¿España tolera el racismo?: por qué sólo se condenan uno de cada 20 delitos de incitación al odio

El 26 de enero de 2023, horas antes de uno de los grandes derbis madrileños, apareció colgado de un puente un muñeco hinchable con la camiseta de Vinícius. Junto al maniquí ahorcado, una pancarta de 16 metros en la que se podía leer: “Madrid odia al Real”.

El martes, casi cuatro meses después de estos acontecimientos y en medio del escándalo internacional surgido por el enésimo ataque racista al jugador, la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas: “Por colgar de un puente un maniquí con la camiseta de Vinícius”.

Los arrestados, tres de ellos miembros del Frente Atlético, fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz como presuntos responsables de un delito de odio, un delito que, según el artículo 510 del Códido Penal, puede ser castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. Aunque, atendiendo a las estadísticas, lo más probable sería que fueran absueltos.

1.800 delitos y solo 90 condenas

Según los registros del Ministerio del Interior y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), de los 1.802 delitos de odio registrados en 2021 (la mayoría motivados por el racismo y la xenofobia) fueron procesados 192 y tan solo 91 terminaron con una sentencia condenatoria. Eso teniendo en cuenta que el 90% de los incidentes no se denuncian por diferentes motivos, explica a NIUS Karoline Fernández de la Hoz, Directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

En este caso, después de tomarles declaración, para lo que la ley establece un plazo de 72 horas, los cuatro detenidos pasarán a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid. Lo más probable, indica a NIUS el magistrado Joaquim Bosch, es que el juez acuerde la libertad provisional y no la prisión preventiva. Después, en las próximas semanas, se practicarán las diligencias de instrucción pertinentes y, si hay indicios de delito, se celebrará un juicio, señala Bosch.

Un procedimiento que puede durar años

Si la sentencia será condenatoria o absolutoria es imposible de predecir ya que dependerá de las pruebas existentes, del desarrollo de la instrucción y del juicio, explica el jurista. Teniendo en cuenta los datos antes mencionados, es bastante probable que el caso termine impune. Un procedimiento que puede durar meses e incluso años. “Dependerá de las diligencias de instrucción que tengan que practicarse”, explica Joaquim Bosch.

Son todas estas trabas lo que lleva a organizaciones como Fare Network, creada para combatir la discriminación en el fútbol europeo, a decir que la liga de fútbol y las autoridades españolas se están “lavando las manos” con estos incidentes, informa CNN.

"En España somos antirracistas", asegura Ia portavoz del Gobierno

Ello a pesar de que el Gobierno ha expresado su “absoluto rechazo” y condena a estos comportamientos. “Comportamientos que en España no quedan impunes, se persiguen y se castigan”, aseveró la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros del martes.  

Según Isabel Rodríguez, es una evidencia que estos hechos suceden y hay quienes justifican este tipo de comportamientos. “En España somos antirracistas porque condenamos y trabajamos para erradicar estos comportamientos”, indicó la ministra de Política Territorial.

Tal y como recuerda Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, en España hay una ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia impulsada a raíz de unos episodios similares que sufrieron Eto’ o y otros jugadores. Ante esta recurrencia de los acontecimientos se creó una ley y una serie de instrumentos para hacer seguimiento del problema, incluso se hizo una reforma del Código Penal en 2015.

El problema: la permisividad y la banalización

Hay legislación suficiente para perseguir estas acciones tanto por la vía administrativa como por la vía penal, el problema, según explica Esteban Ibarra, es que al final no se aborda el asunto, hay permisividad, se banaliza el problema y la actuación de los responsables es indolente. Así da igual que haya decenas de leyes.

Con el caso Vinícius el escándalo es tan monumental que puede ser que los que tienen que aplicar esta legislación con firmeza y con rigor cambien de actitud. “Nosotros fuimos los primeros en denunciar el caso Vinícius con la Asociación de Futbolistas Españoles ante la Fiscalía”. Denuncias que, asegura Ibarra, se han ido archivando. Los argumentos que suelen dar es que las personas que profieren esos insultos racistas están amparados en la masa, que no se han podido identificar…. “Pues que adopten medidas cautelares, que pidan autorización para llevar cámaras e identificar a la gente, porque saben que esas cosas van a pasar”, señala el activista.

Coincide en la misma línea Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género y de delitos de incitación al odio. "Judicialmente no se puede hacer mucho más pero sí se puede hacer pedagogía para erradicar este tipo de comportamientos. La identificación suele ser complicada porque se confunden con la gente. Se han dado casos donde al no poder hacerlo no se ha podido castigar a los autores". Gisbert recalca la importancia de que la víctima dé un paso al frente porque se siente humillada, "componente importante para aplicar el delito de odio".

"Una acción organizada que arrastra a buena parte de las aficiones"

Tienen que investigar y depurar responsabilidades, indica Esteban Ibarra, porque estamos ante una presunta acción organizada estimulante de este tipo de insultos y comportamientos. "Son los de siempre, grupos ultra que siguen arrastrando a buena parte de las aficiones". Según el experto, lo que todo el mundo debe tener muy claro es que:

  • El derecho al insulto no existe.
  • Un insulto de carácter racista es un delito, tal y como contempla el artículo 510 del Código Penal.
  • La Fiscalía y el juzgado pertinente no pueden quedarse en “la epidermis”, tiene que investigar quién está detrás del asunto y depurar las responsabilidades.

España va por "un camino peligroso"

Porque el daño no es solo a un jugador, “que ya está bien”, incide el director del Movimiento contra la Intolerancia, sino que se daña el conjunto de la actividad deportiva del fútbol y se hace daño al país entero. Este tipo de delitos, como los delitos de odio, tienen la capacidad de dañar y fracturar al conjunto del país. Por ello, considera el experto, es importante que quienes tienen que tomar medidas, como son los fiscales o los jueces de instrucción, actúen con diligencia y lleguen hasta el final.

En todo caso, señala Ibarra, también se pueden adoptar otras medidas como el cierre parcial de gradas, la sanción individual a un seguidor, las multas, la suspensión del partido o la responsabilidad del club; medidas, todas ellas, que "están contempladas en la ley contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte", recuerda. Pero en España "hay un agujero con el fútbol, es ahí donde anidan los ultras que aprovechan para infectar al fútbol y del fútbol al país entero". Un problema de tolerancia con el racismo que se repite en otros países como Portugal o Irlanda, aunque “España va por un camino peligroso de crecimiento precisamente por esa impunidad”, concluye el especialista.