Los acampados en Sol denuncian "una intervención policial violenta" con "golpes" y uso de "gas pimienta"
La Delegación del Gobierno defiende la actuación en el marco de una medida de "último recurso" y afirma que "se ha desarrollado sin violencia"
MadridLa acampada de Sol llega a su fin después de 38 días. Poco antes de las cuatro de la madrugada han sido desalojados todos aquellos que habían decidido quedarse pese a los avisos de la delegación del Gobierno. Agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal han llevado a cabo la intervención, en la cual han llegado a detener de dos personas por resistencia a la autoridad, sin que se hayan registrado mayores incidentes.
Según ha defendido Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana tras la dimisión de Francisco Martín, la actuación en el kilómetro cero de la capital se ha realizado en el marco de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.
Los acampados en Sol denuncian "una intervención policial violenta" con "golpes" y uso de "gas pimienta"
A través de un comunicado, Delegación del Gobierno responde así la actuación realizada tras las acusaciones y denuncias vertidas por la organización de la acampada 26S, que ha acusado a las unidades antidisturbios de acometer "una intervención policial violenta" en la Puerta del Sol con el uso de "gas pimienta" que habría dejado varias personas heridas.
"En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras", ha señalado la organización a través de una publicación en Instagram, en la que han compartido también varios vídeos en los que se puede ver a agentes antidisturbios de la Policía Nacional escoltando a varias personas desde el seno de la acampada hacia el exterior de la misma.
La Delegación de Madrid asegura que "el desalojo se ha desarrollado sin violencia"
Frente a ello, la Delegación del Gobierno en Madrid, que no hace mención en su comunicado a las cargas ni al uso de gases lacrimógenos denunciados por los acampados, señala que "el desalojo se ha desarrollado sin violencia".
A este respecto, aseguran que el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una "finalidad reivindicativa común", apostillando que, sin embargo, dicho derecho "no es ilimitado" y, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un "cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada".
Concretamente, desde la Delegación señalan que las principales organizaciones participantes se retiraron y que un gran número de las pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables", lo que, sumado a "la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada" --comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid--, generó un "peligro concreto para personas y bienes".
Junto a todo ello, la institución presidida por Pilar Trinidad apunta que el desalojo no ha sido una acción sobrevenida, sino el resultado de semanas de mediación.
Según el documento, el pasado 26 de octubre, el entonces delegado, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados advirtiendo de que el tiempo transcurrido era "razonable" para hacer llegar sus exigencias a la sociedad y planteando el fin de la protesta. Al no obtener respuesta, el 29 de octubre se envió un segundo requerimiento exigiendo el "desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad".
El 30 de octubre, los propios interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas y el fin de la reivindicación inicial, pese a lo cual permaneció un grupo "residual" que se negó a abandonar la plaza.
De esto modo, ante esta situación y los informes de la Jefatura Superior de Policía sobre incidentes en el entorno, la delegada emitió un oficio solicitando restablecer la normalidad "llevando a cabo las acciones necesarias", aunque "siempre bajo los criterios proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables".