Multas de hasta 30.000 euros por talar un árbol protegido dentro de una finca privada sin autorización
La falsa creencia de que uno puede hacer lo que quiera dentro de su propiedad privada puede exponernos a cuantiosas sanciones por modificar nuestros jardines sin permiso.
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La falsa creencia de que uno puede hacer lo que quiera dentro de su propiedad privada acarrea muchos problemas para aquellos que deciden hacerlo. Uno de los pilares de nuestra legislación es el Artículo 6 del Código Civil, que viene a decir que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, por lo que conviene saber qué nos está permitido hacer y qué no aunque estemos dentro de nuestra propiedad privada si no queremos exponernos a cuantiosas sanciones económicas.
Talar un árbol requiere permisos de la Administración
En líneas generales, uno no tiene la potestad de ir a su jardín y decidir talar uno de sus árboles porque sea molesto, poco estético o cualquier otra razón no justificada. Para evitar ponernos en problema, deberíamos contactar con la autoridad local y solicitar la apertura de un expediente para ver si resuelven a nuestro favor la tala. Según el tipo de ordenanza municipal de tu localidad, podemos requerir de la concesión de una licencia, entregar una declaración responsable o simplemente realizar una comunicación previa de las actuaciones que se plantean realizar (más habitual para simples actuaciones básicas o de mantenimiento).
En cuanto a la documentación necesaria, también varía de una localidad a otra, pero podemos repasar algunos de los documentos que suelen ser comunes en la gran mayoría de los municipios. Además de la propia solicitud formal del permiso de tala ante el ayuntamiento competente, se suele precisar una descripción de los motivos por lo que se pretende talar el árbol, siendo las causas justificadas para su aprobación poco más que un posible riesgo estructural, daños o afección a la vivienda. Para acreditar esta situación, no valdrá con nuestra simple descripción del caso, sino que se suele necesitar adjuntar un informe técnico del estado del árbol elaborado por algún profesional competente en la materia como un ingeniero agrónomo o técnico forestal.
Además, habrá que pagar las tasas municipales correspondientes para que eche a rodar esta solicitud. Generalmente, tardarán en contestarnos un máximo de 15 días, a no ser que entre los motivos por los que se solicita la tala haya algunos de extrema urgencia, como que haya podredumbre que ponga en peligro que el árbol caiga sobre la vivienda o sus residentes. Incluso si este es el caso, conviene no tomar la iniciativa y talarlo sin los permisos, por muy comprensible que sea el peligro que supone la situación, porque posteriormente podríamos tener dificultados para demostrar por qué decidimos realizar la tala sin el consentimiento oficial.
El agravante de los árboles protegidos
Por supuesto, como en todas las especies de flora y fauna protegida, cuando el daño afecta a una de estas especies, la cuantía de las sanciones económicas escala e incluso se multiplica. Como decíamos al comienzo, la ignorancia de la legislación no implica no cumplirla, así que lo primero que podríamos hacer antes de ni tan siquiera hacer una poda drástica sería consultar si la especie del árbol está protegida o no. Hay una variedad de normativas que consultar para ver si dicha especie aparece, como el Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los catálogos de arbolado singular que tienen a su disposición algunas comunidades autónomas y municipios o directamente elevar una consulta a tu consistorio para que nos resuelvan la duda de un árbol en terreno urbano de su competencia.
En el caso de que talemos un árbol sin consentimiento ni permiso por parte de la autoridad municipal, la multa que nos pondrán variará dependiendo de cada lugar, pues el régimen sancionador se regula principalmente en normativa autonómica que adapta en cada lugar la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y establece cuáles son los procedimientos y limitaciones para la tala de árboles. A grandes rasgos, y según datos de Fotocasa, las infracciones leves suelen ser castigadas con multas de hasta 5.000 euros.
En cambio, cuando el árbol que hemos talado estaba protegido o ha habido agravantes en las actuaciones que hemos hecho a espaldas de la administración local, la cuantía escala. Las multas económicas para infracciones graves a este respecto se sitúan entre 5.001 a 200.000 euros (generalmente unos 30.000 euros). Si los agravantes hacen que se eleve la condición de la infracción a muy grave, escalaría incluso hasta los 2 millones de euros, aunque estas sanciones no serían para ciudadanos particulares, sino más en actuaciones que hayan supuesto un daño medioambiental severo. Además de la variabilidad que tiene que cada región tenga su propio régimen sancionador, la sanción final puede depender de factores como la condición de protección del árbol, el tipo de suelo (urbano, forestal o protegido), el daño ambiental causado, la existencia de autorización previa o la reincidencia del infractor.