Desde 2013, los profesores y directores de colegios de todos los ciclos no universitarios son considerados como "autoridad pública" según recoge el artículo 124.3 de la polémica Lomce. Esto quiere decir que "los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad".
Este refuerzo de la autoridad de los docentes en un momento en el que la sociedad se replantea muchos principios se ha visto aún más arropado por las normas específicas aprobadas en varias comunidades autónomas (Madrid, Valencia, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y Cataluña) que han venido a regular aún más esta figura de autoridad.
La preocupación de los docentes por la pérdida de esta consideración es, no obstante, anterior a este nuevo marco normativo. Desde 2005, el sindicato ANPE tiene institucionalizada la figura del Defensor del Profesor como forma de dar visibilidad a un problema que crece año tras año. Desde hace más de una década, el psicopedagogo, Jesús Niño viene coordinando esta responsabilidad con el objetivo de lograr que toda la comunidad educativa se implique en la denuncia de cualquier tipo de agresión que sufran los docentes.
Para Niño. la Lomce de por sí ya supone un marco normativo mínimo para luchar contra esta lacra pero cree que hacen falta nuevos instrumentos legales para que este principio de autoridad no se quede en un simple miedo al profesor. El objetivo es que el respeto sea algo presente en el trato entre profesores, alumnos y familia.
No se trata como asegura de volver a viejos esquemas de tiempos pasados pero sí de reconstruir unas relaciones que ahora están deterioradas. Recupera así la idea de la diferencia de trato que se da a los profesores en el ámbito rural y que ahora se ha perdido en los centros de las grandes ciudades.
Aumento de las denuncias
Año tras año, los informes de su departamento recogen un aumento en las denuncias de agresiones tanto físicas como verbales. Un crecimiento que Niño atribuye a que ahora los docentes no tienen miedo a sacar a la luz estos hechos y a la propia existencia de instrumentos legales para hacerlo.
Niño está convencido de que este es un compromiso de todas las partes implicadas. Recuerda así que ya en la propia Lomce se obliga a todos los que sepan de una agresión a ponerla en conocimiento de las autoridades docentes y, estas a su vez, a la Administración para que la Fiscalía pueda actuar contra los agresores.
Para eso, reclama trabajar más para que aquellos que sean testigos denuncien. Y testigos somos también cuando en un grupo de Whatsapp un padre o una madre se expresa con términos violentos hacia algún profesor.
Porque tanto en las redes sociales como como en la vida real no hay un estereotipo de agresor o violento. Desde su posición privilegiada, asegura que no se puede dibujar un perfil de quién pega o insulta. Hay de todo tipo de condición social o económica y que al final se trata de personas que carecen de los instrumentos intelectuales o emocionales para gestionar los conflictos.
Tampoco este tipo de violencia contra el docente es algo que ocurra en todos los ciclos y niveles. Es más intenso en Primaria que en Secundaria y también tiene cierta preeminencia en Infantil. La explicación de Niño para esta diferencia está en relación directa con esa falta de capacidad para solucionar problemas de progenitores que dejan la educación de sus hijos en manos de la escuela y los profesores y luego son incapaces de enfrentarse a la llegada de problemas.
Dentro de unas semanas, el Defensor del Profesor presentará su nuevo informe, el decimotercero de la serie. Por el momento habrá que esperar a la publicación del documento pero este nuevo caso de Ocaña no parece indicar que la situación vaya a cambiar a corto plazo.