"Las autoridades españolas y norteamericanas han identificado Cataluña como el mayor centro mediterráneo de actividad de radicales islamista", señala un informe secreto del ex embajador Eduardo Aguirre fechado en octubre de 2007.
Para el diplomático, "la alta inmigración, legal como ilegal, desde el norte de África (Marruecos, Túnez, Argelia), así como de Pakistán y Bangladesh hace de esta región un imán para reclutar terroristas".
El informe de Aguirre recoge datos de la policía nacional que estiman que en Cataluña viven unos 60.000 paquistaníes, la mayoría hombres, solteros y sin documentación, así como numerosos inmigrantes del norte de África.
"Viven al margen de la sociedad española, no hablan la lengua, a menudo están desempleados y tienen pocos lugares para practicar su religión con dignidad", explica para después concluir que "estas circunstancias proporcionan un terreno fértil para el reclutamiento de terroristas".
Así, considera que "todo unido hace que la amenaza sea clara... Cataluña se ha convertido en la primera base de operaciones para la actividad terrorista".
Con estos datos, el entonces embajador indica que EEUU "necesita saber quién y qué circula a través de área que va desde Argelia, Túnez, Rabat y el sur de Francia" y propone el consulado en Barcelona como "la plataforma ideal para la central, porque tiene suficiente espacio, comunicaciones seguras y buena localización".
Sugiere que el consulado se convierta en una plataforma para una multiagencia que coordine la lucha antiterrorista, el crimen y la información de inteligencia para combatir la creciente amenaza yihadista y las actividades criminales en la región "en colaboración con nuestros anfitriones españoles".
Aguirre aseguró también en uno de sus cables que España es objetivo de la yihad y "un gran centro logístico para los grupos islamistas".
En un informe remitido en septiembre de 2005, contabiliza 300 yihadistas residentes en España y expone "la fuerte rivalidad" entre las fuerzas de seguridad españolas que "bloquea el libre flujo de información entre la guardia civil, la policía nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)".
Un informe secreto de marzo de 2009 recoge las palabras del juez Javier Gómez Bermúdez, quien, según los documentos afirmó que la amenaza es mayor que antes por la irrupción de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Gómez Bermúdez señaló también que "un ataque podría ocurrir cualquier día", aunque destacó las dificultades para llevarlo a cabo por las crecientes medidas de seguridad.
El juez reconoció, según el informe, que "los servicios de seguridad están deteniendo a presuntos yihadistas sin pruebas", por lo que muchos de ellos quedan luego en libertad.
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