Los herederos de un promotor intentan adjudicarse y repartirse las zonas comunes de un bloque de Marbella y el Registro lo rechaza
Querían repartirse como herencia 3.758,34 metros cuadrados de los jardines y aparcamientos del edificio asegurando que los vecinos solo tenían el usufructo y que ese derecho ya había caducado
La resolución declara que el terreno nunca se separó como finca independiente ni quedó como propiedad privativa de los promotores, por lo que no puede segregarse ni repartirse
Los apartamentos y locales de la urbanización tenían dueño desde hacía décadas, pero los herederos del promotor que construyó ese conjunto inmobiliario de Marbella, en Málaga, pretendían quedarse con el suelo que rodeaba el edificio argumentando que seguía perteneciendo a la familia.
Esos terrenos se incluyeron en el reparto de la herencia y separaron una parcela de más de 3.700 metros cuadrados del que los vecinos supuestamente solo tenían el uso y disfrute de las zonas exteriores y que ese derecho ya había caducado.
Sin embargo, el Registro de la Propiedad no accedió a las pretensiones de los herederos y ahora la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, ha confirmado el criterio del Registro, según recoge el diario 'SUR' de Málaga.
La resolución de fecha 15 de julio de 2026, desestima el recurso de una de las interesadas y confirma la decisión de la registradora de Marbella, que había suspendido la inscripción de las escrituras de herencia y segregación.
El conflicto se remonta 56 años atrás
El conflicto viene de lejos. La finca original tenía 9.953,50 metros cuadrados. En una escritura de octubre de 1970, rectificada en febrero de 1971, sus dueños declararon la obra nueva y la dividieron en 87 elementos independientes.
El terreno sobrante alrededor del bloque quedó definido como común y destinado a jardines, aparcamientos y espacios de recreo. Una ampliación posterior incorporó otros 28 apartamentos y un almacén. Sus normas incluían una precisión sobre la que los herederos apoyaron su reclamación, que el propietario "solo cede" a los compradores "el libre uso y disfrute" de las zonas exteriores. A cambio, estos debían asumir los gastos de conservación y reparación de los servicios, jardines y aparcamientos.
Intentan extinguir el usufructo
La recurrente interpretó esa redacción a su manera, defendiendo que el constructor se había quedado con la propiedad del suelo y que la división horizontal solo afectaba a la edificación. Según su criterio pues, los espacios sin construir continuarían siendo propiedad de los fallecidos, por lo que los vecinos tenían el usufructo, pero no serían los dueños de esos elementos comunes. Con ese argumento, la escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia invocaba el artículo 515 del Código Civil y el paso de más de treinta años para declarar extinguido el usufructo.
Los comparecientes se adjudicaban la finca por cuartas partes y pedían cancelar las normas de los estatutos que regulaban esas zonas. En agosto de 2025 formalizaron otra escritura, complementaria y rectificativa, para separar una parcela de 3.758,34 metros cuadrados. También se atribuían el terreno no edificado que quedaba en la finca restante.
El registrador niega la inscripción
La documentación se presentó en el Registro de Marbella el 22 de enero de 2026, pero la registradora no lo aceptó y suspendió la inscripción el 11 de febrero. Según el historial registral, la operación no estaba respaldaba porque no constaba una separación previa de los espacios exteriores ni la constitución del usufructo que los interesados pretendían cancelar. Los estatutos, además, recogían expresamente las zonas que rodeaban el inmueble entre los elementos comunes. Los solicitantes pidieron a otro registrador revisar la decisión, pero el titular del Registro de la Propiedad de Málaga número 6 confirmó la calificación el 25 de marzo.
Posteriormente, una de las interesadas acudió a la Dirección General, donde insistió en que las escrituras de herencia y segregación debían examinarse conjuntamente. También se apoyaba en una autorización del Ayuntamiento de Marbella de octubre de 2025 que permitía segregar la parcela. Como alternativa a la inscripción de toda la operación, pedía que al menos se registrara a favor de los herederos esa porción de 3.758,34 metros cuadrados libre de cargas.
Elemento común de la comunidad
La Dirección General rechaza sus argumentos. Para resolver el conflicto, examina cómo se configuró la propiedad antes de que los apartamentos y locales pasaran a otras manos. El terreno exterior nunca se había separado como finca independiente antes de la división horizontal ni había quedado definido como propiedad privativa de los promotores. A ello se sumaba el contenido de las normas inscritas. Su redacción, señala el organismo, "no dejan lugar a duda sobre su configuración como elemento común destinado al servicio, uso y disfrute de los titulares de los elementos privativos".
La resolución explica que la propiedad de cada piso o local lleva asociada una participación en los espacios comunes. Estos no necesitan una descripción individual y separada como la que se exige para los inmuebles de propiedad exclusiva.
En este caso, las viviendas y locales ya figuraban inscritos a nombre de terceros distintos de quienes promovieron la construcción. Los herederos de aquellos titulares originales no podían, por tanto, separar unilateralmente una parte del suelo sin el acuerdo unánime de los propietarios de los pisos y locales. La autorización municipal tampoco suplía esa exigencia sino que la segregación debía realizarla quien estuviera legitimado para ello.
En este sentido, se descarta que la referencia al uso y disfrute de los jardines y aparcamientos equivaliera a una reserva de propiedad para los promotores. Así, el terreno no edificado "tiene la consideración de elemento común", por lo que no procede su adjudicación hereditaria en los términos de las escrituras presentadas. Tampoco acepta cancelar el supuesto usufructo, porque no llegó a constituirse registralmente, ni tampoco puede anular las normas de los estatutos sin el consentimiento unánime de la comunidad de propietarios.