La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas durante once años a prostituirse con menores en un chalet de Madrid
El chalet estaba alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión
Las mujeres trabajaban las 24 horas del día y tenían que seguir ciertas normas
La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, incluso con menores de edad de unos 16 años, en un chalet en Madrid alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión y que llevaba explotando sexualmente a ciudadanas latinas en esta vivienda desde hace 11 años.
Junto a la pareja, en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, corrupción de menores y tráfico de drogas, fueron arrestadas otras cuatro personas en la denominada 'Operación Socavón', desarrollada por el Grupo VI de lucha contra la trata de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía gracias a la denuncia de dos víctimas.
La actividad reportaba notorios beneficios
Las mujeres explotadas, unas 15, vivían hacinadas en el sótano del chalet situado junto a Arturo Soria, concretamente en la calle Marqués de Hoyos, pero alejado del resto de viviendas.
La casa tenía actividad las 24 horas del día durante la última década, y de hecho las investigaciones han logrado identificar en apenas cuatro días más de 600 movimientos. La actividad ilícita reportaba notorios beneficios de hasta 6.000 euros en apenas una mañana, o unos dos millones en un año.
Normas obligatorias y sistema de multas
Las mujeres, obligadas a ofrecer servicios sexuales obligadas a trabajar durante todo el día, realizaban los servicios sexuales en el sótano del chalet, que contaba con una alarma sonora y luminosa que advertía a las mujeres de que abandonaran lo que estaban haciendo para subir a la primera planta y ofrecerse a los clientes, algunos de ellos incluso menores de edad.
Tanto en las escaleras que dan al sótano, como en esta propia estancia de la vivienda, había pequeños carteles con normas obligatorias para las mujeres, como la prohibición de sentarse sin ropa interior en el sofá.
Además, existía un sistema de normas de conducta y de oferta de servicios que, en caso de que las víctimas lo incumplieran, se les imponía multas de entre 20 y 30 euros. Las mujeres vendían droga que en algunos casos también consumían, lo que las convertía en drogodependientes y ahondaba en sus deudas.
Mujeres con contrato falso
Los responsables de la organización utilizaba una página web en la que, además de publicar fotos de las mujeres y los servicios sexuales que ofrecían, facilitaban un contacto para concertar entrevistas personales. Las víctimas, por su parte, habían firmado un contrato sin conocimiento de las cláusulas.
La organización contactaba con las mujeres extranjeras, en ocasiones en su país de origen, y les ofrecía una vía de entrada al país. Sin embargo, esto ya dejaba a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y con una deuda económica con los responsables de la organización.
Los inspectores jefes Víctor de las Heras y Tomás Santa María han relatado que la estructura de la organización de trata seguía el patrón habitual a este tipo de entramados que captan a mujeres vulnerables en sus países de origen y que llegan a España con una deuda contraída ya por el pago del billete y alojamiento.
