La familia de un hombre fallecido en Sevilla tras una intervención por cáncer reclama más de 223.000 euros por mala praxis
La demanda sostiene que una primera operación se realizó sobre un tramo equivocado del colon tras una discrepancia en la localización del tumor
Los familiares consideran que el error obligó a una segunda cirugía que derivó en graves complicaciones y, finalmente, en el fallecimiento del paciente
La familia de un hombre que falleció a los 74 años tras someterse a varias intervenciones quirúrgicas por un cáncer de colon ha presentado una reclamación contra una aseguradora sanitaria en la que solicita una indemnización de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios que atribuyen a una presunta mala praxis médica.
Según recoge la demanda, presentada por el abogado Pedro Arnaiz, el paciente acudió el 26 de junio de 2024 a un hospital de Sevilla tras presentar dificultades para tragar y alteraciones en el tránsito intestinal, con deposiciones pastosas y de mal olor. Ante estos síntomas, la especialista que le atendió solicitó la realización de una gastroscopia y una colonoscopia.
El 3 de julio se llevaron a cabo ambas pruebas diagnósticas, que permitieron detectar una lesión tumoral situada a 45 centímetros del margen anal. Durante la exploración se tomaron muestras para biopsia y se realizó un marcaje endoscópico con tinta china en una zona próxima a la lesión para facilitar su posterior localización.
El análisis anatomopatológico confirmó la existencia de un adenocarcinoma infiltrante de colon. Días más tarde, un estudio mediante TAC mostró un engrosamiento asimétrico de la pared del colon descendente, coincidiendo con la localización inicialmente descrita.
La intervención cuestionada
La controversia se centra en la operación practicada el 16 de julio de 2024. Según la demanda, durante la intervención los cirujanos localizaron el marcaje endoscópico en una zona anatómica distinta a la prevista, concretamente en el colon transverso.
Ante esta situación, el procedimiento inicialmente programado fue modificado y se realizó una hemicolectomía derecha. La familia sostiene que no se efectuaron comprobaciones adicionales para aclarar la discrepancia entre las pruebas diagnósticas y la localización observada durante la cirugía.
Posteriormente, el estudio de la pieza extirpada concluyó que el tumor no se encontraba en el segmento resecado, por lo que la lesión cancerosa permanecía sin haber sido eliminada.
Según el escrito judicial, esta circunstancia obligó a replantear el tratamiento quirúrgico y someter al paciente a una nueva intervención semanas después.
Una segunda operación y graves complicaciones
El hombre ingresó nuevamente el 3 de septiembre de 2024 para ser intervenido por segunda vez. En esta ocasión, los facultativos localizaron el tumor en la zona descrita inicialmente por las pruebas diagnósticas y procedieron a su extirpación.
Sin embargo, el postoperatorio se complicó de forma severa. De acuerdo con la demanda, el paciente desarrolló un shock séptico que obligó a practicar una tercera cirugía urgente y a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Pese a los esfuerzos médicos, el estado del paciente continuó deteriorándose y finalmente falleció el 6 de septiembre de 2024, apenas tres días después de la segunda intervención.
La familia considera que las complicaciones que desembocaron en la muerte están relacionadas con la necesidad de realizar una segunda cirugía mayor que, a su juicio, podría haberse evitado.
Informe pericial y reclamación económica
La reclamación presentada se apoya en un informe pericial que concluye que la asistencia prestada no se ajustó plenamente a la práctica médica exigible. El documento destaca la existencia de una discrepancia relevante entre los resultados diagnósticos y la localización del marcaje quirúrgico, sin que conste una verificación adicional antes de proceder a la primera resección.
Según el abogado Pedro Arnaiz, la repetición de una intervención de gran complejidad incrementó de manera significativa los riesgos quirúrgicos asumidos por el paciente y guarda una relación causal indirecta con el desenlace final.
La demanda sostiene que, de haberse comprobado correctamente la ubicación del tumor durante la primera operación, la segunda cirugía no habría sido necesaria y podrían haberse evitado las complicaciones posteriores.
Por estos hechos, la viuda y los hijos del fallecido reclaman a la aseguradora sanitaria una indemnización de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios derivados de la presunta mala praxis médica.
