Una entre 15.000: ejecutado el derribo de una vivienda ilegal en Chiclana de la Frontera

Dura lex, sed lex es un principio general del Derecho: la ley es dura, pero es ley. Unos principios del Derecho que ahora parecen entrar en colisión con el sentimiento de los vecinos de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que este jueves se han concentrado ante la entrada de uno de los caminos, protegido por la Guardia Civil.

Al fondo, una vivienda ilegal, tan ilegal como las otras 15.000 que hay en Chiclana, espera su derribo. Que la justicia es igual para todos es otro principio del Derecho, pero ahora parece menos igual para la casa de Juan José, un albañil que la construyó con sus propias manos, y sobre la que ahora cae todo el peso de la justicia.

"Todas las casas están en la misma situación, pero la de Juan José, tiene orden de derribo", explica Chari, una mujer de mediana edad.

"Nos parece increíble que rodeados de casas en situación parecida, como están, la derriben. Es una barbaridad", apunta a su lado Alberto, que tiene poco más de veinte años.

Hasta el control, que impide también el paso a los medios de comunicación, se acerca un primo de la familia: "Esto pasa con muchas casas de Chiclana, de Conil del Puerto de Santa María, pero nos ha tocado a nosotros vivir esta desgracia".

Porque sí, una denuncia cuando empezó a construirla irregularmente hace diez años, ha terminado hoy su recorrido judicial -incluida una petición de indulto- y Juan José, su mujer y sus dos hijos, uno menor de edad, se quedan en la calle. Una familia abrazada frente a lo que pronto serán escombros.

"Mi hermano tiene diecisiete años y nos van a tirar la casa", dice el mayor de los dos entre lágrimas. "En plena pandemia nos van a dejar sin techo. Mas de diez años viviendo aquí y nos van a quitar toda nuestra juventud".

Juan José, junto a ellos, mira el teléfono. La casa aún está en pie y, quién sabe, a última hora puede llegar una llamada que pare esto. "Soy un trabajador y lo que está aquí se ha pagado a sudor", se emociona Juan José. "Lo hice para tener una vivienda para mis hijos y para mí, para vivir aquí los cuatro que estamos viviendo".

Junto a ellos miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas de Chiclana que colocan carteles de Stop Desahucios. No es un desahucio, pero las consecuencias, dicen, son las mismas.

"Hay un decreto del Gobierno de España que asegura que no se puede echar a la gente a la calle durante la pandemia", apunta Juan Sánchez, miembro de la plataforma."Esto no es un desahucio pero el resultado es el mismo, dejar a la gente en la calle, por eso estamos aquí apoyando a la familia".

Tic tac. El tiempo no corre igual cuando tu casa pende de un hilo. Se hace más lento, mientras fuerzas policiales, amigos y la familia de Juan José se entrecruzan frente a la vivienda. La llamada no llega, lo que llega por escrito es la orden de derribo. La familia abandona la casa voluntariamente. Una enorme excavadora entra en acción. Mientras la casa cae, suenan los aplausos de los vecinos. La ley es ley, pero es dura.