Patricia Martínez, madre de Gabriel Cruz, solicita a la Audiencia de Almería embargar la casa de Ana Julia Quezada en República Dominicana
La abogada de Patricia Ramírez solicita que se investigue si Ana Julia posee "cuentas bancarias, depósitos u otros productos" en República Dominicana
Ana Julia Quezada habría abonado apenas 467 euros a los padres del menor, cuando la indemnización asciende a 500.000 euros
Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ha enviado un escrito a la Audiencia de Almería a través de su abogada, Verónica Guerrero, para pedir que localice y embargue los posibles bienes inmuebles que Ana Julia Quezada tendría en su país de origen, República Dominicana, para así hacer frente a la indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres por el crimen.
Así, en el escrito, la abogada pide al tribunal "librar una solicitud de cooperación internacional a las autoridades de República Dominicana, para que procedan a la averiguación de los bienes y derechos de cualquier naturaleza que pudieran estar a nombre de Ana Julia Quezada Cruz", según recoge El Periódico.
Además, solicitan que se investigue si Ana Julia posee "cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión u otros productos financieros", a su nombre, al igual que "vehículos de motor, embarcaciones o aeronaves".
Ana Julia Quezada, con el sueldo embargado para indemnizar a los padres de Gabriel
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ordenaba el pasado mes de octubre que se embarguen las cantidades y bienes de Ana Julia Quezada, la mujer que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 del niño Gabriel Cruz, para hacer frente a la indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres por el crimen.
El decreto fue firmado el pasado 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia por el que se procedía a embargar el pecunio de la penada, que se basa en el sueldo que recibe por sus trabajos en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple su pena --en torno a 200 euros-- así como cualquier otra cantidad o asignación que pueda recibir por otroa vía.
La sentencia de septiembre de 2019 obligaba a Quezada a abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por daños morales, toda vez que también cifraba en 200.203 euros el montante a abonar derivado de los gastos ocasionados al Estado por las labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas para tratar de dar con el menor durante su desaparición.
La penada habría abonado desde entonces apenas 467 euros a los padres del menor pese al periodo de tiempo transcurrido desde el primer fallo judicial, que devino en firme en febrero de 2020 por parte del TSJA.