Las personas con discapacidad denuncian la falta de apoyos de las administraciones ante estafas o barreras arquitectónicas
Entre las estafas más frecuentes que denuncia la Asociación Española de Consumidores están las relacionadas con falsas inversiones en criptomonedas y compras irregulares
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Problemas para acceder a los espacios públicos, vulnerabilidad ante las estafas y engaños y pasividad de las Administraciones para investigar estas prácticas y corregirlas son algunas de las denuncias que la Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha lanzado en coincidencia con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene lugar este miércoles 3 de diciembre.
La organización advierte en una nota de prensa que estas vulneraciones no solo afectan sus derechos como consumidores, sino que también evidencian la pasividad de las administraciones públicas en la protección de este colectivo, que ya enfrenta múltiples obstáculos en su día a día.
Problemas de acceso y barreras en el consumo
Uno de los principales problemas señalados por Asescon es la falta de accesibilidad en servicios, entornos y productos, que limita o imposibilita el acceso a estos en igualdad de condiciones que el resto de consumidores. La organización recuerda que, según los principios establecidos en la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la accesibilidad, la no discriminación y la participación plena en la sociedad son derechos fundamentales que aún no se cumplen en muchas ocasiones.
Casos como la imposibilidad de acceder a establecimientos con perros de asistencia o la falta de ascensores en edificios públicos y privados son ejemplos claros de estas barreras. La falta de adaptación de los espacios y servicios impide que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de consumo de manera autónoma y segura, generando una doble vulnerabilidad: la social y la económica.
Más allá de las barreras físicas, la organización denuncia un aumento preocupante de fraudes y engaños específicos dirigidos a personas con discapacidad, incluyendo a mayores en situación de dependencia y personas con problemas de salud mental. Entre las estafas más frecuentes, Asescon menciona las relacionadas con falsas inversiones en criptomonedas y compras irregulares, que aprovechan la vulnerabilidad y la falta de información de estos consumidores para defraudarlos.
Este tipo de fraudes, que se han multiplicado en los últimos meses, dejan a las víctimas sin recursos y sin protección efectiva, ya que, según la organización, las administraciones públicas no ofrecen una atención especializada ni una respuesta adecuada ante estas situaciones.
Medidas de protección efectivas
Uno de los aspectos más preocupantes que destaca Asescon es la falta de una respuesta efectiva por parte de las instituciones públicas. La organización denuncia que los organismos encargados de proteger a los consumidores vulnerables carecen de la empatía y sensibilidad necesarias para atender y comprender las circunstancias particulares de las personas con discapacidad. La ausencia de medidas específicas y de una atención especializada agrava aún más la situación, dejando a estos consumidores en una posición de indefensión.
El presidente de la asociación, Miguel A. Ruiz, señala que "la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo sigue siendo insuficiente, y la pasividad de las administraciones públicas favorece que estos fraudes y vulneraciones sigan en aumento".
En su comunicado, Asescon hace un llamamiento a las administraciones públicas para que refuercen las medidas de protección y establezcan mecanismos efectivos de atención y seguimiento a las víctimas de fraudes. Además, la organización insiste en la necesidad de mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos, incluyendo la urbanización y los servicios digitales, para garantizar la igualdad de oportunidades.
Asimismo, la organización invita a la sociedad a sensibilizarse sobre la problemática y a apoyar a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos. La denuncia pública y la colaboración entre entidades sociales, administraciones y empresas son fundamentales para frenar estas prácticas abusivas y promover una sociedad más inclusiva y respetuosa.
