{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El sistema de becas español es un continuo frente de batalla entre los partidos políticos. La eficacia y el control de estas ayudas públicas forman los ejes del desacuerdo. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que también hay que cambiar y adelantar los plazos para que los beneficiarios las perciban cuando realmente les hacen falta: al principio de curso. Se trata de una reivindicación que también comparten los padres y madre de alumnos.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez sigue bajo el paraguas de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y que incluían la partida de becas amparadas en la polémica Ley Wert.
Los fallidos planes del PSOE de lograr la aprobación de unas nuevas cuentas públicas el pasado mes de enero propició la celebración de las elecciones generales del 28 de abril. En estos presupuestos, el Estado situaba las ayudas a los estudiantes y sus familias en el mayor umbral de la historia de nuestro país: 1.780 millones de euros.
La cantidad suponía un salto importante en estas políticas públicas ya que, según datos oficiales del Ministerio de Educación, el presupuesto de becas en 2018 contaba con una partida de cercana a los 1.500 millones de euros que benefician a algo más de 900.000 estudiantes, muy cerca ya de superar el listón del millón de beneficiarios.
Del total de esta ayuda consignada en los presupuestos en vigor tras ser prorrogados, el 46,5 por ciento corresponde a las ayudas a la educación universitaria
La AIReF ha puesto el foco de atención sobre esta partida de ayudas universitarias dentro de su programa del control y análisis del gasto de la Administración.
La principal conclusión a la que llega este organismo fiscalizador independiente es que el sistema actual de becas universitarias ha contribuido a "garantizar la igualdad de oportunidades", puesto que un 22% de los estudiantes no podría continuar en la universidad sin la beca y un 70 % tendría que buscar un trabajo o pedir ayuda para costearse los estudios, pero considera que "hay margen de mejora".
Así, considera que hay factores que limitan la igualdad de oportunidades, como la cuantía de la beca de residencia, que no cubre las necesidades económicas del estudiante por vivir fuera del domicilio familiar, o el hecho de que no se hayan actualizado los umbrales de renta que se utilizan para seleccionar a los solicitantes de becas desde 2010.
Por ello, propone revisar los criterios económicos de la concesión de las becas para garantizar que fomenten la igualdad de oportunidades. En concreto, sugiere actualizar los umbrales de renta familiar, evitar las actuales discontinuidades en las cuantías de beca a recibir según renta y eliminar los requisitos económicos que generen distorsiones en la asignación de las becas.
Además, plantea aumentar un 80 % la cuantía de la beca de residencia, que actualmente está en 1.500 euros, hasta los 2.700 euros, de forma que permita cubrir las necesidades económicas del estudiante que vive fuera del domicilio familiar para estudiar en la universidad.
También pone de manifiesto la "importante" falta de información y orientación sobre las becas universitarias y el hecho de que las becas se reciban ya iniciado el curso académico. Para mejorar la atención e información de los estudiantes, especialmente los de rentas más bajas, la AIReF propone crear centros de atención al estudiante y un portal de solicitud única para todas las becas universitarias (estatales y autonómicas).
Además, se detecta cierta "discrecionalidad" en algunas unidades de becas en la aplicación de algunos criterios de concesión. Por ello, plantea introducir mejoras en el procedimiento de tramitación de las solicitudes con unidades de trámite que aglutinen la gestión de las solicitudes de varias universidades y mejorar la estructura y el contenido del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) para garantizar la explotación estadística y la consiguiente evaluación de las políticas educativas.
Estas limitaciones, según el estudio, pueden disuadir a los estudiantes más vulnerables económicamente de continuar estudiando en la universidad. Por ello, insiste en la necesidad de que todos los estudiantes conozcan la existencia de becas y ayudas universitarias y su dotación económica, que las becas sean suficientes para afrontar los costes económicos de estudiar en la universidad (matrícula, transporte, comida, material y residencia) y que se reciban al inicio del curso académico.
Desde la Confederación española de asociaciones de padres y madres (CEAPA), su presidenta, Leticia Cardenal ha destacado ya en varias ocasiones la insuficiencia de la cuantía actual de la partida de becas “para cubrir las necesidades del alumnado que necesita este apoyo económico para seguir estudiando”. Desde su asociación se reclaman cambios de calado en estas políticas dirigidas especialmente a elevar “los umbrales de renta utilizados como base para concesión de la cuantías, especialmente las fijas y las de residencia”.
En coincidencia con la AIReF, la CEAPA lleva años reclamando la necesidad de adelantar los calendarios de becas ya que ello “permitiría conocer con antelación tanto la concesión como la cuantía antes de empezar el curso, así como de disponer de la misma previamente a realizar el gasto o al menos en el primer mes del comienzo del curso”.
Pero no es el único punto de coincidencia, también creen prioritario mejorar los procesos de información y publicidad de las becas ya que “aún hay un porcentaje importante de familias que reuniendo los requisitos para obtenerlas, no la solicitan por desinformación”. Una política que habría de estar completada con la “simplificación del proceso de solicitud, así como dotar a los centros de los recursos humanos y materiales para la información y tramitación”.
Cardenal señala también la brecha existente entre otros países de la UE y España en lo que a los importes de las becas se refiere. Para la presidenta de la CEAPA, habría que “aumentar progresivamente” las cuantías de las ayudas en especial las no universitarias.
También defiende que las becas deberían basarse en “necesidades socioeconómicas y no meritocráticas”. Esta demanda coincide con la petición de que se “anule el reintegro de las cuantías cuando no se han obtenido los resultados académicos, pero sí se ha realizado el gasto”.
La reactivación del Observatorio de Becas después de estar casi ocho años paralizado fue muy bien recibido por la comunidad educativa. Pero su encuentro a finales de 2018 no ha servido para mucho ya que se han mantenido las principales líneas maestras de becas aprobadas por los gobiernos del PP, a pesar de las duras críticas recibidas desde el PSOE durante las gestiones al frente de Educación de José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo.
La feroz oposición socialista a las ‘becas Wert’ criticaba con dureza que las becas se ligasen a los rendimientos. La imposibilidad de aprobar unos Presupuestos nuevos está consolidando este criterio con el que también son críticos los padres y madres de alumnos.
El descontento ha hecho que muchos vuelvan la mirada hacia el pasado recordando que antes de la Ley Wert, en el que no había parte fija y variable y en que las familias que cumplían los requisitos económicos recibían una cantidad establecida con claridad.