¿Los policías y los guardia civiles tendrán también jornada de 35 horas semanales como el resto de funcionarios?
Función Pública tiene un mes, hasta mediados de mayo, para aplicar la reducción de jornada laboral a 35 horas semanales
Los funcionarios que, de momento, no podrán beneficiarse de la jornada laboral de 35 horas que entrará en vigor en abril
La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) ha abierto un escenario de incertidumbre para miles de empleados públicos. Aunque el Gobierno y los sindicatos firmantes —CSIF, CC OO y UGT— presentaron el acuerdo como una medida que beneficiaría a toda la Función Pública, la realidad es que numerosos colectivos han recibido ya comunicaciones internas que los excluyen, al menos temporalmente, de la reducción horaria.
La resolución establece que la nueva jornada, equivalente a 1.533 horas anuales, o 15 días menos de trabajo al año, debe aplicarse a todos los empleados de la AGE, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y a los organismos autónomos, agencias y entidades dependientes. Sin embargo, el propio texto fija un plazo de un mes (hasta el 16 de mayo) para adaptar calendarios y sistemas de control horario, y remite a negociaciones específicas en aquellos ámbitos con regulaciones propias. Ese margen ha permitido que distintos departamentos adviertan a sus plantillas de que la medida no será inmediata o, directamente, no les afecta.
El servicio exterior, primer colectivo excluido
Uno de los casos más significativos es el del personal destinado en el exterior. Funcionarios y laborales de embajadas, consulados y oficinas técnicas han recibido instrucciones internas que confirman que la jornada de 35 horas no se aplicará en su caso. El Ministerio de Asuntos Exteriores argumenta que el personal laboral en el exterior se rige por el acuerdo de 2007, que fija una jornada de 37,5 horas semanales, y que no se prevé modificarlo por ahora.
Según informa el diario La Razón, el colectivo, integrado por unos 7.600 trabajadores —5.100 adscritos al propio Ministerio, 478 a la AECID y cerca de 1.300 procedentes de otros departamentos—, denuncia un “agravio comparativo” y recuerda que forma parte de la misma Administración. Consideran contradictorio que se anuncie una medida de carácter general mientras se mantiene un régimen horario distinto para quienes trabajan fuera del país.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: sin aplicación y sin compensación definida
Otro de los grandes bloques excluidos es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional han sido informadas de que la reducción de jornada no se aplicará a sus efectivos. Las asociaciones profesionales han solicitado que, en aquellos destinos donde las condiciones del servicio impidan beneficiarse de la medida, se establezca una compensación económica por el exceso de horas trabajadas respecto a la nueva referencia de 35 horas.
Guardia Civil y Policía Nacional suman casi 160.000 agentes. Sus representantes temen que la implantación parcial de la medida genere desigualdades internas entre unidades y especialidades, y reclaman un mecanismo que garantice un trato homogéneo. Por ahora, siguen a la espera de una respuesta oficial.
También el personal militar de las Fuerzas Armadas figuraba inicialmente entre los colectivos excluidos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha comunicado a la Unión de Militares de Tropa (UMT) que adaptará su normativa interna para equiparar la jornada a las 35 horas. La modificación afectará a la Orden Defensa 1363/2016, que regula horarios y jornadas en los destinos militares. Las asociaciones profesionales reclaman que estas adaptaciones se produzcan sin retrasos, recordando que en ocasiones anteriores las mejoras laborales de la AGE tardaron años en trasladarse a las Fuerzas Armadas.
Sanidad, Educación y Prisiones: aplicación pendiente de negociación
La resolución del BOE abre la puerta a que la reducción horaria pueda aplicarse al personal de Instituciones Penitenciarias, Sanidad y Educación, pero supedita su implantación a las regulaciones específicas de cada ámbito y a los procesos de negociación derivados del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En la práctica, esto significa que estos colectivos no verán cambios inmediatos.
En el caso sanitario, los sindicatos advierten de que la reducción de jornada solo será viable si se acompaña de un aumento de plantillas. En áreas como hospitalización, urgencias o UCI, alertan de que aplicar las 35 horas sin refuerzos implicaría más pacientes por profesional y un incremento de la presión asistencial.
La reducción de jornada tampoco es obligatoria para las entidades locales ni para las comunidades autónomas. Cada administración deberá negociar su implantación. En los ayuntamientos, casi la mitad no aplica aún las 35 horas. En el ámbito autonómico, seis de las 17 comunidades no han legislado todavía para incorporarlas, aunque la mayoría ha anunciado que lo hará.
También se quedan fuera de la reducción hasta las 35 horas semanales los empleados públicos con dedicación especial como suelen ser asesores, jefes y puestos de responsabilidad que requieren más tiempo de trabajo y disponibilidad, según informa 20 Minutos.
Ante este panorama, CSIF ha reclamado la aplicación inmediata de la jornada de 35 horas en todos los ámbitos del sector público y ha advertido de que emprenderá acciones legales si no se garantiza su extensión a todos los colectivos con derecho a ella. El sindicato insiste en que la medida debe aplicarse también en empresas públicas, ayuntamientos y servicio exterior.