Los vecinos de Elorrio consiguen paralizar el desahucio de una mujer, víctima de violencia vicaria, y sus dos hijos en el piso donde vivían desde 2009
El sindicato Socialista de Vivienda consiguió retrasar el lanzamiento, que queda pendiente de una nueva fecha
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El Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea ha conseguido aplazar el desahucio previsto para la mañana de este martes en la localidad vizcaína de Elorrio. La suspensión se produjo tras la movilización organizada por el colectivo, que reunió a cerca de un centenar de personas frente a la vivienda afectada.
Según ha informado el sindicato, la concentración comenzó alrededor de las 9.30 horas con el objetivo de mostrar apoyo a la familia y reclamar la paralización del lanzamiento.
La comitiva judicial llegó acompañada de cerrajeros
A las diez de la mañana hizo acto de presencia la comitiva judicial, acompañada por cerrajeros, momento en el que miembros del sindicato iniciaron conversaciones con sus representantes.
Finalmente, la comitiva comunicó la suspensión del desahucio, aunque la ejecución no ha sido cancelada definitivamente, sino aplazada, por lo que queda pendiente de que se señale una nueva fecha. Tras conocerse la decisión, la mujer afectada abandonó la vivienda acompañada por miembros del sindicato y personas cercanas.
Entre aplausos y muestras de apoyo, los presentes celebraron el aplazamiento del lanzamiento y agradecieron la solidaridad de las decenas de personas que se habían concentrado durante la mañana.
La familia reside en una vivienda de alquiler social desde 2009
El Sindicato Socialista de Vivienda ha explicado que se trata de una mujer que vive junto a sus dos hijos en una vivienda de alquiler social en Elorrio desde el año 2009.
Asimismo, asegura que la familia dispone de informes favorables de vulnerabilidad, aunque, tras varios meses sin poder afrontar el pago del alquiler, se inició el procedimiento de desahucio. El colectivo ha señalado que el proceso fue impulsado por Alokabide, entidad pública encargada de la gestión de viviendas de alquiler social en el País Vasco.
Además, ha advertido de la especial gravedad del caso al sostener que la mujer ha acreditado haber sido víctima de violencia de género y violencia vicaria, circunstancias que, a su juicio, deberían haber sido tenidas en cuenta para evitar el lanzamiento.
