Los datos han sido presentados este jueves por el Observatorio contra las Agresiones a Sanitarios de la Organización Médica Colegial MC que continua su batalla para que las agresiones sean consideradas delito de atentado, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.
Según este informe, las agresiones registradas suponen un descenso del 4,8 %, respecto a 2017, cuando se produjeron 515, lo que revela una moderada disminución de estas conductas violentas y supone un ligero cambio de tendencia.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 3.919 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los ocho últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se contabilizaron, el 14% de ellos acabó con lesiones, el 35% fueron insultos y el 51% amenazas.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 59% de los profesionales agredidos son mujeres, el porcentaje más alto de toda la década (lo que supone un 7% más que año pasado) y el 41% hombres.
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 85% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 15%, lo que supone el porcentaje más alto hasta la fecha.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (52%), frente a la Hospitalaria (23%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 14% y un 11% cada una de ellas.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias Hospitalarias, alcanzando las 2,50 agresiones por cada millón de consultas.
De los agresores, el 70% son pacientes (el 40% son pacientes programados, el 30% pacientes no programados, el 2% pacientes desplazados) y el 28% acompañantes.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 46,1% se producen por discrepancias en la atención médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 10,3% en relación a la incapacidad laboral; el 9,2% por discrepancias personales; el 6,1% por el mal
funcionamiento del centro y el 5,8% por informes no acordes a sus exigencias.
Del total de agresiones, en el 14% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 40% fueron físicas y el 60%, psíquicas y el 17% conllevaron baja laboral, cifra superior al 12% del año anterior.
La OMC reitera que muchos casos de agresión tienen relación con situaciones como la masificación de consultas y de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de recursos humanos y a la precariedad laboral de los profesionales y considera obligado que sean comunicadas por cualquier vía y no permanezcan impunes comportamientos y actitudes no tolerables en una relación médico-pacientes de calidad.
Según este organismo, estos episodios cercenan la confianza médicopaciente, incrementan el estrés laboral del médico y es una agresión tan grave como la física.
Los datos de violencia registrados en 2018 ascienden a 490 casos frente a los 515 del año anterior, lo que supone un descenso del 4,8%. Según los datos del Observatorio, en el 61% de los casos se ha presentado denuncia tras la agresión.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (124), Madrid (85), Cataluña (61) y aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura, Cantabria y Andalucía.
Respecto a las resoluciones judiciales, hubo 93 sentencias sobre agresiones, de las que el 64% fueron consideradas como delito leve y el 36% delito menos leve. El 77,9% fueron condenatorias, el 16,3% absolutorias y hubo acuerdo en el 5,8%.
Según el tipo de condena, el 46,3% fueron multas, el 20,6% acarrearon privación de libertad, el 14,7% supusieron privación de derechos e inhabilitación y el 4,4% exigieron medidas de seguridad.