Liberan a ocho mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos prostíbulos del sur de Tenerife

La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres ,de entre 18 y 25 años, que eran explotadas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional en el sur de Tenerife. Los nueve detenidos, de una misma familia, captaban a las mujeres desde Colombia y les pagaban el viaje a España haciéndolas pasar como turistas para que ejercieran la prostitución.

La Policía ha liberado a ocho víctimas, aunque ha identificado a 36 mujeres dedicadas a la prostitución, según ha informado este miércoles en un comunicado en el que detalla que la organización criminal les prometían que iban a obtener mucho dinero ejerciendo la prostitución.

Las mujeres adquirían una deuda de 3.000 euros por los gastos de viaje y otros, que debían pagar ejerciendo la prostitución 24 horas al día los siete días de la semana, sin descanso, incluso, cuando alguna de ellas contrajo infecciones venéreas.

Los nueve detenidos, son todos familia, de origen venezolano; los cinco principales responsables han ingresado en prisión provisional-, y se han realizado cinco entradas y registros de inmuebles, clausurando dos de ellos.

La investigación comenzó en 2024 a raíz de la declaración de una víctima que alertaba de la existencia de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres de Colombia a España para explotarlas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en el sur de la isla de Tenerife.

La organización criminal estaba dirigida por una familia de cinco ciudadanos de origen venezolano, que se dedicaba a la captación y tráfico ilegal de mujeres colombianas "muy jóvenes", según fuentes de la Policía Nacional.

Las mujeres, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en Colombia por una colaboradora del clan familiar que se encargaba de convencer a las víctimas para viajar a España mediante falsas promesas de ganar mucho dinero ejerciendo la prostitución en unas condiciones que diferían mucho de la realidad.

Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta Tenerife, con escala en Madrid, y, además, les gestionaba un seguro de viaje y una reserva de hotel ficticia.

Antes de viajar a España eran aleccionadas sobre cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recibían una cantidad de dinero en efectivo para justificar los medios económicos suficientes para el cruce de la frontera.

Los integrantes del clan familiar recibían a las víctimas en el aeropuerto Tenerife Norte, les retiraban el dinero en efectivo que les habían enviado y las trasladaban en vehículo directamente hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzaban a ejercer la prostitución hasta pagar las deudas contraídas.

Obligadas a prostituirse las 24 horas al día de lunes a domingo sin descanso

Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con dos supuestas horas de descanso diarias que no se cumplían, puesto que, si aparecía un cliente, eran obligadas a regresar al piso.

Las mujeres eran obligabas a fotografiarse semanalmente para publicar anuncios en internet, y si acudía un cliente al piso prostíbulo tenían que recibirlos en ropa interior para que este pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales; no podían rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente, independientemente de su higiene y su estado de embriaguez.

Las mujeres pernoctaban en habitaciones compartidas en las que realizaban los servicios sexuales, y eran obligadas a realizarlos estando enfermas, incluso teniendo infecciones venéreas; si la enfermedad se lo impedía eran expulsadas del piso aunque no dispusieran de dinero ni de ningún sitio al que acudir.

El grupo criminal ejercía un férreo control sobre las mujeres a través de cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos, y recaudaba íntegramente los beneficios generados por cada una de ellas, quedándose con el cien por cien hasta saldar la deuda inicial contraída.

El algunos casos, no obstante, las víctimas llegaron a abonar cantidades cercanas a 9.000 euros, lo que suponía tres veces la deuda pactada. Algunas de las mujeres consiguieron huir y la organización criminal les amenazaba, a través de mensajería instantánea en sus teléfonos particulares, con atentar contra su integridad o la de sus familiares en sus países de origen.

El clan familiar investigado también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual.

Con el objetivo de estar más activas y trabajar más, complacer al cliente y obtener mayores beneficios, la organización criminal obligaba a las mujeres a consumir sustancias estupefacientes con los clientes si estos lo solicitaban.

Las investigaciones realizadas por los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude a las administraciones públicas, además de incrementar su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes muebles e inmuebles. También se han bloqueado 19 cuentas bancarias utilizadas por la organización criminal para recaudar los beneficios. 

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