El fiscal pide alejamiento para los menores investigados por acoso a un alumno con discapacidad de un instituto de Santander
La Fiscalía de Cantabria ha pedido alejamiento para los cuatro menores investigados
La Consejería de Educación de Cantabria estudia además cambiar de centro a los investigados
El AMPA del IES de Santander condena la agresión a un alumno con discapacidad, pero piden "calma y responsabilidad"
La Fiscalía de Cantabria ha pedido, como medida cautelar, que los cuatro menores investigados por acosar a un compañero del instituto Torres Quevedo de Santander, un estudiante con discapacidad, no puedan acercarse al menor a su domicilio, ni al centro educativo ni comunicarse con él.
En un escrito remitido a los medios de comunicación, la Fiscalía de Menores de Cantabria señala que investiga este caso como posible delito de lesiones o maltrato de obra y de discriminación.
Los hechos fueron denunciados alrededor de la segunda semana de marzo por la familia de la víctima, que señaló que cuatro compañeros le acosaban en el instituto donde comparten clase.
La Fiscalía abrió diligencias por estos hechos que se resolverán, según recuerda este viernes en su escrito, conforme a la "Ley del Menor, Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, una vez oídas las defensas".
La Policía Nacional ha trasladado varios efectivos al centro, lo mismo que hicieron ayer después de que, según ha explicado el consejero de Educación, Sergio Silva, se publicara por internet la identidad de los menores investigados.
En declaraciones a los periodistas tras visitar otro centro escolar de Santander, Silva ha señalado que se está estudiando con la familia de los cuatro investigados el traslado de esos menores a otro instituto, antes de que la Fiscalía diera a conocer su solicitud de alejamiento.
La Consejería de Educación estudia cambiar de centro a los investigados
Tras la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, el Juzgado de Menores de Cantabria tendrá que dictaminar sobre esa petición de alejamiento de los cuatro menores, una resolución que posiblemente se adopte al inicio de la próxima semana
La Consejería de Educación de Cantabria estudia con las familias de los cuatro menores investigados por acoso a un compañero con discapacidad en un instituto de Santander la posibilidad de un cambio de centro para evitar la interacción entre ellos y "normalizar la situación". Carmen, harta de que no se hiciera nada para ayudar a su hijo, acudió a ‘El programa de Ana Rosa’ y, gracias a su llamamiento, la consejería de Educación de Cantabria ha intervenido en el caso.
Por su parte, Educación estudia esa salida porque el procedimiento disciplinario que ha abierto está paralizado para no entorpecer la investigación de la fiscalía, según ha explicado, en declaraciones a los medios, el consejero Sergio Silva, quien ha subrayado que "la prioridad absoluta" es garantizar la seguridad del alumno que fue agredido en el instituto.
Los datos de los presuntos agresores han circulado por redes sociales
Agentes de policía estuvieron vigilando el centro este jueves después de que empezaran a circular por internet los datos personales de los agresores, ha señalado el consejero, quien ha añadido que ese es otro problema ante el que es necesario "estar alerta".
Según Silva, no hay constancia de que el menor haya sufrido anteriormente otras situaciones de la gravedad como la que fue grabada y difundida en redes sociales, pero se está investigando para determinar si fue una agresión puntual o, por el contrario, si ha sido víctima de acoso.
"Algo ha fallado. Tendremos que analizar en qué contexto se ha producido, en qué entorno temporal, qué personas hay implicadas, no tanto para echar la culpa a nadie, sino para mejorar y que esto no vuelva a suceder", ha afirmado el consejero, que ha añadido que el alumno agredido necesita la asistencia de técnicos sociosanitarios que están de forma estable con él.
Tras lo ocurrido, ha dicho, se ha "redoblado el esfuerzo de presencia permanente" con el menor y "se ha ampliado el foco" a su tutora, el equipo docente y la dirección del instituto.
Como ha recordado Silva, aunque este caso ha saltado a los medios esta semana, la Consejería de Educación está en contacto con las familias desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, el pasado 12 de marzo, y los agresores fueron sancionados con una expulsión de cinco días.
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