El Gobierno defiende su pacto para la regularización de migrantes irregulares: la medida beneficiaría a entre 500.000 y 840.000 personas

El Gobierno ha respondido este lunes a las críticas por el anuncio de una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. El Ejecutivo prevé aprobar este martes, mediante real decreto y tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, una medida que podría beneficiar a entre 500.000 y 840.000 personas antes del próximo 31 de diciembre.

Según lo anunciado, podrán acogerse a esta regularización los inmigrantes que acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España y que no tengan antecedentes penales. El procedimiento se aprobará por decreto, sin la tramitación parlamentaria ordinaria, lo que ha generado críticas desde la oposición.

Esta será la octava regularización extraordinaria que se lleve a cabo en España

El Gobierno defiende la medida como una apuesta por su política migratoria frente a lo que ocurre en otros países. La ministra Elma Saiz ha asegurado que España quiere ser “semilla y germen frente al avance ultraderechista”. El anuncio ha tenido como protagonista a Podemos, formación que se atribuye el impulso decisivo de la iniciativa. Su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado que el PSOE “no da nunca nada a cambio de nada”, aunque ha evitado concretar los términos de la negociación, asegurando que ha sido “muy discreta”.

Desde la oposición rechazan tanto el fondo como la forma de la regularización. Consideran que no tiene sentido vincular el acceso a los papeles únicamente a la permanencia en el país y no al empleo, y advierten de un posible efecto llamada. Vox ha ido más allá y ha anunciado que intentará frenar el decreto en el Tribunal Supremo. Además, acusan al presidente del Gobierno de utilizar el anuncio como una cortina de humo para desviar la atención de los accidentes ferroviarios.

Esta será la octava regularización extraordinaria que se lleve a cabo en España. La más reciente se aprobó en febrero del año pasado para 25.000 extranjeros afectados por la dana en Valencia. Desde 1986, distintos gobiernos han impulsado procesos similares, con cifras que van desde los algo más de 38.000 regularizados en la primera gran regularización colectiva hasta más de 239.000 en el proceso de arraigo de 2001.