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Cientos de vecinos de las localidades valencianas de Torrente y Alfafar denuncian que deben dejar sus casas en régimen de alquiler de protección oficial. Desde este verano, las viviendas son propiedad de SAREB, que un mes antes del vencimiento de los contratos les avisa de que tienen que irse. Sin embargo, estos pisos se hicieron para que estuvieran ahí 25 años. Desde la entidad y desde la Generalitat aseguran que ya trabajan para darles una solución pero ellos tienen miedo.
Son gente sin demasiados recursos, que pagan un alquiler mensual de 460 euros aproximadamente. Así que irse a otra casa del alquiler privado no entra dentro de sus posibilidades.
Toñi, que lleva allí 10 años, nos cuenta que en su casa son cuatro personas -dos adultos y dos menores- y solo entra un sueldo. A ella aún no la han avisado para que deje la vivienda de Torrent pero asegura que no tiene más opciones. Hay personas muy mayores, solas e incluso en silla de ruedas que ya han sido notificadas. “Mi vecina de arriba está buscando una residencia de mayores para ella pero tienen un hijo dependiente con el que no sabe qué hacer”.
Ramón, que fue el conserje en Torrente hasta que el llamado ‘banco malo’ se hizo con los edificios, asegura que la gente “tiene miedo, está asustada”. “A algunos nos han pedido el número de cuenta para pasarnos los recibos y yo antes de dárselo quiero hablar por teléfono con alguien pero no nos cogen el teléfono”, señala.
David, otro vecino, explica que ellos quieren quedarse en sus casas, que tienen un régimen de alquiler protegido para 25 años y solo han pasado 10. “Ni si quieran nos ofrecen la posibilidad de quedarnos con un nuevo precio, quieren que nos vayamos”, sentencia.
Toñi cuenta que hace días dos personas, que dijeron ser empleados de SAREB, fueron preguntando puerta por puerta quién vivía ahí. “Tapiaron un piso del tercero que estaba vacío”.
Sobre esta extraña visita, la SAREB ha explicado a Informativos Telecinco que puede que fueran empleados de algunos de sus proveedores externos, que son Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia. En cualquier caso desde la entidad, que se define como empresa privada pero que tiene un 45% de capital del FROB, es decir, de dinero público, aseguran que están “trabajando con la Generalitat para llegar a una solución lo antes posible”.
SAREB admite que los vecinos están recibiendo avisos para que dejen sus pisos al vencimiento anual del contrato pero puntualiza que ellos son una “sociedad liquidadora; tenemos que vender”.
Desde la Consejería de Vivienda de la Generalitat confirman que están buscando una solución para los vecinos de Torrent –125 familias- y los de Alfafar -225- porque “ninguna familia se puede quedar en la calle”. Ya han solucionado el problema de 30 familias de La Puebla de Vallbona, que iban a ser desahuciados por la empresa Divarian en Puebla de Vallbona. “Hoy le diremos a los vecinos que se pueden quedar” porque el Gobierno valenciano ha comprado las casas.
Sobre las posibilidades que estudian para los vecinos de Torrente y Alfafar, la Generalitat admite que al tratarse de SAREB es un caso “muy distinto” porque con un “banco privado puedes negociar".
Hoy mismo el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, se reúne con los alcaldes de ambas localidades y después visitará a los vecinos.
César Jiménez, Secretario Autonómico de Vivienda, aclara que los vecinos tienen derecho a estar seis meses más en sus casas con las mismas condiciones. El decreto de estado de alarma obliga a los arrendadores a dar seis meses más a los inquilinos cuando se cumple el contrato, siempre que estos lo soliciten.
“Estos seis meses –dice Jiménez- darán tiempo a la Generalitat para buscar una solución más a largo plazo”. Puede ser que la entidad, “responsable de la situación de los vecinos, les de cinco o siete años más de alquiler como prevé la ley” o también existe la posibilidad de que a SAREB le interese vender. En ese caso, “debe avisar con tiempo al Gobierno valenciano para que evalúe las viviendas y haga una oferta por ellas”.
Estas viviendas de Torrente y Alfafar se hicieron en suelo público, cedido hace más de una década por la Generalitat valenciana. Los inmuebles, en régimen de alquiler durante 25 años, los gestionaba una empresa –CREIN- que con los años no ha podido asumir los pagos de un crédito, que hoy por hoy tiene SAREB y cuyo aval son las viviendas.
Ante los impagos del préstamo el ‘banco malo’ acudió a los tribunales y estos han dictaminado que la propiedad de los inmuebles pase a la SAREB. Tiene en sus manos 350 hogares de familias con escasos recursos.