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El debate sobre la gestación subrogada tras la noticia de Ana Obregón teniendo un hijo a través de un ‘vientre de alquiler’ en Estados Unidos ha puesto el punto de mira en las legislaciones sobre este proceso en países de nuestro entorno, donde dependiendo del lugar son absolutamente dispares.
En la mayoría países de la unión europea está prohibida la gestación subrogada tan solo tienen legislación específica Reino Unido, donde solo se permite a los británicos de forma altruista y además tras el parto, la madre pueda arrepentirse y quedarse con el niño. Algo parecido mismo sucede en Portugal.
En Grecia la situación difiere y queda limitada únicamente a las parejas heterosexuales, las parejas homosexuales lo tienen prohibido.
Sin embargo, en el resto de los países europeos como en Francia o Alemania esta práctica está expresamente prohibida, al igual que Italia donde desde 2004 es un delito con penas de cárcel de hasta 2 años.
En el caso de Irlanda, Países Bajos, Bélgica y la República Checa, no existe legislación y se tolera la práctica.
La gestación subrogada -práctica mediante la cual previo acuerdo con otra persona o pareja una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno y a luz a un bebé para esa persona o pareja- no es legal en España tal y como recoge la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.
En su artículo 10 sobre "gestación por sustitución" se indica que "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".
Este mismo artículo recoge, además, que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto" y que "queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales".
Además, desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto, en marzo de este año, la gestación subrogada está declarado en el país como una forma de violencia contra las mujeres. Además, prohíbe la publicidad de las empresas de intermediación que buscan contactar con familias o personas interesadas en España.
Sin embargo, España permite el registro de los hijos de parejas españolas que hayan recurrido a esta práctica en el extranjero.