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La Fiscalía en su Memoria ha puesto el debate encima de la mesa, pero parece que nadie ha aplaudido su idea. En vista de que los abusos sexuales contra menores aumentan y se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima, en los que se incluyen entornos familiares, educativos o de tiempo libre ha lanzado la propuesta de colocar cámaras en las aulas.
En este contexto, la institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial. "Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", argumenta.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal sugiere que se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados --como despachos, aulas--, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".
La Ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha considerado "terrible" la posibilidad de instalar cámaras permanentes en las aulas de los centros educativos como ha sugerido la Fiscalía General del Estado en su memoria anual ante el aumento de los delitos sexuales en los últimos años.
Celaá, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, afirma que "todas las propuestas pueden ser debatidas", pero es es "una medida absolutamente fuerte", teniendo en cuenta que "no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones". En su opinión, con la instalación de cámaras se estaría poniendo en los centros educativos "un 'gran hermano' permanente".
La portavoz del Gobierno ha recordado que en su etapa como consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco se acordó instalar cámaras, con fines probatorios, en un aula en la que se estaban produciendo incidentes, pero ha cuestionado que se haga "como censura previa" porque, según ha afirmado, "quizás no haya más agresiones, sino que se denuncian más".
El presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha calificado como "barbaridad" la "ocurrencia" expuesta por la Fiscalía General del Estado de "introducir cámaras en las aulas para prevenir el abuso sexual" a menores, según el responsable educativo del sindicato.
"No se puede fiscalizar así el trabajo de los docentes", critica Gutiérrez, que defiende la labor del profesorado porque "ya educan en el respeto, la igualdad y la tolerancia". "Lo que tiene que hacer la Fiscalía es ejercer su función cuando se producen estos delitos", añade.
Por su parte, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) considera que esta medida "criminalizaría a los profesores. Están metiendo en un saco a todos”, Él pide que se vuelva a poner en marcha el Observatorio de la Convivencia". La polémica está servida y parece que la idea de los fiscales para atajar y poder penar de forma más clara los abusos cometidos con menores no ha calado.