Se trata de una resolución judicial inusual por su rapidez
Los parientes de la propietaria sospechan que los ocupantes falsificaron el contrato utilizando documentación que habrían sustraído previamente del buzón de la vivienda,
ValenciaAunque los desahucios exprés acortan los plazos habituales de la justicia, no es frecuente que un juez ordene un desalojo en apenas tres días. Eso es lo que ha sucedido en Cullera, donde una magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca decretó el martes por la tarde el “desalojo inmediato y urgente” de una vivienda ocupada por cinco personas.
Los tres adultos peruanos y dos menores desalojados habían presentado a la Guardia Civil un contrato de alquiler con claros indicios de falsificación. En el documento figuraba como arrendadora la propietaria de la vivienda, una mujer de 88 años en estado vegetativo y encamada desde hace tiempo en una residencia geriátrica. La firma estaba fechada el 7 de agosto de 2025, cuando la anciana ya no podía rubricar ningún documento por su deterioro cognitivo.
Los parientes de la propietaria sospechan que los ocupantes falsificaron el contrato utilizando documentación que habrían sustraído previamente del buzón de la vivienda, una práctica que, según denuncian, se repite en muchos casos de okupación ilegal para retrasar los desalojos.
La denuncia de la familia y la intervención judicial
La ocupación ilegal fue descubierta el pasado 15 de agosto por una hija de la propietaria, que al acudir al domicilio comprobó que alguien había cambiado la cerradura. Tras alertar a la Guardia Civil, los agentes no pudieron desalojar a los ocupantes porque mostraron el contrato aparentemente legal. Fue entonces cuando recomendaron a la familia denunciar por usurpación de inmueble y solicitar el desalojo urgente.
La demanda fue presentada al día siguiente con la ayuda de la abogada Reyes Albero y del hermano de la anciana, copropietario de la casa. Tres días después, la magistrada autorizó la expulsión de los ocupantes, permitiendo a los agentes usar “la fuerza mínima indispensable” en caso de resistencia.
El desalojo y las comprobaciones
El martes, la Guardia Civil notificó la resolución a los okupas, que no tuvieron más remedio que abandonar la vivienda con sus pertenencias. Los agentes los identificaron y los mantuvieron en la calle hasta que los herederos del inmueble inspeccionaron el interior.
Los familiares hallaron una habitación repleta de enseres y ropa acumulada, lo que les permitió ganar espacio en otras estancias, aunque aún no habían determinado si faltaban objetos de valor.