Abren proceso penal contra los padres de Daniela, una joven trans que se suicidó, por enterrarla en Alicante con el nombre anterior a su transición: "Querían borrar su identidad"
Es el primer caso en España en la que los tribunales plantean que el derecho al honor y la protección de la dignidad debe aplicarse también cuando el sujeto pasivo del delito ha fallecido
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La sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda (Alicante) ha abierto un proceso penal ante la comisión de un posible delito de odio por parte de los padres de Daniela, una joven chica trans que se suicidó en 2022 a los 21 años.
Tras su muerte, los padres de la joven decidieron enterrarla en una panteón familiar en Aspe (Alicante) con el nombre y una fotografía anteriores a su transición. Unos hechos que las amigas de Daniela pusieron en conocimiento de la asociación Euforia Familias Trans Aliadas, que inició un largo periplo para defender los derechos de la joven, que tras años de sufrimiento consiguió realizar su transición y modificar legalmente su nombre en el Registro Civil. "Fue enterrada como un nombre y una imagen que ya no era suya con la finalidad de borrar su identidad como persona", explica Saúl Castro, abogado de Euforia, que ha denunciado el caso de Daniela.
Un proceso que cuenta con el apoyo de la Fiscalía de delitos de odio de Alicante y que está previsto que se ponga en marcha a lo largo de este mes de septiembre con las primeras diligencias de investigación. "Es el primer caso en España en el que se plantea que el derecho al honor y la protección de la dignidad también se aplica en aquellos casos en los que el sujeto pasivo del delito no está vivo. Plantea una visión más amplia del derecho a la memoria, que es algo no se había valorado por nuestros tribunales. Esto puede ser muy útil para más personas trans que son rechazadas por sus propios familiares por su identidad y a los que no respetan su memoria ni cuando ya no se encuentran entre nosotros", señala el letrado.
Una noticia esperanzadora para el colectivo LGTBIQ+, que llega tras cuatro años de lucha otros trámites administrativos, que comenzaron con el Ayuntamiento de Aspe, y que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana después de que la Generalitat Valenciana se regara a investigar los hechos tras denunciarlos ante la Dirección General de la Conselleria de Igualdad. "La Generalitat nos dijo que no iban a aplicar la ley trans, a pesar de que la ley trans valenciana les atribuía competencias para aplicar el régimen sancionador que es el que tutela cualquier hecho constitutivo de discriminación. Entonces, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que dictó una sentencia a finales del año pasado en la que nos daba la razón y que los hechos que habíamos puesto en conocimiento de la Generalitat podían ser constitutivos de una infracción administrativa y que tenía que abrirse una investigación", afirma el abogado.
Rechazada por su familia
La historia de Daniela comenzó lejos de España, en su Chile natal donde llegó al mundo en septiembre del 2000. Tras unos primeros años de vida difícil, fue adoptada por una familia de ideología ultracatólica de Cantabria. Desde bien pequeña, Daniela comenzó a no sentirse identificada con su género, unos sentimientos que compartió con sus padres, que no la apoyaron y la obligaron a asistir a las conocidas como terapias de conversión.
Tras los continuos enfrentamientos con su familia, la joven alcanzó la mayoría de edad y pasó a estar tutelada por la administración cántabra. Para huir de su entorno, Daniela se marchó a Madrid y en marzo de 2021 cambió su nombre en el Registro Civil. Sin embargo, sin dinero y sin apoyo familiar, con la única ayuda de sus amigas, Daniela comenzó a sufrir graves problemas económicos y psicológicos que le llevaron a quitarse la vida.
Ahora, cinco años después, el colectivo LGTBIQ+ sigue dispuesto a salvaguardar su memoria y que su trágica historia pueda servir para que otras personas trans no tengan que pasar por el mismo calvario.