Miguel, un ex novio de Marta del Castillo, fue detenido el 13 de febrero de 2009 y en sus primeras declaraciones ante la Policía y el juez confesó que el 24 de enero había matado a la joven de un golpe con un cenicero y que luego había arrojado el cuerpo al río Guadalquivir.
Posteriormente añadió la confesión de que también había violado a la víctima, aunque en una nueva comparecencia ante el juez volvió a su primera versión y dijo haberse inventado la agresión sexual para evitar el juicio con jurado.
Tras declarar por espacio de cinco horas ante el juez de instrucción 4 de Sevilla, Miguel ingresó el 16 de febrero en prisión incondicional sin fianza, igual que su amigo Samuel B.P., acusado de ayudarle a transportar el cuerpo, y el menor de edad Javier G.M., entonces de 15 años, lo hizo en un centro de menores.
Samuel pasó diez meses encarcelado y quedó libre en diciembre pasado, y Javier salió del centro de menores en noviembre, al cumplir el internamiento máximo previsto en la Ley Penal del Menor.
52 años de cárcel
La tramitación judicial del caso se encuentra a la espera de que las defensas de los cuatro acusados que son mayores de edad presenten sus escritos de calificación, después de que la Fiscalía de Sevilla haya pedido para Miguel 52 años de cárcel por un delito de asesinato y dos de violación, uno cometido por él mismo y otro como cooperador necesario del cometido por el menor de edad.
Para Samuel B.P. el fiscal pide cinco años de cárcel, para Francisco Javier D.M., hermano mayor de Miguel, el fiscal pide 8 años y para la novia de ésteúltimo, María G.M., otros cinco años.
Como novedad, a los cuatro acusados que son mayores de edad la Fiscalía les imputa un delito contra la integridad moral de la familia de la víctima, por el que pide dos años de cárcel, porque "de forma contumaz se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones erráticas".
Una vez presentados los escritos de las defensas, el juez convocará la audiencia preliminar, previa a la remisión del caso para su enjuiciamiento ante un jurado popular, aunque las partes podrán plantear entonces que el caso pase a competencia de un tribunal profesional, de acuerdo con la última doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia. LA