones de Estados Unidos. Usaron ese dinero para conseguir influencia política en Washington e, incluso, presionar para el cese de la ex embajadora estadounidense en Kiev.
Los dos están conectados con los esfuerzos de Giuliani, abogado personal del presidente Trump, para encontrar trapos sucios de Joe Biden en Ucrania. Y son dos nombres clave en la investigación del Congreso, dentro del proceso de destitución contra el presidente puesto en marcha por la mayoría demócrata.
Se trata de los empresarios Igor Fruman y Lev Parnas. Y fueron detenidos por el FBI en el aeropuerto de Dulles, cercano a la capital estadounidense, justo antes de embarcar en un vuelo internacional. Con billetes solo de ida. Están acusados de conspiración, falso testimonio a la Comisión Federal Electoral y falsificación de documentos, junto a David Correia y Andrewy Kukushkin.
Los dos hombres, que llevaban tiempo siendo investigados por la Fiscalía de Manhattan, se dedicaron a gestionar los esfuerzos de Giuliani para que funcionarios del gobierno de Ucrania pusieran en marcha una investigación sobre los negocios en el país del exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, así como otras investigaciones sobre el papel de Ucrania en las elecciones de 2016, la campaña de Hillary Clinton y el informe del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller. Sus visitas a Kiev eran frecuentes, así como las reuniones con el exfiscal Yuri Lutsenko. Como una campaña en la sombra, según el Washington Post.
Pero la acusación no menciona a Giuliani. Sí describe multitud de donaciones a políticos en secreto, con origen desconocido, superando los máximos permitidos y beneficiando intereses extranjeros. “Conspiraron para esquivar las leyes federales contra la influencia extranjera, participando en una trama para canalizar dinero extranjero a candidatos federales y estatales, para que los acusados pudieran comprar potencial influencia con los candidatos, campañas y los gobiernos de los candidatos.“
Según los documentos judiciales, Fruman y Parnas usaron transferencias de su compañía empresarial para hacer donaciones de 325.000 dólares a organizaciones que recaudan fondos para la campaña de Trump en 2018, como el “super-PAC“ America First Action. Pero ese no era el origen del dinero.
Según la fiscalía, los dos hombres aseguraron que las donaciones venían de un negocio propio, pero en ese punto la compañía aún no tenía ingresos. La gran pregunta es de dónde venía entonces ese dinero. Los documentos apuntan a un empresario ruso no identificado en busca de apoyo político para un negocio y licencias de marihuana. Y a fondos de un total de un millón de dólares. Las leyes de financiación de campaña prohíben donaciones políticas de extranjeros.
Estas no fueron las únicas donaciones. En algo más de dos meses, donaron casi medio millón de dólares a campañas republicanas y otros PACs. Esta cantidad de dinero dio acceso a dos figuras desconocidas en Washington a los niveles más altos del partido y del gobierno. Los medios estadounidenses han publicado fotos de reuniones con Trump en la Casa Blanca y su resort de Mar-a-Lago en Florida, así como comidas con los hijos del presidente. También otros detalles de extensos gastos de los empresarios en hoteles, limusinas, restaurantes exclusivos y clubs de striptease.
Según la acusación, al mismo tiempo Parnas y Fruman usaron estos contactos y donaciones en Washington para presionar por el cese de la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Louise Yovanovitch, y para ello buscaron la ayuda de un congresista, que no es identificado en los documentos y que también recibió donaciones que superaron los límites permitidos por la ley electoral. “Los esfuerzos de Parna para destituir a la embajadora fueron llevados a cabo, al menos en parte, a petición de uno o varios funcionarios del gobierno ucraniano.“
Y trabajaban para Giuliani desde finales de 2018. El interés de Trump y su abogado por una investigación de Ucrania a los Biden se reveló en la transcripción de la llamada telefónica de Trump y el presidente ucraniano mantenida el pasado 25 de julio. La conversación está en el centro de la investigación del Congreso, con los ojos puestos en un juicio político contra el presidente de Estados Unidos.
Los demócratas le acusan de abuso de poder e investigan si Trump congeló la ayuda militar al país a cambio de investigar a un potencial rival electoral. También el despido de la embajadora forma parte del eje de esta investigación, cesada por Trump en primavera.
Parnas declaró al periódico The Washington Post que decidió entrar en cuestiones políticas porque era un gran seguidor de Trump, después de haber crecido en Nueva York y haber vendido apartamentos para la Organización Trump hace décadas. También explicó al diario Miami Herald que las donaciones políticas venían de beneficios obtenidos a través de la venta de apartamentos en el área de Miami.
Todo ello está bajo investigación. Tres comités del Congreso han enviado citaciones para obtener todos los documentos y extractos bancarios de Parnas y Fruman, basados en Florida. Así como del abogado del presidente, Rudy Giuliani. La Casa Blanca anunció esta semana que se niega a cooperar con la investigación, que considera ilegítima e inconstitucional, además de un teatro político de los demócratas.