Indemnizado tras un año en la cárcel sin pruebas: Juan Carlos queda absuelto tras pasar 343 días en prisión acusado de una falsa estafa

Lo perdió todo: el trabajo, la indemnización por despido, su matrimonio y hasta la libertad. Durante años, Juan Carlos era el mejor vendedor de un concesionario de Sevilla, hasta que fue denunciado por estafa.

Le acusaban de haber cometido hasta 30 irregularidades en operaciones comerciales y el escrito de acusación de la Fiscalía pedía para él una pena de seis años de cárcel por un delito de continuado de estafa y un delito continuado falsedad en documento mercantil.

Había comenzado a trabajar en el concesionario en el año 2006. Rápidamente, se convirtió en el comercial favorito. A finales de marzo de 2010, fue despedido fulminantemente y, poco después, denunciado y detenido.

Un año en prisión

Este sevillano permaneció en prisión preventiva desde el 13 de mayo de 2010, día en que fue detenido, hasta el 20 de abril de 2011. En total 343 días, casi un año privado de libertad.

Acusado por estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, el juicio no se celebró hasta doce años después, en enero del 2023.

Es decir, el procesado estuvo esperando a la celebración del juicio el doble de años de lo que la acusación pedía de condena para él.

Falta de pruebas

Siete meses después, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dictó sentencia el 14 de julio de 2023: Juan Carlos fue absuelto de todos los delitos que se le imputaban.

No se presentaron recursos, por lo que el fallo se convirtió en firme. Pero la sentencia absolotiria no alivia el año de prisión provisional que pasó ni los otros doce años de espera con esas acusaciones sobre la espalda.

Durante todo este tiempo, Juan Carlos estuvo bajo una "situación de pena de banquillo" que le ha generado “un estado de ansiedad constante y de estigma social".

Se quedó sin nada

También demanda no haber podidotener durante todo este tiempo "una vida social y laboral normalizada, con grave resentimiento para su economía”.

Su padre sufrió un ictus días después de su detención y entrada en cárcel, algo que Juan Carlos achaca a la "tensión" generada. Su esposa se divorció de él a causa del procedimiento y poco después enfermó y falleció.

Por otro lado, debido a su privación de libertad, Juan Carlos no pudo reclamar tras ser despedido ni solicitar la prestación por desempleo, quedándose sin nada.

Demanda al Estado

Por todo ello, Juan Carlos decidió reclamar una indemnización al Estado por un importe de 151.182,24 euros. El desglose de esta cantidad incluye distintos conceptos: por los 343 días que permaneció en prisión preventiva, solicita 48.400,73 euros, cifra que calcula a partir de su última declaración de la renta, donde declaraba unos ingresos anuales de 51.507,95 euros.

A esta partida añade otros 8.974 euros en concepto de prestación por desempleo durante un año tras su salida de la cárcel, tomando como base el salario mínimo interprofesional (641 euros en catorce pagas).

También incluye 19.479 euros correspondientes a un aval que tuvo que solicitar para la fianza y su libertad provisional; 6.000 euros por la enfermedad de su padre y otros 6.000 por la ruptura del vínculo familiar a raíz de su divorcio.

Además, reclama 31.749,75 euros por la indemnización que le correspondía tras su despido, la cual, según alega, no pudo tramitar por estar encarcelado. Por último, 30.578,76 euros en concepto de honorarios de abogados.

9.000 euros

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado prácticamente todas las pretensiones del procesado. Únicamente se ha limitado a la indemnizarle por los 343 días que estuvo en la cárcel.

En total, Juan Carlos recibirá una indemnización de 9.000 euros por el daño moral que ha sufrido a lo largo de casi trece años de litigio penal, y que corresponden únicamente al hecho de haber estado privado de libertad. Ni siquiera se le ha reconocido el daño moral por la lentitud de la justicia.