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Las familias españolas destinan, de media, 1.345 euros (o lo que es lo mismo, el 5% de sus ingresos anuales) al pago de suministros del hogar (luz, gas y agua) según un estudio realizado por la Consultora AIS Group.
Desde AIS Group han explicado que la mayor parte de este gasto corresponde a la luz, que representa un gasto de 787 euros anuales por familia, seguido del gas (270 euros) y el agua (191 euros).
Además, el peso de los suministros en la factura de los hogares ha ascendido ligeramente en el último año, pasando de algo menos del 4,5% al casi 5% del total del gasto familiar.
"Una posible explicación para este incremento es que el volumen global de gastos por hogar se ha reducido en un 10% en el último año, por lo que el peso de los suministros, un bien esencial para el bienestar de las personas, es ahora algo mayor", ha explicado el director de desarrollo de negocio de AIS Group, Agustín Amorós.
Según el estudio, algunas provincias de Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León son las que en los últimos años han superado de manera más pronunciada la media nacional de gasto familiar en suministros. Así, según los últimos datos disponibles en ODS Maps, relativos a 2019, los territorios donde el peso de esta partida era mayor a nivel porcentual eran Ciudad Real (6,1%), Toledo (5,88%), Cuenca (5,78%), Teruel (5,71%) y Albacete (5,69%).
Por otra parte, las familias que pagaron más por estos suministros fueron las de Huesca, que desembolsaron una media de 1.654 euros. Tras ellas, las de Teruel (1.647 euros), Ciudad Real (1.617 euros), Navarra (1.615 euros) y Madrid (1.614 euros). En el lado opuesto de la tabla están las familias canarias, con un gasto medio en agua, luz y gas por debajo de los 870 euros anuales, lo que supone el 3,2% del total de sus gastos.
Respecto a la luz, las familias que registraron un gasto medio más elevado fueron las de Baleares (985 euros) y las de Murcia (960 euros). También por encima de los 900 euros se quedaron las familias de Castellón (907 euros) y Ciudad Real (902 euros).
Las provincias canarias son de nuevo las que muestran el gasto medio en electricidad más bajo de España, 622 euros en Las Palmas y 625 euros en Tenerife. Justo por encima están Álava, donde el promedio de los hogares en luz fue de 668 euros, Palencia (669 euros) y Valladolid (686 euros).
En lo que concierne al gas, ODS Maps revela que si bien el gasto medio a nivel nacional supera ligeramente los 275 euros, familias residentes en territorios como Madrid destinaron una media de 510 euros. Las navarras, unos 495 euros y las riojanas, cerca de 475 euros. Completan el grupo de los que mayor desembolso realizan en gas, las provincias vascas que están entre 395 euros y 400 euros.
Por el contrario, son las provincias canarias y las del sur peninsular las que presentan una inversión más baja para el pago de su recibo del gas. Apenas unos 45 euros en Tenerife y Las Palmas, y algo menos de 110 en provincias andaluzas como Cádiz, Málaga y Jaén.
Respecto al agua, es en Baleares donde la media de gasto es más elevada, casi 270 euros. A cierta distancia está Madrid, rondando los 250 euros, Murcia (235 euros) y Barcelona (215 euros).
De hecho, las provincias del levante y los archipiélagos son en general las que presentan un gasto superior a la media española, que se sitúa ligeramente por encima de los 180 euros. En este caso, el presupuesto más bajo lo registran las familias de provincias aragonesas, gallegas y castellanoleonesas. Por ejemplo, los hogares de Lugo, Zaragoza, Soria, Ávila y Ourense, gastan en agua corriente de media menos de 100€ al año.
La ley protege a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial frente a los cortes que puedan establecer las compañías suministradoras de electricidad, gas y agua potable por falta de pago. Por tanto, esto significa que estas empresas no podrán interrumpir los suministros cuando se producen impagos, cuando hay riesgo de exclusión residencial.
Las medidas para garantizar el derecho de acceso a los suministros de agua, luz y gas, también se aplican a las casas en que, a pesar de no cumplir los requisitos de ingresos, vive alguna persona afectada por dependencia energética.
Las administraciones públicas deben llegar a acuerdos o convenios con las compañías suministradoras de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o que les aplican descuentos notables en el coste de los consumos mínimos.
Con carácter excepcional desde el 30 de septiembre de 2020 pueden solicitar el bono social las personas titulares del suministro o alguna de las personas que forman parte de su unidad familiar si están en situación de desempleo, de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o si han visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados, en el caso de ser empresario, o para afrontar otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
Los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud, deben ser inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor a la unidad familiar (11.279 euros); dos veces el índice IPREM de 14 pagas en el caso de que haya un menor a la unidad familiar (15.039 euros), o 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas en el caso de que haya dos menores a la unidad familiar (18.799 euros).