Multas

Hasta 3.000 euros por vender comida casera a través de redes sociales sin autorización sanitaria

Comida casera para vender
Comida casera para vender. CordonPress
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Si eres un ‘cocinitas’, puede que te hayas planteado en alguna ocasión hacer de tus cualidades culinarias una forma de negocio y empezar a comercializar comida que preparas desde la comodidad de tu propio domicilio. Sin embargo, a pesar de la aparente sencillez de este negocio, que además podrías dar a conocer y promocionar a través de redes sociales, se esconde un complejo entramado de normativas (mucho más allá de tener un certificado de manipulación de alimentos) que debes conocer y aplicar si no quieres incurrir en infracciones que conlleven costosas multas económicas.

Normas básicas para una cocina legal

El Real Decreto 1021/2022, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, es la normativa de referencia para el negocio de venta de comida elaborada a domicilio y la que indica cómo tener en primer lugar una cocina que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Concretamente, su artículo 13 es el que está especialmente dedicado y regula el suministro directo de alimentos preparados en locales utilizados principalmente como vivienda privada.

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Un aspecto clave que debemos tener en cuenta en este tipo de negocios es que las zonas de la vivienda destinadas a dicha actividad tendrán la consideración de establecimiento de comercio al por menor, por lo que deberían estar separadas de la cocina particular que usemos para el uso familiar, al menos temporalmente, aunque suele ser recomendable que cada una tenga su espacio, lo cual suele ser el primer foco de infracciones, ya que generalmente no tendremos esas zonas diferenciadas en la mayoría de hogares. Además, se requiere tener separados los alimentos para cocinar y vender estos platos de los alimentos de uso doméstico, bien sea mediante baldas separadas en el refrigerador o estanterías o tener varias independientes.

Lo siguiente, una vez que tenemos el espacio perfectamente habilitado para que no se produzcan contaminaciones cruzadas entre la comida que hacemos habitualmente y la que vamos a comercializar es solicitar la ‘licencia para vender comida hecha en casa’, aunque no es una licencia como tal. Más bien se trata de un trámite en el que te inscribes en el registro sanitario de tu comunidad autónoma adjuntando una declaración responsable sobre la actividad a realizar, así como una serie de datos de la empresa, como horario, productos que elaboras, plano de la vivienda para certificar que existen las separaciones entre cocinas exigidas y compromiso de someterse a los controles oficiales llevados a cabo por las autoridades competentes.

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Las obligaciones no terminan aquí, porque también hay restricciones en los tipos de alimentos que puedes preparar, así como la cantidad máxima. En cuanto a lo primero, la Ley solamente permite vender comidas preparadas sometidas a un tratamiento térmico suficiente para garantizar la seguridad de estas, productos de panadería y repostería estables a temperatura ambiente, mermeladas, confituras y jaleas, siempre que tras el envasado se sometan a un tratamiento térmico que garantice su seguridad, conservas de frutas, hortalizas o vegetales, siempre que tengan un pH inferior a 4,5 y, de forma excepcional, algún otro alimento que las autoridades competentes de las comunidades autónomas permitan. Por tanto, nunca se podrían vender bajo este modelo de negocio ensaladas, bocadillos o platos que no se cocinen completamente. Tampoco se podrán congelar, ni tampoco las materias primas empleadas para elaborarlos (a no ser que ya vengan congeladas en origen). En cuanto al volumen de productos, en ningún caso podrán superar los 100 kilogramos semanales.

Tampoco hay libertad plena sobre el modelo de negocio y los clientes potenciales. La legislación prohíbe su venta para su consumo in situ, que se venda a colectividades como colegios u hospitales, que se suministren a otros comercios al por menor o que se suministren en el propio establecimiento. Además, el negocio debería estar limitado a su venta “en mercados ocasionales o periódicos, o mediante el reparto a domicilio siempre que el suministro se realice dentro de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales características y finalidad que defina la autoridad competente correspondiente donde radique la vivienda”.

Adicionalmente a estos requisitos, se deberán cumplir con ciertas normas de etiquetado. En el propio RD 1021/2022 nos exponen como obligatorio que figure la mención «Elaborado en vivienda particular» y la fecha de elaboración. También habría que cumplir con las normas comunitarias sobre etiquetado que se establecen en el Reglamento (UE) 1169/2011, por el que es obligatorio informar de los posibles 14 alérgenos de declaración obligatoria (como gluten, huevo, leche y sus derivados, soja, frutos secos o crustáceos) y establecer las estadísticas de valor nutricional.

Sanciones de hasta 3.000 euros… siempre que no haya delito sanitario

Debido a la variedad de infracciones que se pueden cometer en todos los requisitos que existen para poder llevar a cabo este tipo de negocios de venta de comida casera, el RD 1021/2022 establece las leyes que recogen el régimen sancionador a este respecto, que se dividirían en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. Por lo general, las sanciones por faltas menores como fallos no muy graves en el etiquetado, superar por poco el volumen máximo de producción permitido o vender fuera de la zona sanitaria local suele traducirse en multas económicas que parten de los 300 euros.

En cambio, se multiplica hasta por 10 cuando la infracción es de base y lo que no se ha hecho es comunicar la actividad en el Registro Sanitario de la Consejería de Sanidad de tu comunidad autónoma, la sanción aplicable podría ser de 3.000 euros, además de la obligación de cese del negocio. Si cocinar y vender tu comida casera no solamente se ha hecho sin autorización, sino que ha implicado una contaminación alimentaria, estaríamos incurriendo en un posible delito contra la salud pública y las consecuencias serían mucho más graves, tanto económicamente como con posibles responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.