La lucha de Jessica, una peluquera de Cádiz con 22 operaciones por un cáncer, a la que le niegan la incapacidad absoluta: "Me han enterrado en vida"
Jessica Mel denuncia una cadena de negligencias tras un cáncer de mama que le ha dejado secuelas irreversibles y una pensión de apenas 600 euros
Con el nervio pudendo seccionado, incontinencia total y tres hijos a su cargo, el juicio para reclamar su prestación no llegará hasta junio de 2027
CádizJessica Mel tiene 46 años y el cuerpo marcado por una batalla que parece no tener fin. Esta gaditana, que durante 19 años trabajó de forma incansable como autónoma, se enfrenta ahora al capítulo más oscuro de su carrera. Tras ser diagnosticada de cáncer de mama en 2020, lo que debería haber sido un proceso de curación se transformó en un calvario de 22 intervenciones quirúrgicas y una serie de secuelas físicas que la han dejado, según sus propias palabras, "enterrada en vida".
Pero, a pesar de la gravedad de su estado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le niega la incapacidad permanente absoluta, obligándola a subsistir con una pensión de 639 euros mensuales que, como ella misma dice, ni siquiera cubre sus gastos médicos básicos.
Acaba de salir de su última operación. Por eso Jessica relata a la web de Informativos Telecinco una trayectoria clínica devastadora con la voz muy debilitada por la medicación. Con trabajo explica en pocos minutos los últimos años vividos entre quirófanos. Todo empezó con una mastectomía bilateral y sucesivos rechazos de prótesis y expansores debido a infecciones recurrentes, por lo que los cirujanos tuvieron que reconstruirle el pecho utilizando tejido de su propia espalda. Aquella intervención le dejó una rotura del supraespinoso en el brazo derecho y una movilidad nula.
Pero el verdadero golpe llegaría en mayo de 2023. Durante una cirugía ginecológica para extirparle el útero y los ovarios, Jessica denuncia que sufrió perforaciones en la vagina y la vejiga, además de la sección del nervio pudendo en sus ramificaciones clitoriana y anal.
Una dependencia total sin auxilio institucional
Las consecuencias de esta última intervención han anulado por completo su autonomía. Jessica padece incontinencia urinaria total y contracciones vesicales involuntarias que le obligan a utilizar pañales de forma permanente. "No sé cuándo tengo la vejiga llena o vacía. El dolor del nervio pudendo es constante, me atraviesa desde el riñón hacia adelante", explica. Su situación es, como ella dice, de dependencia absoluta, tanto que su hijo de 14 años debe ayudarla con los pañales y su hija es quien la ducha y la peina ante su incapacidad para despegar los brazos del tronco.
A pesar de tener reconocido un grado de dependencia, Jessica denuncia que la ayuda domiciliaria que debía haber llegado el pasado 15 de febrero nunca apareció. Por eso asegura sentirse sola ante el dolor y las curas de sus drenajes tras su vigésimo segunda operación. "Es humillante y vejatorio que nadie haga nada y todo el mundo mire hacia otro lado mientras yo me pierdo la crianza de mis hijos", lamenta con desesperación.
El laberinto burocrático del INSS
La mayor indignación de Jessica radica en la valoración del INSS. Según denuncia, el organismo solo ha tenido en cuenta la patología de su pecho izquierdo para concederle una incapacidad permanente total (55% de la base), ignorando el resto de lesiones neurológicas y urológicas que constan en los informes periciales. Esta decisión la deja con apenas 600 euros mensuales para hacer frente a una hipoteca, préstamos personales y una farmacia que, desde febrero, le factura el 10% de una medicación carísima que incluye antibióticos crónicos, gabapentina y pañales.
"He cotizado 19 años y solo pido justicia, no una limosna", reivindica. Jessica ha agotado todas las vías administrativas, enviando cartas a la jefa del INSS en Cádiz y mensajes directos a responsables políticos como el consejero andaluz de sanidad, Antonio Sanz o el Presidente de la Junta, Juanma Moreno, sin obtener una respuesta efectiva. Su abogado ha logrado que el Defensor del Pueblo se interese por el caso, pero el sistema judicial le ha dado una cita demasiado lejana y el juicio para reclamar la incapacidad absoluta no se celebrará hasta junio de 2027.
Por todo ello, para Jessica, cada mañana comienza una lucha: "He intentado quitarme la vida porque esto no es salud, es una condena", confiesa. No puede hacer mucho más por su salud, seriamente afectada, pero espera poder arreglar una situación que la condena a la desesperanza.
