El motivo por el que se ha tardado tanto en confirmar el viaje del Papa a España

El 25 de febrero de 2026, Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano, firmó el comunicado que ponía fin a meses de incertidumbre: el papa León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio. Era el final de meses de expectativas. Que la confirmación llegara solo cuatro meses antes de la propia visita no era precisamente fruto de la casualidad, sino el resultado de una acumulación de fricciones que se había ido gestando durante los nueve meses anteriores entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Santa Sede.

El problema de un embajador sin papeles

Todo empieza en primavera de 2025. A finales de marzo de ese año, pocos días después de que el anterior nuncio apostólico en España, el filipino Bernardito Auza, fuera reubicado como representante vaticano ante la Unión Europea, la Santa Sede solicitó formalmente al Ejecutivo español el plácet para su sustituto: monseñor Piero Pioppo, en ese momento nuncio en Indonesia. El plácet es el paso imprescindible para que cualquier embajador extranjero pueda ejercer sus funciones en suelo español. Sin él, no hay nuncio. Y sin nuncio, no hay interlocutor capaz de organizar un viaje papal.

Los meses fueron pasando. Para julio de 2025, el Gobierno llevaba ya semanas retrasando la concesión de ese plácet más allá de cualquier plazo razonable. Para muchos expertos, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se estaba tomando demasiado tiempo en conceder el plácet al nuevo nuncio en España. Plácet que se esperaba en la Santa Sede desde semanas antes.

El retraso no era un trámite burocrático, ya que este retraso en la concesión de un plácet se utiliza en la diplomacia como forma de protesta por falta de idoneidad de la persona elegida o como castigo al país que lo solicita cuando hay problemas en las relaciones bilaterales. Por eso, negar o dilatar el plácet equivalía a enviar al Vaticano una señal inequívoca de malestar diplomático.

El desbloqueo llegó en septiembre de 2025, más de cinco meses después de que la solicitud fuera cursada, y coincidió con que la Conferencia Episcopal Española comenzó a criticar a Vox por su política de restricción al rezo musulmán en espacios públicos. Con el plácet concedido, el nuevo nuncio Piero Pioppo pudo por fin tomar posesión y poner sobre su mesa la preparación del viaje.

Un Papa que acababa de ser elegido

A la dimensión política hay que sumarle una de carácter estrictamente logístico. León XIV fue elegido en mayo de 2025, apenas nueve meses antes de que se confirmara el viaje. La visita a España será su cuarto desplazamiento internacional desde su elección, después de Mónaco y una gira africana que incluyó Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. La Santa Sede no improvisa los viajes apostólicos, ya que cada itinerario requiere coordinación diplomática, preparación de actos, garantías de seguridad y un nuncio operativo en el país de destino.

El primer hito visible fue el 9 de enero de 2026, cuando el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE, confirmó el interés del Papa por visitar España tras una reunión en el Vaticano con Mons. Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. En aquella reunión, la delegación española presentó un primer borrador con las cuatro ciudades propuestas. A comienzos de febrero se lanzó la web oficial del comité preparatorio. El 25 de febrero, Bruni firmó el comunicado.

Una interesada lentitud del Gobierno

La fricción entre el Ejecutivo y la Iglesia no se terminó con el plácet. A un mes de que el Papa pisara suelo español, el Gobierno todavía no había declarado la visita como evento de interés público, que es un paso necesario para activar las deducciones fiscales de la Ley de Mecenazgo que los organizadores necesitaban para recaudar donaciones. La declaración no llegó hasta el 26 de mayo, once días antes de la llegada del Pontífice, aprobada en el Consejo de Ministros junto con otros eventos como el Bicentenario de Goya o el aniversario del Teatro Real.

Al mismo tiempo, el viaje tenía para el Ejecutivo una utilidad política: el discurso del Papa en el Congreso, previsto para el lunes 8 de junio, quedaba a apenas dos semanas del último pleno antes del verano. Eso significaba que cualquier disolución anticipada de las Cortes haría imposible el acto. La presencia del Pontífice en el Parlamento español ataba, involuntariamente, el calendario político.

La visita, en definitiva, tardó en confirmarse no por un único motivo sino por la superposición de tres: un Papa recién elegido con agenda internacional por construir, un nuncio retenido durante cinco meses por un Gobierno que lo utilizó como moneda de presión diplomática, y un Ejecutivo que administró sus tiempos con la cautela característica de quien quiere capitalizar el evento sin acabar de facilitarlo.