El principal responsable de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, en busca y captura tras no presentarse ante la Audiencia de Palma
La Audiencia condenó este jueves a 14 años y nueve meses de cárcel a C. G. R., considerado cabecilla de la trama, además del pago de una multa de 457.872 euros
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha acordado la búsqueda nacional e internacional, detención e ingreso en prisión del principal procesado en la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, condenado a 14 años y nueve meses de cárcel.
El tribunal ha notificado este viernes su decisión a las partes personadas después de que C. G. R. no haya comparecido a la citación judicial prevista para este mediodía. El condenado es responsable de un fraude de 3,3 millones de euros en una treintena de promociones inmobiliarias fantasma que nunca llegaron a ejecutarse.
Los magistrados subrayan el riesgo de fuga. “Se trata de un condenado a penas de prisión que superan los 14 años y constan antecedentes de huida a otro país, Colombia, del que tuvo que ser extraditado”, señala la resolución judicial.
Por este motivo, el tribunal considera que la medida cautelar solicitada por las acusaciones “no solo es justificada, sino proporcional y necesaria”, y ordena su localización inmediata para su ingreso en prisión.
La Audiencia condenó este jueves a 14 años y nueve meses de cárcel a C. G. R., considerado cabecilla de la trama, además del pago de una multa de 457.872 euros. Su socio ha sido condenado a nueve años de prisión como coautor de los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, así como al pago de 64.000 euros de multa por este último delito. Los otros tres procesados han sido absueltos.
Según la sentencia, los responsables cobraban anticipos por promociones inexistentes pese a carecer de licencia para construir. Desde unas oficinas en Palma, la empresa anunciaba supuestos proyectos inmobiliarios a través de una página web, en ocasiones utilizando fotografías de promociones ajenas y de otros arquitectos.
También colocaban carteles publicitarios sin ser propietarios de los terrenos, en algunos casos amparándose únicamente en contratos de arras y, en otros, sin ningún tipo de derecho sobre las parcelas.
El dinero estafado nunca se destinó a la construcción de viviendas. Los fondos fueron desviados a distintas sociedades y utilizados para pagar salarios de trabajadores ficticios o en gastos personales como restaurantes y casinos.
Cuando se agotaban los plazos de entrega, las víctimas reclamaban sus viviendas y eran derivadas entre distintos responsables de la empresa, que alegaban problemas administrativos, retrasos en las licencias o supuestos obstáculos con los ayuntamientos. Excusas que hoy la Justicia considera probadas como parte de una estafa organizada y continuada.
