Mari Luz Cortés desapareció el 13 de enero de 2008 en torno a las 17.00 horas en la barriada de El Torrejón de la capital onubense después de abandonar su domicilio para ir a comprar golosinas a un quiosco cercano.
Después de 54 días desaparecida, el 7 de marzo un operario de Cepsa vio un cuerpo en la zona de los petroleros del Puerto de Huelva, que posteriormente se comprobó que era el de Mari Luz.
El 26 de marzo se detuvo en la estación de autobuses de Cuenca a Santiago del Valle y a su esposa, Isabel García, al bajar del autobús que los había trasladado desde Pajaroncillo, localidad de unos cien habitantes de la serranía conquense en la que ambos habían estado residiendo, y a la hermana del primero, Rosa.
Del Valle, que en un principio declaró ante los agentes que la muerte de Mari Luz se produjo de forma involuntaria, mantuvo poco después su inocencia.
Dos días después de su detención el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva decretó para él y su hermana el ingreso en prisión incondicional por un presunto delito de asesinato, al que se sumaría otro contra la libertad sexual.
Tras casi tres años de instrucción judicial a finales de 2010 el juicio quedó fijado para el 16 de febrero, estimándose una duración de unos 10 días, y los acusados, los hermanos Santiago y Rosa del Valle, serán juzgados por un tribunal profesional compuesto por tres magistrados, después de desecharse la idea inicial de que fuese un jurado popular el que se encargase de este caso.
El ponente del tribunal será el magistrado Antonio Germán Pontón, que ya fue elegido para presidir el jurado popular que iba a enjuiciar el caso antes de que el procedimiento cambiase, y el presidente de la Sección Tercera, José María Méndez, y Luis García Méndez Casas, completan la terna de magistrados que se encargarán del juicio.
En la vista comparecerán 27 testigos y 22 peritos a petición del Ministerio Fiscal, mientras que la acusación particular ha solicitado la declaración de otros seis testigos y 4 peritos.
La Fiscalía y la acusación particular piden para Santiago del Valle 23 y 32 años de prisión respectivamente, por los delitos de asesinato y abuso sexual, mientras que, su defensa, ejercida por el letrado Juan López Rueda, solicita la absolución.
Rosa del Valle, a quien la Audiencia le ha denegado la libertad condicional esta misma semana, se enfrenta a penas de 17 años de cárcel, solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular, y frente a éstas su letrado pide para ella la libre absolución al entender que no queda probada su participación en los hechos.