Caamaño ha señalado en declaraciones a Efe que no cree que los jueces se molesten por esta modificación, ya que hasta ahora son ellos los que se encargan de la instrucción.
"Creo que los jueces serán conscientes de que tenemos un modelo de instrucción penal que ya sólo existe en Francia, donde se está modificando, y en España", ha explicado el ministro.
En su opinión, la actual ley, de 1882, no cumple una función "básica en un Estado de derecho" porque no diferencia entre quien tiene que averiguar el delito de quien tiene que proteger los derechos incluso de las personas que están siendo investigadas, "algo que es sumamente complejo salvo que lo hagan dos personas distintas", ha puntualizado.
Caamaño ha realizado estas afirmaciones antes de asistir a la clausura de la primera de las dos jornadas del XXIV congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que se celebra desde hoy en Burgos y cuyas conclusiones el ministro pretende tener en cuenta para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Precisamente la UPF pedirá mayor protagonismo del Ministerio Público en la preparación de los juicios, según ha adelantado el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, en el inicio del Congreso anual de esta organización, a la que pertenecen 250 fiscales, el 12 por ciento de los que están en ejercicio en España.
Martín Granizo ha explicado a Efe que en el documento de trabajo que se ha elaborado como punto de partida del congreso, al que asisten 150 fiscales, se establece que el Ministerio Fiscal debe ser "más relevante" y cobrar "mayor protagonismo" en la preparación de los juicios, en la fase de instrucción de las diligencias previas.
En este sentido, el presidente de la UPF, Emilio Sánchez, ha considerado que el estatuto por el que se rigen los fiscales no debe dificultar que asuman este papel "porque la jerarquía a la que se refiere tiene su último eslabón en el Fiscal General del Estado y no en el Ministerio de Justicia".
Además, ha recordado que los fiscales se rigen también por el cumplimiento de la ley y la autonomía que les permite un cierto margen de maniobra, si bien ha considerado que esa autonomía "tendría que potenciarse".
Para Emilio Sánchez, dejar en manos de los fiscales la instrucción permitiría una homogeneidad en los procedimientos que es más complicada en el caso de los jueces.
Tanto Sánchez como Martín Granizo, han mostrado su confianza en que el Ministerio de Justicia tenga en consideración las conclusiones del congreso de la UPF como parte del material preparatorio de la reforma procesal que está en fase de elaboración, aunque el fiscal superior de Castilla y León ha recordado que "en todo caso, la legitimidad para establecer los criterios de la reforma es del legislador".
El congreso finaliza mañana con un acto de clausura al que asistirá el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido.
Será el broche de una doble sesión en la que también se elegirán los candidatos de la UPF al Consejo Fiscal, que asesora precisamente al Fiscal General del Estado en varias materias, sobre todo nombramientos y líneas fundamentales de actuación.
Entre los candidatos a esta elección interna figura el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo.