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Con buena parte de la expectación mediática centrada en el desenlace del pequeño Archie Battersbee y su desconexión de la máquina que le mantiene con vida, en España lo que se sigue debatiendo en los juzgados es la eutanasia del ya conocido como el ‘pistolero de Tarragona’, cuya defensa insiste en su derecho a una muerte digna. Su futuro también está en manos de los jueces porque las familias de las víctimas, contras las que el exvigilante de seguridad disparó en diciembre de 2021, van a recurrir al Trinbunal Constitucional después de que la Audiencia de Tarragona le concediera ayer la que sería la primera eutanasia para un preso en España.
El pistolero de Tarragona disparó e hirió a tres excompañeros de trabajo y a dos agentes de los Mossos d’Esquadra que acudieron para detenerle. Los tres magistrados de la Audiencia de Tarragona finalmente le han concedido el derecho a la eutanasia por votación tras revisar los recursos interpuestos. El sindicato policial USPAC insiste en que sobre su derecho a una muerte digna prima el proceso penal que tiene abierto y el derecho de las víctimas a ser resarcidas, y por eso ahora la acusación anunciará un nuevo recurso, al Constitucional.
Ahora, queda por saber si es o no prioritaria la aplicación de la eutanasia ante ese recurso de amparo.
El 'pistolero de Taragona' pide la eutanasia por una lesión medular tras los disparos de los Mossos
El ‘pistolero de tarragona’, de 46 años, reclamó la eutanasia por la lesión medular que sufre a consecuencia de los disparos de los Mossos d'Esquadra, que en diciembre de 2021 le dispararon para reducirle cuando se atrincheró en una masía abandonada tras abrir fuego contra sus compañeros de la empresa de seguridad en que trabajaba.
Desde el primer momento, la acusación particular se opuso a su eutanasia, reclamando al juzgado que la paralizara, si bien la jueza decidió autorizarla el pasado 6 de julio al entender que la muerte digna es un "derecho fundamental" y argumentando que la justicia no puede interferir en un proceso de muerte asistida.
El sindicato USPAC logró paralizarla tras recurrir la resolución reclamando además que el juzgado elevase una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para aclarar si la ley de eutanasia puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas.
En dicho recurso, USPAC reclamaba ya entonces que se suspendiese el proceso de muerte asistida y que continúe el procedimiento penal abierto contra el vigilante.