Un abogado denuncia a un juez de Ceuta por usar presuntamente IA para citar sentencias inexistentes del Tribunal Supremo
Un abogado ha presentado una queja ante el CGPJ tras detectar que una resolución judicial se apoyaba en supuestas sentencias del Tribunal Supremo que no existen y que habrían sido generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial
La defensa denuncia que se bloqueó un recurso de apelación utilizando jurisprudencia ficticia y alerta del riesgo que supone el uso acrítico de sistemas automatizados en la Administración de Justicia
CeutaEl uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de resoluciones judiciales ha llegado por primera vez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en forma de queja disciplinaria. Un abogado ha denunciado ante el órgano de gobierno de los jueces que un magistrado de Ceuta fundamentó una resolución en supuestas sentencias del Tribunal Supremo que, tras ser comprobadas, no existen, con referencias aparentemente precisas que habrían sido generadas mediante sistemas automatizados sin contraste ni verificación.
La queja ha sido presentada por el letrado Rachid Mohamed Hammu, del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta, a raíz de un auto dictado el 1 de diciembre de 2025 en un procedimiento penal. En esa resolución se acordó la nulidad de actuaciones, se dejó sin efecto una personación previamente admitida y se impidió la tramitación de un recurso de apelación interpuesto conforme a la ley.
Jurisprudencia sin base
Según expone el abogado en su escrito al CGPJ, la resolución judicial se apoya de forma decisiva en una supuesta jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, citando varias sentencias identificadas con número, año y fecha concreta, a las que incluso se atribuye doctrina literal entrecomillada.
Sin embargo, tras su verificación en las bases oficiales del Alto Tribunal, la defensa sostiene que dichas resoluciones nunca han sido dictadas.
"No estamos ante una cita imprecisa ni ante un error menor, sino ante resoluciones completas que sencillamente no existen y que se utilizan como autoridad jurídica para justificar la restricción del derecho de defensa y del acceso al recurso", sostiene Mohamed Hammu.
Un informe fiscal sin verificación posterior
La queja sitúa el origen del problema en un informe previo del Ministerio Fiscal, que introdujo las referencias a esa supuesta jurisprudencia. Posteriormente, el órgano judicial incorporó esas citas a su resolución "sin la más mínima verificación", asumiéndolas como propias y convirtiéndolas en fundamento directo de su decisión.
Para el letrado, el hecho de que la resolución recoja los argumentos del Ministerio Fiscal no atenúa la gravedad de lo ocurrido. "Cuando un órgano judicial hace suyos unos fundamentos, responde plenamente de su veracidad y de sus consecuencias", subraya.
Sospechas de uso incorrecto de inteligencia artificial
El abogado advierte de que el patrón de las citas utilizadas (numeración concreta, fechas exactas y doctrina literal entrecomillada) es característico de textos generados por herramientas de inteligencia artificial o sistemas automatizados de generación de contenido jurídico.
A su juicio, el problema no es la tecnología en sí, sino su uso acrítico y sin control, trasladando a las partes las consecuencias de una motivación judicial construida sobre contenidos ficticios.
"Se trata de un funcionamiento anómalo en la elaboración de una resolución judicial, caracterizado por la utilización de jurisprudencia inexistente y por la ausencia absoluta de control y verificación", señala en su escrito.
Un fallo con consecuencias constitucionales
Mohamed Hammu sostiene que la actuación judicial denunciada no puede explicarse como un simple error jurídico ni como una discrepancia interpretativa, sino como un fallo estructural que ha tenido una afectación directa y real sobre derechos fundamentales.
Según recoge la queja, se ha impedido el acceso a un recurso legalmente previsto, se ha ignorado doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo sobre el derecho de defensa y se ha sustituido por una jurisprudencia inexistente utilizada como base para cerrar la vía de revisión judicial.
"La motivación formal de la resolución no supera el mínimo canon constitucional de razonabilidad ni de interdicción de la arbitrariedad, porque descansa sobre una base sencillamente falsa", sostiene el abogado.
Queja formal ante el órgano de gobierno de los jueces
El letrado ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que admita a trámite la queja y analice la actuación descrita, en particular la incorporación a una resolución judicial de citas de sentencias inexistentes del Tribunal Supremo y el uso incorrecto de herramientas de Inteligencia Artificial sin verificación por parte de quienes elaboraron los informes y dictaron la resolución.
La queja no persigue la revisión del fondo del procedimiento penal, sino poner de manifiesto un funcionamiento anómalo en la elaboración de una resolución judicial que, de confirmarse, abriría un debate inédito sobre los límites, controles y responsabilidades en el uso de sistemas de Inteligencia Artificial dentro de la Administración de Justicia.