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Hace unas semanas Estados Unidos notificó formalmente a la ONU su salida del Acuerdo de París. El presidente Donald Trump anunció la decisión en junio de 2017, una de sus grandes promesas electorales. Y este otoño, más de dos años después, siguiendo las normas del pacto, la administración estadounidense formalizó la salida, que se hará efectiva en noviembre de 2020, poco después de las elecciones presidenciales en las que Trump se juega la reelección. Será el ultimo adiós de Estados Unidos, el único país fuera del acuerdo global firmado en 2015 por cerca de dos centenares de países del mundo.
Washington insiste en que su compromiso con la defensa del medioambiente sigue en pie, pero en base a un “modelo realista“ que no suponga un “lastre“ a la economía y la creación de empleo. “Hoy empezamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su trayectoria como líder mundial en la reducción de emisiones, impulsando la Resistencia, el crecimiento de nuestra economía y asegurando el suministro de energía para nuestros ciudadanos”, anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo. Mientras Trump, que lleva años cuestionando el cambio climático, aseguraba que es uno de los presidentes de la historia con mejor trayectoria en la defensa del medioambiente.
El presidente estadounidense apenas apareció unos minutos en la Cumbre del Clima que se celebró en Nueva York en septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahora envía una delegación de segundo nivel a Madrid para representar a Estados Unidos en la nueva cita internacional. Pero sí se espera que asistan otros congresistas estadounidenses, en representación de los estados y ciudades del país que se han desmarcado de la política climática del presidente, especialmente demócratas.
En los últimos tres años, la administración Trump ha tumbado numerosas medidas puestas en marcha por su antecesor Barack Obama, como la supresión de controles de emisiones de metano en pozos de petróleo o de protecciones a especies amenazadas. La desregulación en materia de lucha contra el cambio climático se ha convertido en bandera de su política medioambiental.
Una de las primeras decisiones de Trump como presidente fue nominar al polémico Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), el organismo que se dedica a la preservación del medioambiente.
Pruitt, conocido por su escepticismo sobre el cambio climático y sus vínculos con la industria del petróleo y el gas, había sido fiscal general del estado de Oklahoma y demandó a la EPA en varias ocasiones. Su confirmación generó protestas en varios puntos del país. También en Washington, donde se manifestaron centenares de empleados de la agencia. Scott terminó dimitiendo un año después. Fue acusado de irregularidades en su gestión, tras un escándalo sobre el gasto público en viajes y seguridad de primera clase.
Trump nominó después a Andrew Wheeler para el cargo, lo que no calmó las protestas precisamente. Wheeler trabajó para una de las principales empresas de carbón del país, Murray Energy, y tuvo vínculos con compañías mineras y grupos a favor de los combustibles fósiles.
Desde entonces ha habido diversas manifestaciones contra el cambio climático en la capital estadounidense. Ninguna de ellas masiva. La última en septiembre, una concentración en el centro de Washington liderada por los jóvenes estudiantes, que contó con la asistencia de la adolescente sueca, Greta Thunberg. Se reunieron frente a la Casa Blanca antes de la pasada cita climática en Nueva York.
Pero la Casa Blanca no ha respondido ante ninguna de estas protestas. Tampoco a las que llegan desde el ámbito científico. 400 científicos estadounidenses cargaron contra el presidente por negar el cambio climático, después de que Trump lanzara varios mensajes irónicos en las redes sociales, preguntándose por el calentamiento global, con temperaturas de 40 grados bajo cero durante las olas de frío en algunas zonas del país.
Su escepticismo es compartido por muchos en las filas republicanas. Pero este no es un debate prioritario en la agenda política de Washington. Tampoco en el Congreso de Estados Unidos, sumido en el proceso de destitución contra el presidente Trump, abierto por los demócratas en septiembre.