Las claves del asesinato a tiros del alcalde de Polop: el juicio llega 12 años después

  • La falta de pruebas es una de las claves: todo se basa en el testigo protegido

  • Juan Cano quería medrar con la política y ser el alcalde a toda costa, dice la investigación

  • Al alcalde de Polop le acribillaron en su garaje unos asesinos profesionales

El juicio por el asesinato a tiros en octubre de 2007 del entonces alcalde de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda (PP), por el que están acusados el exconcejal de Urbanismo y su sustituto en la Alcaldía, Juan Cano, y otras seis personas, ha retrasado a mañana el arranque en la Audiencia de Alicante. El caso llega a los tribunales 12 años y tres meses después de la muerte del alcalde y está previsto que se desarrolle en 13 sesiones por las que pasarán cerca de un centenar de testigos, incluido uno protegido, peritos y agentes de las Fuerzas de Seguridad.

El proceso para la selección de los once ciudadanos (nueve titulares y dos suplentes) que formarán parte del tribunal del juicio con siete acusados ha comenzado a las 10:15 y se ha prolongado durante más de cinco horas. Lo dilatado de la elección se debe a lo mediático del caso y a que hay siete partes personadas en el juicio: la fiscalía, la acusación particular y siete defensas, que han protagonizado las entrevistas a los candidatos hasta que, pasadas las 15 horas, han dado por constituido el jurado.

De esta manera, la vista se iniciará oficialmente mañana martes, día 14, con la lectura de los informes de las partes y el interrogatorio de los primeros acusados, concretamente los tres supuestos autores materiales del crimen.

Fiscal y la acusación particular, que ejerce la esposa y las dos hijas de Ponsoda, piden 25 años de prisión para Cano, el empresario Salvador G. R., y los dos responsables del local de alterne Mesalina de Finestrat donde supuestamente se urdió el crimen: Pedro H. y Ariel A. G. Se les considera instigadores e inductores de un asesinato con alevosía, precio y atentado a la autoridad.

Para los tres supuestos autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda exigen 28 años de cárcel, al sumar el delito de tenencia ilícita de armas. Son Robert F., Radim R. y Raúl M. T. Las defensas de los acusados niegan los hechos y solicitan la libre absolución. Además, aseguran que el testigo protegido en el caso miente.

El desarrollo del juicio se ha previsto a lo largo de 13 sesiones hasta el próximo 30 de enero con la comparecencia de cerca de un centenar de testigos. Uno de los testimonios principales del proceso es el del testigo protegido que declaró ante la Guardia Civil que había recibido una primera oferta de Cano, Salvador G., Pedro H. y Ariel G. para acabar con la vida de Ponsoda a cambio de 35.000 euros.

Un testigo protegido dice que le ofrecieron 35.000 euros por matar a Ponsoda

Según el auto de hechos justiciables, el crimen tuvo lugar el 19 de octubre de 2007, sobre las 21.20 horas. Los tres supuestos sicarios acudieron al domicilio de Ponsoda, en Xirles, una pedanía de Polop de la Marina. Dos de ellos introdujeron sus armas a través del hueco de la ventana del coche a las puertas del garaje de la casa del alcalde y supuestamente dispararon tres veces. El alcalde de Polop falleció días después en el Hospital General de Alicante por la herida de bala en la cabeza.

Cano, la obsesión por controlar Urbanismo y ser alcalde de Polop, relegado por Ponsoda

Pero los hechos se gestaron mucho antes. Juan Cano, edil de Urbanismo hasta 2003, fue relegado por Ponsoda al décimo puesto de las listas por unas supuestas grabaciones en las que pedía dinero a un empresario. A pesar de ello, el exedil trató de hacerse con el control de ese área a través de la creación y gestión de una Gerencia de Urbanismo. Ya en 2007, un Cano "obsesionado" por hacerse de nuevo con el control del área de Urbanismo, volvió a la política activa como número dos de las listas electorales, aunque con desencuentros con el primer edil. El entonces teniente de alcalde se trazó como objetivo prioritario, "alcanzar la alcaldía de Polop".

El móvil: el odio

Según los autos, fue ese verano cuando Cano y los acusados Salvador G., Ariel A. G. y Pedro Jesús H. acordaron acabar con la vida de Ponsoda "por la animadversión que sentían hacia él por razón de su cargo de alcalde". Propusieron, en primer lugar, el asesinato a cambio de 35.000 euros al que luego se convertiría en el testigo protegido y que se negó a realizar el encargo hasta en dos ocasiones. Posteriormente contactaron con los tres supuestos autores de los disparos que finalmente acabaron con la vida del alcalde. Ellos aceptaron presuntamente el encargo por 50.000 euros, según explica la juez en el auto.

Tras dos años de investigación a cargo del Grupo de Homicidios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Cano fue detenido en 2009 como presunto inductor del crimen.

Hoy se constituirá el tribunal del jurado y está previsto que se inicien los interrogatorios con el testimonio del primer acusado considerado autor material del crimen. El martes está prevista la declaración de sus otros dos presuntos compinches y del presunto instigador e inductor. Ya el miércoles declararán Juan Cano y los dueños del local.

Acribillado en su garaje sin piedad

Ponsoda fue acribillado en su garaje. Alcalde apreciado por los vecinos que encadenaba victorias para el PP, agonizó ocho días en el hospital hasta que una bala, alojada en su cabeza, acabó con su vida. Cano asumió las riendas municipales. Pronto, todos los hilos de la investigación llevaron a él, un empleado de banca que, según la investigación, vio en la política una forma de medrar. Pero unas supuestas grabaciones en las que extorsionaba a un empresario truncaron aparentemente su carrera.

Todo se gestó en un prostíbulo

El crimen se planeó, según las investigaciones,en un prostíbulo donde se reunieron los encausados que se sentarán en el banquillo: Cano y el empresario de Polop Salvador Ros como instigadores del asesinato; el dueño y el gerente del club, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, como conseguidores, y un narcotraficante extremeño, Raúl Montero Trevejo, y dos sicarios checos, Robert Franek y Radim Rakowski, como presuntos autores materiales. Todos están en libertad provisional. Los instigadores se enfrentan a 25 años de cárcel, dos menos que los supuestos sicarios y el narco.