La juez del caso Julen ya ha recibido los informes sobre la caída que le costó la vida al pequeño. Hoy mismo ha comenzado los interrogatorios. Se busca depurar responsabilidades y saber por qué el pozo no estaba cubierto. Los primeros en declarar han sido el pocero y el dueño de la finca. Aunque también ha prestado declaración la madre del pequeño Julen. Las contradicciones entre el pocero y el dueño de la finca persisten.
El pocero que ejecutó la obra ha señalado que David, el tío de Julen le dijo que tenía la documentación para hacer el pozo pero no se lo pidió porque ya había otros pozos hechos en la finca y se fió. Mientras tanto el dueño de la finca señala que no pidió la licencia para el pozo porque pensó que el pocero era un especialista y se fió de que él llevara a cabo todo el proceso burocrático.
El pocero dice que le puso una piedra encima de 15 kilos y que a partir de ese momento la responsabilidad era del dueño de la finca. El pocero señala que cuando volvió a ver el pozo después de la caída de Julen la tierra se había removido y no había zanja. El dueño de la finca dice que el pocero se llevó la maquinaria y dejó el pozo sin tapar.
El tío de Julen ha declarado que el padre del niño apartó piedras y material para que nada cayera encima del pozo.
En estos momentos los dos pozos están sellados con planchas de acero. Es muy impactante la imagen cuando nos detenemos en la diferencia de diámetro. Los dos agujeros están ahora al mismo nivel, pero el pozo que atrapó a Julen antes estaba en una zanja con un muro de contención que lo rodeaba. La Guardia Civil cree que ese muro fue una trampa mortal para el niño, que no tuvo escapatoria. Puede que la familia pensara que ese pozo no era un peligro porque era imposible que nadie pudiese colarse por ahí.
Sin embargo, con la ley en la mano el hecho de que el pozo estuviera destapado convierte un terrible accidente en un homicidio imprudente. El director de la Guardia Civil, Feliz Azón, que ha visitado a los a los agentes de montaña que participaron en el operativo de rescate que duró 13 intensos días, ha declarado ya que “todo el mundo piensa que es un homicidio imprudente presuntamente”. No obstante, señaló que es la jueza la que debe determinarlo.
La clave para los investigadores es averiguar si el pocero tapó el agujero como ha declarado ya en varias ocasiones. El hombre hizo en la misma finca otras dos catas que si están tapadas. El pocero dice que el dueño de la finca, David, familiar de Julen, le dijo que tenía los permisos. Una de las hipótesis que se barajan es que la piedra que se supone que puso el pocero se moviera cuando se hicieron obras para la construcción de una casa, también ilegal, en la finca.
Por la vía administrativa, tanto el pocero como el dueño de la finca del terreno son responsables a partes iguales por no pedir permiso para catar el pozo. La multa podría ser de hasta 300.000 euros.
La investigación penal es cosa de la Guardia Civil, que trabaja al 1.000 por 1.000 para acabar la cuanto antes, según explicó ayer Azón en su visita a Málaga. “Le interesa saber el resultado final a toda la sociedad”, dijo. El responsable penal de la muerte de Julen. Podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel.