La red llegaba a cobrar hasta 10.000 euros por un Certificado de Empadronamiento, según ha señalado hoy la Jefatura Superior en un comunicado, en el que ha indicado que las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio al detectar la Policía Nacional de Tudela (Navarra) un incremento de solicitudes de Permiso de Residencia y Trabajo presentados por ciudadanos marroquíes.
Del análisis de los expedientes instruidos se observó que uno de los documentos exigidos para su tramitación, concretamente el Certificado de Empadronamiento, en la mayoría de los casos estaba expedido por un Ayuntamiento en concreto, "cuya localidad no destaca precisamente por su gran población de ciudadanos de dicha nacionalidad".
Iniciadas las investigaciones, "con la total y eficiente colaboración del Ayuntamiento afectado", según dicha fuente, se pudo establecer que la expedición de dicho certificado requería la previa inscripción vecinal, por un funcionario municipal, tanto en una base de datos informática como de forma manual en un Libro de Registro.
Por el cruce de datos llevado a cabo entre ambos registros, se apreció un desfase de 53 inscripciones, existentes en el sistema informático pero no en el manual. Igualmente se comprobó que los afectados no habían residido en el municipio ya que no existía ningún expediente relativo a los mismos, por lo que la expedición del Certificado de Residencia se había expedido de manera "no oficial".
Con dichos datos se centró la investigación en las personas que podían tener acceso al sistema informático municipal y las sospechas se centraron en un empleado del citado ayuntamiento, ya jubilado, que frecuentaba su antiguo centro de trabajo y, aprovechando la confianza depositada en él, utilizaba terminales informáticos con la excusa de realizar consultas personales en Internet.
Igualmente se pudo averiguar que las inscripciones realizadas fraudulentamente se llevaban a cabo a petición Y.R., un ciudadano marroquí con domicilio en una localidad cercana, que, de acuerdo con el ex funcionario municipal, se encargaba de contactar con ciudadanos de su nacionalidad, tanto en España como en Marruecos, y previo pago de cantidades que llegaban hasta los 10.000 euros, ofrecía el certificado en cuestión.
En dicha labor le auxiliaba o sustituía en su ausencia T.Z., su compañera sentimental, de su misma nacionalidad
Realizando un seguimiento de los certificados, se ha podido detectar que 36 de ellos han sido utilizados para documentar solicitudes de permiso de residencia y trabajo presentadas en unidades de extranjería de Soria, La Rioja, Bilbao, Barcelona, Alicante, Murcia y Las Palmas, por lo que el hecho se puso en conocimiento del Servicio Central de Falsedades Documentales, desde donde se han coordinado las actuaciones a nivel nacional.
Como consecuencia de las investigaciones fueron detenidas ocho personas en Navarra, una en Elche (Alicante), tres en Soria, una en Barcelona y dos en Murcia.
Los tres principales detenidos ha sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial junto al atestado policial instruido y el resto quedaron en libertad con cargos después de ser oídos en declaración, con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos para ello.