Miguel Roldán, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, nunca pensó que salvar a las personas que cruzan el Mediterráneo en busca de una vida digna en Europa pudiera llevarle a la cárcel.
A sus 32 años, la justicia italiana le acusa de cooperación con el tráfico de personas por su trabajo a bordo de un barco de salvamento de la ONG alemana Jugend Rettet-IUVENTA. Como había hecho un año antes en Lesbos, en esta ocasión estuvo 20 días en junio de 2017 ayudando a quienes caían al mar. Era nadador de rescate.
“Fue la experiencia más vital que he vivido en mi vida. Soy bombero y sé que en mi profesión nunca voy a vivir lo que he vivido en el Mediterráneo. Por nuestras manos pasaron 5.000 personas”, explica Roldán antes de señalar que fue la época en la que mayor número de personas se echaron al agua, 14.000. “Cuando hay tanta gente en el agua intentado cruzar, el riesgo de que haya muertos aumenta. Esos recuerdos los tiene mi cabeza y mi corazón, no se van a borrar".
Miguel no comprende que la acusación se produzca más de un año después. “No tiene sentido ninguno porque allí, en la misión, nadie nos dijo que hiciéramos algo mal. Lo único que hicimos cooperar con Roma y ayudar a las personas”.
“Todo está supeditado y reglado por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma (CCRM). Si Roma te dice no es no. Vivimos situaciones en las que no pudimos salvar a gente porque Roma no nos daba la autorización. Tuvimos que dejar morir a gente porque Roma no nos dejaba penetrar en aguas libias. Se viven situaciones límites por respetar todas estas normas”, asegura. Él y nueve de sus compañeros se enfrentan a la pena máxima establecida por este tipo de delitos: “es desorbitado”.
Roldán explica que no están acusados todos los miembros del equipo de rescate. Solo los mandos de la misión, a bordo y en tierra. "Todos nos fuimos de allí con la sensación del trabajo bien hecho y un año después recibimos la notificación. En ningún momento me esperaba que pudiera tener este problema con la justicia italiana".
Su labor consistía en sacar del agua a las personas que caían al mar. Su barco, un pesquero adaptado para este tipo de trabajo humanitario, rescataba a la gente y luego en alta mar los traspasaban a buques más grandes de ONG’s como Save The Children o Médicos Sin Fronteas, con capacidad para unas 1.500 personas. Estos enormes barcos, con la autorización de Roma, trasladaba a las personas hasta el puerto italiano correspondiente.
Aún no hay fecha para un juicio. El caso, bajo secreto de sumario, está en fase de instrucción. El proceso judicial al que se enfrentan los 10 acusados podría llegar a costar 500.000 euros. Para sufragar gastos han abierto la plataforma 'Solidarity at sea'.
Roldán asegura que su caso es distinto al de Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, otros tres bomberos sevillanos, amigos suyos que fueron detenidos en 2016 en Lesbos por la Guardia Costera Griega. Ellos tres eran voluntarios de la ONG española Proem-AID y fueron absueltos. “A mis compañeros le acusaron de meterse en un barco en el que no tenía que haberse metido, fue algo puntual. Estaban en el momento y en el sitio equivocado”, señala Roldán que argumenta que caso es distinto porque les acusan por cada una de las 5.000 personas a las que salvaron.
"Me gustaría volver en el momento en el que esto se solucione. Me voy moviendo según donde esté el foco y se pueda ayudar. Si sigue habiendo flujo migratorio en el Mediterráneo y se necesita mi ayuda, volveré a ir".